El sistema para regalar másteres en la universidad pública quedará impune tras el archivo del caso
Una persona no autorizada entró en el sistema de notas de la universidad pública Rey Juan Carlos y cambió dos “no presentado” por dos “notable” a la ilustre alumna Cristina Cifuentes. Durante ese mismo curso académico, alguien le cambió a la exministra Carmen Montón un “no presentado” por un “aprobado” pese a que las actas estaban cerradas. Dos años antes, Pablo Casado se sacó el título sin conocer a sus profesores, sin ir a clase en un posgrado presencial y sin hacer exámenes. Ese mismo curso, su compañera y alumna María Dolores Cancio obtuvo el máster sin hacer nada porque así se lo indicó el propio director del máster, tal y como ella misma confesó ante una jueza.
Todos estos hechos confirmados, y otros más, quedarán sin investigar judicialmente, ya que la magistrada de instrucción Carmen Rodríguez Medel ha archivado el caso Máster que afectaba a Casado, Cifuentes y, previsiblemente, lo hará con el caso Montón una vez reciba la documentación solicitada a la universidad. A menos que la Fiscalía o las acusaciones recurran la decisión o lo reabra la Audiencia Provincial, el peor caso de corrupción universitaria conocido en España no tendrá ninguna consecuencia judicial para los profesores implicados, el director del máster ni los alumnos que se beneficiaron. El Supremo había rechazado días antes investigar a Casado aunque vio “indicios de trato de favor” y, según el criterio de la jueza de instrucción, eso impide seguir investigando a otros alumnos. También archiva la parte que afectaba a los profesores o el director.
Ahora solo sigue su camino la investigación relativa a quién ordenó la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster que la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró en redes sociales. Quién la hizo o la instigó. En esa pieza quedan como imputados Cifuentes, su exasesora Teresa Feito, el director del máster y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. También continúa la investigación por posible malversación en el Instituto de Derecho Público (IDP) en el juzgado 30 de instrucción de Madrid. Y en el 29, la causa contra un profesor universitario y dos periodistas de eldiario.es por “revelación de secretos”. A esas tres piezas concretas se reduce el caso de un presunto sistema corrupto que regalaba títulos a alumnos “escogidos”, como relató la jueza Medel en su escrito razonado al Supremo, al menos desde 2008.
Aunque el sistema arbitrario de dación de posgrados no se investigará (salvo reapertura), durante el trabajo de instrucción de Medel se han ido confirmando con testimonios y documentos los mecanismos para, bajo el paraguas de una institución pública, beneficiar a unos alumnos sobre otros.
Queda acreditado que el instituto (creado hace 13 años y hoy cerrado por indicios de malversación y corrupción académica) hizo y deshizo sin control, impartiendo titulaciones oficiales y propias y eligiendo alumnos VIP para “regalarles el título a modo de prebenda o dádiva”, según Medel, pese a que no siguieron el recorrido de mérito académico necesario para conseguirlo que sí hicieron otros estudiantes en esos mismos cursos.
Tal y como explicaron ante la jueza algunos de esos alumnos “ordinarios”, los que sí iban a clase y se examinaban, a ellos nunca les ofrecieron convalidaciones, conservaban correos con entrega y corrección de trabajos y nunca supieron que se podía no asistir a clase o cambiar exámenes por trabajos académicos. Gracias a la instrucción se conoció la historia de uno de los compañeros de Casado, que trabajaba por la mañana y comía un bocadillo en el tren para llegar puntual porque para él el posgrado sí era presencial: “Todo mi tiempo disponible lo dediqué al máster”, contaba a eldiario.es.
Los otros alumnos, los “escogidos”, tenían un recorrido distinto que, aunque previsiblemente quedará impune, era un modus operandi repetido en el IDP. Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” según el escrito de Medel, organizaba en su instituto opaco con CIF propio y autonomía total los posgrados que consideraba. No solo de derecho, también los había de sexualidad, policiales o de terapia de pareja. Los recursos para gestionar matrículas y otros gastos corrían de parte de la Universidad Rey Juan Carlos de la que dependía, y él ingresaba las matrículas, organizaba los cursos y conseguía los alumnos.
Cuantos más alumnos, más dinero, de hecho el Instituto engordaba la lista de estudiantes para aumentar su beneficio. Ante la jueza declararon alumnos que ni siquiera sabían que habían aprobado, que en algún momento se matricularon y que desistieron. Sin embargo, en el IDP se encontraron documentos que los reflejaban como alumnos activos, incluso como si hubieran presentado TFM que ni siquiera ellos mismos reconocen. Algunos compañeros de Cifuentes, como el exconcejal Pedro Calvo, mostraron su sorpresa tras ver sus notas aprobadas: “no hice ni el huevo”, confesó este político del PP a la salida del juzgado. Pese a eso, en su expediente constan materias aprobadas que, si nadie lo remedia, seguirán aprobadas.
Los profesores de estos másteres de Álvarez Conde cobraban en torno a 100 euros la hora y dirigir los Trabajos Fin de Máster reportaba unos 200 euros al docente. Los profesores los elegía Enrique Álvarez Conde y entre ellos casi siempre estaban las tres profesoras que firmaban el acta del trabajo de Cifuentes. También repetía como profesor Pablo Chico de la Cámara y se contrataba a la pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, profesora en la Universidad de Elche y secretaria del tribunal también de la dudosa tesis de Francisco Camps.
