El Partido Popular no solo ha decidido utilizar como ariete electoral la tergiversación de las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la producción de carne sino que, ahora, asegura por varias vías que “las macrogranjas no existen”. Tanto su portavoz parlamentaria Milagros Marcos como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este argumentario hablando de ellas como una invención, “una cortina de humo”.
Macrogranja no es una categoría oficial. El término se refiere a explotaciones grandes de ganadería intensiva. “La palabra la tomamos prestada de los movimientos vecinales que veían desaparecer las granjas tradicionales, sustituidas por explotaciones cada vez más grandes capaces de producir muchos animales en espacios limitados”, cuenta Luis Ferreirim, de Greenpeace.
El Ministerio de Agricultura divide las explotaciones ganaderas en grupos según su capacidad: grupo I, grupo II y grupo III. Esa capacidad se mide en Unidades Ganaderas Mayores. No todos los animales cuentan lo mismo. La traducción de equivalencias que realiza el Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura para el caso de los cerdos dice que las granjas del grupo I admiten 350 animales para cebar, las del Grupo II hasta 2.000 más 200 hembras reproductoras y las del grupo III 5.500 ejemplares engordando y 750 hembras. La normativa admite que se incremente en un 20% estas dimensiones con una autorización autonómica.
¿A partir de cuánto llamarlas macrogranjas?
La diputada del PP Milagros Marcos ha elegido personalmente la cantidad de 10.000 cabezas para hablar de macrogranjas. En realidad, el único criterio oficial que puede aplicarse es el que obliga a las explotaciones a reportar cuánto contaminan a partir de cierto tamaño. Están obligadas a registrar sus emisiones de metano o amoniaco todas las granjas intensivas con 2.000 cerdos de más de 30 kg o 750 hembras reproductoras. En virtud de su dimensión, la normativa les requiere informar sobre cuáles son sus niveles de contaminación al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) del Ministerio de Transición Ecológica. En 2020 había 3.233 instalaciones activas de este tipo.
No son granjas sino fábricas. Fabrican comida, que no alimento, para comercializarla: cada vez hay más animales y menos granjas, lo cual, inequívocamente, implica que la producción está cada vez más concentrada"
“Lo más importante no es el tamaño de las explotaciones individuales, sino del modelo industrial: hay municipios, comarcas con decenas de explotaciones industriales que quizás no se considerarían macro pero que, juntas, concentradas en superficie, tienen el mismo impacto que una sola grande”, explica la portavoz de Ecologistas en Acción, Elisa Oteros. “No son granjas, sino fábricas. Fabrican comida, que no alimento, para comercializarla: cada vez hay más animales y menos granjas, lo cual, inequívocamente, implica que la producción está cada vez más concentrada”, dice.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha admitido este martes en Onda Cero que las “desafortunadas” palabras de Garzón han sido “manipuladas”. Y luego ha abundado en que “hay una confusión entre ganadería intensiva y extensiva. Aquí no hay conflicto, hay diversidad. España es potencia ganadera. (...) Y luego hay una confusión entre la identificación de la ganadería intensiva con las macrogranjas”.
En contra de lo que han dicho los dirigentes del Partido Popular, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) –que llegaron a pedir la dimisión de Alberto Garzón al comienzo de esta polémica– sí ha admitido el concepto de macrogranjas. Y las ha criticado con dureza al achacar a este modelo “daño ambiental”, “productos de peor calidad” y empleo pobre, como dejaron por escrito en 2018 al solicitar en Bruselas “la prohibición de las macrogranjas”. La UPA insistió en noviembre de ese año que los eurodiputados tenían que “liberar a Europa de esta amenaza” porque “las mega explotaciones ganaderas no están integradas en el entorno natural, como sí lo están las pequeñas y medianas explotaciones familiares, por no hablar del peor nivel que tienen en cuanto a bienestar animal”.
Foco de contaminación: metano, amoniaco y el agua
Aunque no sea la primera idea que viene a la cabeza, la actividad agroganadera emite gases de efecto invernadero a la atmósfera (causa del cambio climático). En España, este sector lanzó 38.263 kilotoneladas (kt) de estos gases en 2020: el 14% del total, según el Inventario Nacional del Ministerio de Transición Ecológica.
