“Josefina, la fiebre se va poco a poco y estoy mejor. Manda hoy mismo otra caja de inyecciones BISEPTISEN. No eches nada a la sustancia. El primer día me gustó, solo que estaba muy espesa. Da besos a Manolillo. Miguel”. En un trozo de papel higiénico al que le falta una esquina, en lápiz y sin fecha, escribió Miguel Hernández por última vez a su mujer Josefina Manresa y su hijo, que entonces tenía tres años y había nacido estando él encerrado en la cárcel de Alicante. Había sido condenado a prisión por defender ideas republicanas y allí moriría en la madrugada del 28 de marzo de 1942 de una tuberculosis. En su tumba, donde sus restos reposan con los de su esposa y su hijo, la piedra reza: Miguel Hernández. Poeta.
Dos fueron los procedimientos sumarísimos de urgencia que se instruyeron de forma simultánea contra él tras ser detenido en abril de 1939, recién finalizada la Guerra Civil. El primero, el 21001, seguido en Madrid, fue el que acabó en condena: “Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert, como autor de un delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte”, dictó el consejo de guerra. El castigo sería conmutado después por 30 años de cárcel que nunca llegaría a cumplir. El segundo sumario, el 4407, fue abierto en Orihuela, su ciudad natal, pero no se cerró hasta que un funcionario avisó de que el encausado ya había fallecido hacía meses.
La figura del poeta ocupa desde hace semanas la actualidad a cuenta de las peticiones de anulación de sus condenas. Varios ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han tramitado mociones en este sentido con votos dispares del Partido Popular dependiendo de sus alianzas con Vox, y la Generalitat valenciana ha impulsado una declaración institucional sin mencionar ni el golpe de Estado ni la dictadura. Según el president Carlos Mazón (PP), su objetivo es “sumar su voz” a la reclamación de la familia del poeta oriolano para que el Gobierno apruebe una declaración de reparación para Hernández e invalide sus sumarios.
“No se puede dar de lado que, si lo dejan morir, no es porque haga un soneto perfecto, sino por sus ideales, sus valores a favor de la libertad y la República. Eso no se puede separar de su obra”, afirma el investigador hernandiano Joan Pamiés, que fue portavoz de la familia hasta 1997 a instancias de Josefina Manresa y ha impulsado la petición, apoyado por los descendientes del poeta. Estos llevan años intentando que se declare la nulidad de su condena, para lo que iniciaron un proceso judicial en 2010 que frenaron los tribunales.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explican que todas las condenas de los represaliados del franquismo ya están anuladas en virtud de la Ley de Memoria de 2022. Esta declara “la ilegalidad e ilegitimidad” de los tribunales franquistas y las condenas y sanciones que de ellos emanaron “por motivos políticos o ideológicos” contra quienes “defendieron” la democracia. “Se declaran ilegítimas y nulas por vicios de forma y fondo”, mantiene la norma, que apunta a que esto puede dar lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.
"Son sumarios incorrectos e irregulares contra personas que no habían cometido ningún delito, solo defender el orden legal establecido. La razón de por qué lo dejan morir en lo que llamamos un asesinato por omisión es su antifascismo"
Esta es la que recibirá la familia de Miguel Hernández el próximo 31 de octubre, día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura, en un acto en el que se reparará a una veintena de represaliados. Será un reconocimiento oficial y público de que los procesos que los condenaron fueron injustos y antidemocráticos. “Son sumarios incorrectos e irregulares contra personas que no habían cometido ningún delito, solo defender el orden legal establecido”, añade Pamiés, que apunta a que los relatos que hablan de Hernández solo como “un excelente poeta” se quedan “cortos”: “La razón de por qué lo dejan morir en lo que llamamos un asesinato por omisión es su antifascismo”.
“Uno de los intelectualoides”
La Guerra Civil estalló cuando un precoz Miguel Hernández ya había publicado sus dos primeros libros de poemas –Perito en lunas y el Rayo que no cesa– y se movía en el ambiente intelectual y literario madrileño. En la contienda, militó en el Partido Comunista, se alistó como voluntario en el 5º Regimiento del Ejército Republicano, intervino en actividades propagandísticas en diferentes frentes y colaboró muy activamente en distintas publicaciones comprometidas con la causa republicana como El Mono Azul, Ayuda, La Voz del Combatiente, Frente Sur...
