Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba por segunda vez la viruela de los monos como “emergencia de salud pública de importancia internacional” (PHEIC, por sus siglas en inglés). Se trata de la octava vez que se recurría a esta figura desde su creación en 2005 —ébola, gripe A y COVID-19 son las más conocidas—. Sin embargo, en los últimos años estos anuncios han despertado críticas entre los expertos por su falta de transparencia y las dudas acerca de su eficacia. ¿Conseguirá la declaración de 2024 lo que no logró la de 2022?
En estos últimos días muchas personas preguntaban, con más o menos sorna, si iba a empezar una nueva pandemia. La realidad es que el término “pandemia” es algo vago que no está recogido por la legislación sanitaria internacional, pero la viruela de los monos cumpliría cualquier definición que queramos darle desde, al menos, 2022. Sin embargo, conforme los países desarrollados controlaron la situación, también se olvidaron de la existencia de este virus.
“[La PHEIC] ha terminado sin cambios significativos: en un mundo post-PHEIC las probabilidades de otra emergencia idéntica son igual de altas”, avisaba un artículo publicado en junio de 2023 en la revista BMJ. “En cierto sentido, se trata de algo habitual: estas decisiones son típicas de la evolución epidemiológica de un brote y, lo que es más cínico, del ciclo de pánico y negligencia que define la sanidad mundial”.
Una declaración que solo implica recomendaciones
Para saber si una PHEIC sirve de algo primero hay que entender qué es. Su definición está recogida en el Reglamento Sanitario Internacional (IHR, por sus siglas en inglés) de 2005. Según él, se trata de “un acontecimiento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.
Esta definición implica tres puntos que debe cumplir una enfermedad para poder declararse. En primer lugar, la situación debe ser “grave, repentina, inusual o inesperada”. En segundo, debe conllevar “implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado”. En tercero, “puede requerir una acción internacional inmediata”.
La viruela de los monos cumpliría estos puntos sin lugar a duda. Pero ¿qué implica la declaración? Con ella la OMS tan solo puede emitir recomendaciones temporales sobre lo que los países deben hacer para prevenir la propagación y responder al brote. En otras palabras, no hay obligación alguna a la hora de apoyar económicamente a los estados afectados ni de donar recursos como vacunas. Las llamadas a la equidad y la solidaridad son solo eso si nos atenemos al Reglamento Sanitario Internacional.
“Temo que la PHEIC no hará mucha diferencia, y las anteriores no han generado un cambio significativo, solo retórica. Obviamente, me encantaría estar equivocada”. Son palabras de la investigadora en políticas de salud global de la Escuela de Economía de Londres (Reino Unido) Clare Wenham, autora de un libro sobre estas emergencia sanitarias, tras el anuncio de la OMS de esta semana.
Un estudio publicado por Wenham en The Lancet este mismo año mostró que solo el 16% de 48 países analizados incluía el concepto de emergencia sanitaria en su legislación nacional. “No podemos concluir que la determinación de una PHEIC o la declaración de pandemia tenga alguna consecuencia legal significativa” a nivel nacional, escribían los autores.
Esta falta de obligaciones hace que la salud global dependa de la solidaridad y la buena voluntad de los países. Como resultado, no es de extrañar que África solo cuente con algo más de 200.000 de los 10 millones de dosis de vacuna que necesita para gestionar los brotes de viruela símica actuales, que las vacunas prometidas durante la PHEIC de 2022 apenas llegaran y que los casos no hayan dejado de aumentar en el continente en los últimos dos años mientras los países ricos se olvidaban de este virus.
“A pesar de las promesas hechas el año pasado por los países ricos, los países africanos aún no han recibido ninguna vacuna contra la viruela símica”, aseguraba la Alianza para la Vacunación (GAVI) en junio de 2023, un mes después de que la OMS pusiera fin a la primera emergencia. “En mayo de 2023, Estados Unidos había vacunado a 1,2 millones de personas. Se permitió que veinte millones de dosis caducaran y se tiraran sin compartirlas con otras naciones”, continuaba el texto.
Hoy el escenario podría ser muy similar, por mucho que las donaciones de vacunas no sean tan sencillas como parece debido a factores como la gestión, almacenamiento, inoculación y aceptación de las dosis. “Si las grandes declaraciones se quedan en meras palabras, no supondrán ninguna diferencia material”, explicaba el experto en viruela de los monos del Instituto Pasteur de Bangui ( República Centroafricana) Emmanuel Nakoune, en un artículo reciente de Reuters en el que se avisaba de que las vacunas podrían tardar “meses” en llegar al continente.