Una vez organizado el curso y conseguidos los alumnos ordinarios (algunos con subvención pública), era también Álvarez Conde quien decidía qué estudiantes iban a acceder al carril rápido: “Solo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”, dice la jueza. Por ejemplo, Cristina Cifuentes y Carmen Montón pudieron empezar en el máster con el curso a medias y pudieron no asistir a clase. Ambas tienen misteriosas convalidaciones que no pidieron y que podrían haber servido como sistema para camuflar aprobados sin mérito académico. Ambas tienen en sus expedientes manipulaciones de nota fuera de plazo. Ese fue presuntamente uno de los sistemas para aprobar a los alumnos elegidos: cambio directo de notas con las actas ya cerradas. Algunos profesores lo denunciaron ante la jueza y señalaron que no reconocen esas notas puestas en sus documentos de calificación.
Pablo Casado, que no tiene manipulación de expediente, sí tiene 18 de 22 asignaturas convalidadas porque había estudiado previamente una carrera, como todos sus compañeros de clase “corrientes” que, sin embargo, declararon no haber podido acceder a ninguna convalidación ya que nadie les informó de esa posibilidad. Con estas convalidaciones masivas, los VIP del año Casado se quitaban buena parte de las materias a estudiar. Es el caso del presidente del PP y de otras tres alumnas que fueron imputadas y que ya no lo están. Una de ellas, María Dolores Cancio, becaria del IDP en el momento en el que cursó el máster, confesó ante la jueza que su entonces jefe, Álvarez Conde, la instó a matricularse pero le dio instrucciones para que no hiciera absolutamente nada. Esta alumna también está desimputada pese a la confesión. Otra era hija de una amiga de Conde y, la tercera, un cargo de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps.
El sistema de Álvarez Conde tenía otras maneras facilitar los títulos a sus alumnos elegidos según se desprende de los escritos de la jueza. Por ejemplo, sustituir los exámenes por trabajos, que se destruyen en la universidad normalmente a los cinco años, así que no queda rastro de prueba y la jueza ha tenido que contar con la buena voluntad o no de los alumnos para aportarlos. Cifuentes había perdido su TFM en una mudanza, Carmen Montón no tenía guardados ni los trabajos ni los correos hablando de los trabajos (en su año académico, ninguna alumna hizo exámenes, pero muchas sí conservan los trabajos en sus correos), Pablo Casado enseñó la tapa de sus cuatro tareas académicas y ya ha declarado que no las va a aportar a la opinión pública. Todos hicieron lo que se les pidió, según sus propias explicaciones. De las tres compañeras del presidente del PP, dos dicen que hicieron esos trabajos, que no los conservan y que los entregaron en mano y por eso no tienen rastro electrónico de ellos. Cancio sin embargo confesó que esos trabajos no existen simplemente porque Álvarez Conde le dijo que no hacía falta siquiera hacerlos.
El Instituto, una empresa opaca cuyo director tenía además una empresa privada que la URJC nunca investigó, iba impulsando así los expedientes de sus alumnos favoritos, a quienes los alumnos regulares nunca vieron por clase e incluso otros se enteraron de que eran compañeros de curso por la prensa. Además de los más conocidos, Medel ha investigado a otros estudiantes, como Álvaro Morente, del que también constaban cambios sospechosos de nota y aparecía en la lista de 10 alumnos convalidados con firmas falsas. Ahora ya no hay ningún alumno ni profesor imputado. Ni siquiera Álvarez Conde lo está por construir este sistema de dos velocidades, según acredita Medel.
Una vez aprobados los másteres, de 60 créditos ECTS que equivalen a 1.500 horas de estudio y trabajo académicos, llegaba el momento de la recogida de los títulos, que también tiene anomalías en el caso de algunos alumnos ilustres. Casado ni siquiera lo recogió porque, según él, no lo iba a utilizar. El que recogió Carmen Montón tenía una fecha anómala, el año 2012, cuando ella supuestamente había acabado en 2011, algo que ni la ministra pudo explicar. Cristina Cifuentes intentó que el suyo lo recogiera la misma funcionaria que le cambió las notas, Amalia Calonge, aunque finalmente tuvo que ir en persona porque no había hecho el preceptivo poder notarial. Según el relato de la expresidenta, es al ir a recoger el título en 2014 cuando se dan cuenta de que hay un “error en la transcripción de las notas”, la primera explicación de la URJC, una coartada que quedó desacreditada cuando la profesora Alicia López de los Mozos confesó que todo había sido un montaje y que no había habido ningún tribunal de Trabajo Fin de Máster ni ningún error por tanto.
Aunque el sistema para dar títulos a personas escogidas mientras otras estudiaban ha sido confesado y relatado, y las irregularidades han sido avaladas con documentos y la propia intranet de la URJC, a no ser que se reabra el caso por petición de Fiscalía o las acusaciones particulares, el caso Máster y los posibles delitos que en él concurrieron quedarán impunes tras el cierre de la causa y la desimputación de 19 personas, incluyendo el “urdidor”, profesores y los políticos, amigos y conocidos que se vieron beneficiados por este sistema de favor en esta universidad pública española.