Una vez terminada la guerra y consciente de que sería represaliado, el oriolano intentó huir hacia Chile haciendo escala en Lisboa, pero fue detenido el 30 de abril de 1939 en la localidad portuguesa de Moura y puesto a disposición de los guardias fronterizos españoles. “Los mismos supieron pronto que no era un republicano más, sino una destacada figura del mundo literario”, explica Juan A. Ríos Carratalá, catedrático de la Universidad de Alicante que ha estudiado a fondo los sumarios y ha publicado Los consejos de guerra de Miguel Hernández. Comenzaría así el duro y gravoso periplo del poeta, que pasaría en total por 12 prisiones en condiciones penosas de hambre, frío y falta de higiene.
El poeta fue sometido a un duro interrogatorio para que confesara que mató a Primo de Rivera, según recordaría después Josefina, y sería trasladado después a Rosal de la Frontera (Huelva), donde aplicó una táctica exculpatoria, al menos para evitar la muerte inmediata: se autoidentificó como “apolítico” y al mismo tiempo intentó hacer ver a sus captores su relevancia en la cultura republicana. “No por vanidad, sino para intentar que no se excedieran y evitaran algo similar a lo ocurrido con Lorca”, señala Ríos. Los agentes captaron “la contradicción” y concluyeron que el poeta había sido “uno de los intelectualoides de la que fue zona roja que exaltadamente llevaron a las masas a cometer toda clase de desafueros, si es que él mismo no se ha entregado a ellos”.
Ya en la cárcel de Torrijos, en Madrid, donde compartiría penurias con otros 3.000 presos en un momento de intensísima represión franquista, comenzó a instruirse el “juicio sumarísimo de urgencia” nº 21001. El caso pasó al Juzgado Especial de Prensa, cuya sede estaba entonces en el Palacio de la Prensa de Callao, en la capital, y que cerraría tras un año de actividad “porque ya no quedaban periodistas que procesar”, ilustra Ríos, que en su estudio se ve obligado a no citar con nombre y apellidos al alférez que participó en el proceso debido a que su hijo está batallando en los tribunales por el supuesto derecho al honor de su padre fallecido. De hecho, este lunes ha dado comienzo en Cádiz el juicio contra 107 personas.
“Hacer feliz a España”
Hernández continuaría con su abundante creación poética en la cárcel, desde donde escribiría para su hijo –su segundo hijo, el primero había fallecido a los pocos meses de nacer– las famosas Nanas de la cebolla, compuestas después de que Josefina le dijera que solo tenían pan y cebolla para alimentarse. Tu risa me hace libre, / me pone alas / soledades me quita, / cárcel me arranca, escribe. Sus poemas son, junto a las numerosas cartas que escribió, un retrato detallado de las condiciones en las que vivió en prisión. “Hace varias noches que han dado en pasear las ratas por mi cuerpo mientras duermo”, le contó a Josefina.
En los interrogatorios frente al juez que instruye el sumario, Manuel Martínez Gargallo, el poeta oriolano reiteró su condición de escritor antifascista, aunque “ajeno a la militancia en cualquier partido o sindicato”. Intentó defenderse apuntando a que no había “asesinado ni denunciado a persona alguna” o que sus actividades siempre fueron propagandísticas y ajenas a lo militar y al mismo tiempo reconoció “sus ideales de antifascista y revolucionario, no estando identificando con la Causa Nacional, creyendo que el Movimiento Nacional no puede hacer feliz a España”, se puede leer en la declaración indagatoria del 6 de julio de 1939.
El juzgado comienza entonces a pedir ejemplares “editados en la época de dominio rojo” en los que el poeta hubiera colaborado. “Fue parco en resultados, los informes que se hacían no eran rigurosos, pero no importaba a efectos penales o de la acusación”, explica Ríos, que expone en su investigación que el único ejemplar remitido fue un folleto titulado Teatro de guerra, con el que intentaron que el encausado reconociera su condición de “comisario político” y su participación en el cerco al santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza (Jaén), al que Hernández asistió solo como cronista.
Poco importó eso al juzgado que “sin pruebas y sin rebatir mediante argumentos” lo expresado por el poeta, consideró probada su intervención en actividades bélicas. El juez también pediría informes a la empresa Espasa Calpe como extrabajador de la misma y a la alcaldía de Orihuela, donde viviría hasta los 25 años. La primera habló de Hernández como “una persona correcta en todo momento”, pero el alcalde del municipio, recién nombrado, respondió que “su actuación en esta ciudad desde la proclamación de la República ha sido francamente izquierdista, más aún marxista”.