Esto no significa que declarar la emergencia haya sido una decisión incorrecta. “Creo que ha sido un acierto y que servirá para impulsar una respuesta coordinada”, asegura a elDiario.es la directora del Centro de Ciencias de la Salud y Seguridad Mundial de la Universidad de Georgetown (EEUU), Rebecca Katz. “Creo que podría ser una oportunidad para que la comunidad mundial haga operativa la equidad y descubra realmente cómo hacer llegar las contramedidas médicas a las poblaciones que más las necesitan. Sin embargo, no sé si realmente ocurrirá”.
Los países no pueden discriminar tras la declaración, pero lo hacen
La declaración de PHEIC no obliga a los estados miembros a tomar acciones como donar recursos o ayudar económicamente a los países afectados. Sin embargo, el Reglamento Sanitario Internacional sí requiere que los países respeten los derechos humanos y no discriminen a la hora de implementar medidas en caso de emergencia. Así, si los estados se desvían de las recomendaciones de la OMS e imponen restricciones que interfieran con los viajes internacionales deben dar explicaciones.
En la práctica, las declaraciones anteriores han mostrado que esto no se cumple. “Las declaraciones pueden tener consecuencias imprevistas, como el cierre de fronteras y el acaparamiento de recursos, aunque esto se haga a menudo en contra de las orientaciones de la OMS”, explica Katz. “Aún queda mucho por hacer para comprender mejor las respuestas políticas, sociales y económicas a las distintas emergencias de salud pública, incluso después de la pandemia”.
“Habiendo observado la covid-19 y epidemias anteriores, tenemos motivos para preocuparnos de que los países de renta alta vuelvan a cometer los mismos errores, desde el acaparamiento de vacunas hasta las prohibiciones injustas de viajar y el racismo”, escribía el antiguo director general de los CDC de Nigeria en un artículo publicado en la revista BMJ esta semana. “Nos preocupa que el resto del mundo recurra una vez más a la caridad performativa y no actúe en auténtica solidaridad con África”.
Qué implica de facto la declaración de una PHEIC no ha sido estudiado. Tampoco su posible impacto social fuera de los países afectados. En 2022 se viralizó en todo el mundo la fotografía de un supuesto paciente infectado por viruela de los monos que viajaba por el metro de Madrid y que, en realidad, tenía neurofibromatosis.
Otra crítica a las PHEIC está en su falta de transparencia: la interpretación de los criterios que llevan a su declaración, las contradicciones y la opacidad de los comités que deciden sobre el asunto ha llevado a los investigadores a solicitar que se comparta la información sobre cómo se toman estas decisiones y por qué algunos brotes constituyen una emergencia sanitaria y otros no.
Hacia un tratado de pandemias
La parálisis en el llamado tratado de pandemias no ofrece grandes esperanzas de cambiar las cosas a corto plazo. Sin embargo, las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional de 2005 aprobadas este año sí incluyen una mención específica al acceso y la equidad, pero todavía no han entrado en vigor y está por ver el efecto real que pueda tener.
“El nuevo acuerdo aún se está negociando y las enmiendas al IHR no entrarán en vigor hasta dentro de un año, pero los virus no esperan a los diplomáticos”, dice Katz. “Seguiremos enfrentándonos a amenazas biológicas y necesitamos evolucionar continuamente para averiguar qué herramientas de gobernanza funcionan mejor”.
Mientras tanto, el ciclo parece repetirse ante los casos importados del nuevo clado de viruela de los monos. Pese a que la enfermedad no desapareció del todo en países como España —con unos 200 casos detectados en 2023—, la comunicación de la nueva PHEIC se ha centrado en una nueva variante cuya supuesta mayor gravedad no está confirmada.
“Hay afirmaciones bastante grandes en los medios para las que las pruebas son limitadas, tanto sobre la gravedad como sobre la transmisibilidad del nuevo sublinaje Ib”, aclaraba esta semana la investigadora de la Universidad de Rotterdam Marion Koopmans. Esta percepción podría deberse al contexto de vulnerabilidad en el que se están produciendo los contagios, muchos de los cuales están afectando a niños pequeños.