Caren (nombre ficticio) tenía 28 años cuando se atrevió a denunciar a su pareja. Obtuvo una orden de protección tras la primera vista y poco tiempo después acudió a una comisaría para informarse de las medidas que contemplaba ese plan de seguridad. La policía, contraviniendo la Ley de Extranjería, la detuvo por estar en situación irregular en España. Se le abrió un procedimiento de expulsión y, a los tres días y sin permitirle contactar con su familia, fue obligada a tomar un avión con destino Ecuador, su país natal.
Sucedió en 2012 y es un caso documentado por Amnistía Internacional en el informe '¿Qué justicia especializada?', donde la organización denuncia la descoordinación entre las abogadas asignadas a Caren: la de violencia de género y la de extranjería. En el procedimiento de expulsión no hay ni rastro de la orden de protección, un motivo suficiente para paralizar el proceso.
Esta irregularidad, como tantas otras que recoge Amnistía, introducen ruido y confusión sobre los derechos de las mujeres migrantes sin residencia legal que son víctimas de violencia machista. “El miedo planea por encima de todo. A los temores que enfrentan las mujeres a la hora de romper con la violencia se suma el miedo al ”qué me va a pasar“, a ser expulsadas”, explica Lorein Aragón, psicóloga y responsable del Área de Salud de la Federación de Mujeres Progresistas. Y los maltratadores, añade, “abusan mucho de esa situación administrativa desfavorable para seguir ejerciendo su dominación”.
Hasta 2011, cuando una mujer sin papeles acudía a denunciar a dependencias policiales, independientemente del delito, se abría de forma automática un proceso de expulsión. Fue una instrucción aprobada por Interior en los primeros 2000 que se convirtió en norma en 2009. Dos años después, el Gobierno socialista, en sus últimos coletazos, modificó el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería: ya no es posible abrir un expediente si la víctima está en situación irregular y, si ese procedimiento ya está en curso, queda en suspenso.
La doble discriminación
El capítulo que sigue a la denuncia es el primer juicio, el que determina si a la víctima se le concede o no una orden de protección. “La orden es el título habilitante para poder entrar en el sistema, sin ella estás fuera”, afirma Claudia Martínez, abogada del servicio de sensibilización y acompañamiento de la asociación Rumiñahui.
La letrada cuenta, sobre la base de su práctica profesional, cómo las mujeres sin residencia legal están salpicadas por muchos estereotipos que ciernen sobre ellas la sospecha. “Los jueces y los fiscales se olvidan de que una víctima extranjera carga con una doble discriminación. Rara vez valoran su historia vital, la mochila que cargan desde su país de origen. Todo el proceso penal es muy penoso y pocas llegan hasta el final”, señala.
Amnistía Internacional ha documentado las experiencias de mujeres que han sido acusadas de instrumentalizar su condición de víctima para obtener la autorización de residencia. Le pasó a Raquel (nombre ficticio), una mujer dominicana a la que solo diez minutos antes de entrar al juicio su abogada le dijo: “Tú no tienes cara de maltratada, ¿qué quieres? ¿los papeles?”.“Estos episodios suceden, sobre todo, cuando no hay una violencia física evidente. Y son simplemente prejuicios, prejuicios que hacen mucho daño y que impiden la igualdad en el acceso a los sistemas de protección a las mujeres en situación irregular”, denuncia Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional.
Las mujeres beneficiarias de una orden de protección pueden solicitar un permiso temporal de residencia y trabajo para regularizar su situación. Esta autorización se concede provisionalmente hasta la fecha del juicio, un proceso que puede alargarse años. Si la sentencia es condenatoria, el permiso se prolonga durante cinco años sin necesidad de renovación y, tras ese periodo, se concede el definitivo, de larga duración. “Este tipo de residencia tiene unas condiciones especiales para facilitar la integración de las víctimas de violencia de género, y eso es un avance importante”, resume Álvarez.