El principal gas causado por la agricultura y la ganadería es el metano (CH4). Este compuesto dura activo en la atmósfera una media de diez años, mucho menos que el dióxido de carbono, pero durante su vida absorbe mucha más energía, es decir, mucho más calor. Es más potente, a pesar de que actúa menos tiempo, mientras el CO2 puede seguir incrementando la temperatura global miles de años.
La Unión de Pequeños Agricultores, que pidió la dimisión de Garzón al comienzo de esta polémica, pidió en 2018 a la UE "la prohibición de las macrogranjas" al achacar a este modelo "daño ambiental", "productos de peor calidad" y empleo pobre
España emitió 23.600 kt de metano en 2020. Unas 16.000 de ellas vienen de la fermentación entérica del ganado (un subproducto de su digestión) y otras 7.175 kt del manejo de estiércol. Dos de cada tres toneladas de gases invernadero del sector agrícola español son metano. Casi todo ese gas (el 98%) proviene directa o indirectamente del ganado.
Otro tóxico que produce la ganadería, sobre todo intensiva y a gran escala, mediante la degradación de desechos es el amoniaco. Un “gas incoloro de olor penetrante, fácilmente soluble en agua y evaporable”, según lo define el Registro de Emisiones Contaminantes (PRTR).
España incumple desde 2010 los techos de emisión de amoniaco comprometidos con la Unión Europea. El año pasado lanzó 483 kilotoneladas, por encima de las 467 que marca el umbral máximo en vigor desde 2020. Las macrogranjas de porcino supusieron el 8% de todo ese amoniaco. Estas grandes instalaciones vieron cómo el curso pasado creció un 8% sus emisiones de metano y un 3,4% las de amoniaco, según los datos introducidos en el PRTR.
Por último, los nitratos de los desechos ganaderos y agrícolas han afectado al 40% de los acuíferos españoles. Esta contaminación difusa que daña las aguas se ha convertido en un “problema estructural” en España, según analizó la Comisión Europea en 2019 al comprobar cómo estaban los Estados aplicando la directiva de Agua. Tras los avisos que impone el proceso sancionador europeo, Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia por no haber solucionado este asunto. El Gobierno ha admitido en sus informes que más de la mitad de los puntos afectados no podrán estar recuperados en el tiempo indicado por la ley.
“El problema es más bien el modelo del que las macrogranjas son el máximo exponente: instalaciones muy mecanizadas con gran capacidad de producción en espacio reducido. Una ganadería sin tierra que depende totalmente de los insumos externos (agua y alimento) y que genera muchas emisiones y residuos”, concluye Ferreirim.
Problema reconocido: decreto porcino, avícola y futuro para vacas
El problema ambiental de contaminación del aire y el agua que supone la producción industrial de carne es algo conocido. El Gobierno ha regulado hasta el momento en sendos decretos las normas básicas para las explotaciones de cerdo (en febrero de 2020) y de aves (en julio de 2021). Además, los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Aragón, Catalunya y Navarra han regulado –o anunciado que lo harán– el sector para limitar o prohibir la implantación de explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño, es decir, macrogranjas.
En ambas normas estatales hay apartados específicos para el manejo del estiércol y la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera que, admiten los textos, “se ha convertido en uno de los principales problemas a escala mundial”. Nitratos y amoniaco encabezan las preocupaciones del sector ganadero.
Para las granjas de porcino, los requisitos encaminados a rebajar esas emisiones entrarán en vigor en enero de 2023. Para las explotaciones avícolas, serán obligatorias en 2024 si obligan a modificar estructuralmente la instalación. Si no, se exigirán en enero de 2023.
Queda la tercera pata: las granjas bovinas. El decreto está ahora en elaboración. En el actual Registro de Emisiones Contaminantes solo tienen obligación de reportar sus niveles de metano o amoniaco las granjas avícolas y porcinas. Las de vacas, por el momento, están exentas.