Las irregularidades del proceso
Si hay algo que revela el exhaustivo trabajo de Ríos Carratalá son “las numerosas irregularidades” de las que está plagado el sumario, que incluye errores que van desde fechas equivocadas a datos incompletos. “Ni siquiera el encausado sabía de qué le acusaban, la instrucción era secreta y muy precaria, no investigaban nada y con cuatro informaciones recopiladas de mala manera podían condenar a alguien a la pena de muerte”, explica el investigador, que incide en que “la maquinaria judicial estaba desbordada” y sumida en el “caos” en un contexto de represión masiva.
Miguel Hernández llegó a ser excarcelado por error durante unos días debido a una descoordinación entre el juzgado y la cárcel. El poeta aprovechó para ir a Orihuela en busca de ayuda, pero fue nuevamente detenido y allí mismo se abrió un segundo proceso judicial: el sumario 4407
Tanto es así que incluso Miguel Hernández llegó a ser en septiembre de 1939 excarcelado por error durante unos días debido a una descoordinación entre el juzgado y la cárcel. Aprovechó entonces el poeta para ir a Orihuela en busca de ayuda, pero fue nuevamente detenido y allí mismo se abrió un segundo proceso judicial: el sumario 4407, que “estuvo dando tumbos” entre Orihuela, Elche y Alicante a pesar de que Martínez Gargallo había pedido su inhibición. “Era completamente ilegal mantener dos procedimientos paralelos por los mismos hechos incluso en el marco jurídico de la posguerra”, afirma Ríos.
Pero, además, tampoco hay rastro en la documentación de los procedimientos de ningún testimonio en defensa de Hernández, algo que no era tan habitual. “No hubo por parte del juzgado ninguna actuación encaminada a conseguir estas declaraciones. Mucha gente después dijo haber intervenido para ayudarle, tenía amigos cercanos al régimen, pero en el sumario no queda reflejado ningún aval. En el de Orihuela había uno de un falangista llamado Juan Bellod, pero el documento nunca llegó a Madrid. Tampoco habría valido, porque había que presentarse en persona en el juzgado militar. Eso era difícil y nadie lo hizo”.
El “poeta de la revolución”
Finalmente, Martínez Gargallo consideró cerrada la instrucción del sumario 21001 con la incorporación de un manifiesto titulado “A los intelectuales antifascistas de todo el mundo”, publicado en El Sol y suscrito por Miguel Hernández, entre otros importantes escritores. Así, el 18 de enero de 1940 el Consejo de Guerra Permanente nº 5 dictó sentencia, en la que, además de considerar probadas las actividades que el juez instructor concluyó, apunta a que el escritor es “de antecedentes izquierdistas” y se dedicó a la publicación de “numerosas poesías, crónicas y folletos, de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por 'el poeta de la revolución'”.
Unos meses más tarde, en junio, la condena a pena de muerte fue conmutada. Con este fin hubo peticiones como la del poeta falangista Dionisio Ridruejo al ministro José Ibáñez Martín, pero no es posible saber a día de hoy qué influencia tuvieron. Lo que sí sabemos es que la dictadura no podía permitirse una repercusión internacional similar a la del fusilamiento de Federico García Lorca. Al franquismo le importaba su imagen exterior y al mismo tiempo la condena a Hernández “debía ser ejemplar a tenor de su relevancia pública”, así que finamente se le impondría una pena de 30 años de cárcel.
No llegaría ni siquiera a cumplir dos años más. Ya en el Reformatorio de Adultos de Alicante, su frágil estado de salud fue empeorando con el tiempo y en sus últimas cartas a Josefina ya casi todo se reduce a la enfermedad, a la necesidad de medicamentos o alimentos. Eso sí, nunca faltan las referencias a su hijo Manolillo, pero su voz se va apagando a la espera de un tratamiento hospitalario que nunca llega. “Lo dejaron morir”, afirma tajante Joan Pamiés, que recuerda “la coherencia” con la que Hernández afrontó lo que vivió. “Le ofrecieron varias veces que se arrepintiera y se expresara a favor de Franco, pero nunca lo hizo”.
A pocas semanas de que el poeta reciba la declaración de reconocimiento y reparación, el investigador hernandiano recuerda a Josefina Manresa, fallecida en 1987, para la que sería “una alegría extraordinaria” ver escrito en un documento oficial que su Miguel era inocente y su condena es nula. “Porque para ella así lo era, sabía que era inocente y que lo que estaba era defendiendo la libertad”. Pamiés se imagina que hoy lo estarían celebrando. “Yo con mi gin tonic y ella, estoy seguro, con su poleo menta”, ríe.