En lo que llevamos de año, se han concedido 1.307 permisos de este tipo, según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Una cifra que, hasta que no acabe 2015, no puede compararse con los totales de años anteriores. No obstante, sí parece haber una tendencia decreciente desde el pico máximo en 2012, cuando se asignaron 1.874 autorizaciones. Un año después, la cifra descendió a 1.418; y aún más al siguiente, con 1.328 concesiones.
Por qué renuncian más a continuar con el proceso
El último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con motivo del décimo aniversario de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género constata que “entre las mujeres extranjeras el fenómeno de la violencia machista es mucho más grave”: presentan un número de denuncias por cada 10.000 mujeres que multiplica por cuatro (196) al contabilizado entre las denunciantes con nacionalidad española (49). Estos datos solo están disponibles desde 2011, cuando comenzó a hacerse el desglose según el país de origen.
De las 48 víctimas mortales contabilizadas por el Ministerio de Sanidad este año (hay que recordar que solo se incluyen en esta estadística oficial los asesinatos en el marco de una relación sentimental), 17 tenían nacionalidad extranjera. Ni esta cartera ni tampoco Interior confirman cuántas de ellas estaban en situación administrativa irregular.
El informe del CGPJ también arroja otro dato, y es que la renuncia a continuar con el proceso judicial es cinco veces más frecuente en mujeres que no son nacionales. “Muchas de ellas, especialmente las que no tienen residencia legal, sufren una situación de aislamiento, una sensación de que están solas frente a todo”, explica la psicóloga Lorein Aragón. Por eso, subraya, es muy importante “generar redes de apoyo positivo”.
El programa de salud que dirige Aragón está enfocado a crear esos lazos a través de sesiones grupales todos los martes. “En estas reuniones, tirando un poco del hilo, hemos detectado varios casos de violencia machista. Me acuerdo de una mujer de origen ruso, de avanzada edad, que empezó a venir. No hablaba apenas el idioma, le costaba seguir las sesiones, pero continuaba acudiendo martes tras martes. Un día me dijo que quería hablar conmigo a solas y, después de varias conversaciones, descubrí que estaba ante un caso de violencia sexual muy grave. Fue un grito de auxilio”, recuerda la psicóloga.
Al final de otro taller, cuenta, una mujer colombiana de 81 años se sinceró con ella: “Siempre me habían tratado así y yo no sabía que me podían someter de este modo”.
El decreto 16/2012, aprobado en la etapa de Ana Mato como ministra de Sanidad, recortó los derechos de atención médica a las personas sin residencia legal en España. Esta discriminación, además de consecuencias obvias sobre la salud de los inmigrantes -que solo podían acudían a urgencias-, “ha tenido efectos fatales para la detección de la violencia de género y ha creado muchas inseguridades”.
Así lo constata Lorein Aragón, que ve a diario cómo las usuarias del programa de salud que coordina no tienen claro si pueden ir o no al médico de cabecera. “No saben que ahora en algunas comunidades sí tienen derecho a atención primaria. En general, les da miedo abusar del sistema por si la administración se lo tiene en cuenta para perjudicarlas”, explica la psicóloga.
A finales de marzo de este año, el actual responsable de la cartera de Sanidad, Alfonso Alonso, prometió que su gobierno devolvería a los inmigrantes en situación irregular la asistencia en Atención Primaria. Ocho meses después, no hay una postura definitiva por parte del Ejecutivo de Rajoy y la atención depende de las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, el acceso ha estado restringido durante más de tres años hasta la puesta en marcha de una tarjeta especial que ampara la atención primaria y especializada.
Las consultas médicas, asegura Aragón, son un filtro importante para la detección. “Yo me encuentro en muchos casos lo que podría encontrarse al otro lado de la puerta de una sala de atención primaria: un sentimiento de malestar que no saben reconocer y que no asocian a la situación de maltrato porque no son capaces de poner nombre a lo que les ocurre. Es necesario sensibilizar al personal sociosanitario. Hay mucho en juego”.