El Supremo avala la eliminación de símbolos franquistas de las calles frente a la oposición de la derecha

La memoria histórica es uno de los grandes campos de batalla de la política española. Desde el Congreso de los Diputados hasta el pleno municipal de Fuensalida, la derecha de PP y Vox se opone desde hace años a cumplir la ley sobre medidas como la retirada de placas, cruces o calles que ensalzan la dictadura de Francisco Franco. Pero en los últimos meses el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias que avalan la retirada de estos símbolos que homenajean al franquismo: primero fue la eliminación de las referencias franquistas del callejero y hace unos días ha llegado el turno de cientos de cruces que, en pueblos y ciudades de todo el país, ensalzan la derrota de la Segunda República y las casi cuatro décadas de dictadura. Previamente, el mismo Supremo dio luz verde a la exhumación de los restos mortales del dictador del valle de Cuelgamuros.

La opinión de la derecha sobre la memoria histórica y las leyes que la desarrollan no es ningún secreto. “La voluntad de Zapatero es dividir y enfrentar a los españoles. Culmina su ataque a todo lo que representa la Transición”, dijo Ángel Acebes, entonces portavoz del PP, en 2007, poco antes de la aprobación de la ley de Memoria Histórica por el ejecutivo socialista. “La ley de Memoria Histórica es fratricida y debería haberla derogado el PP”, lamentó Esperanza Aguirre en 2016. “Es falsa, sectaria y autoritaria”, dijo Isabel Díaz Ayuso este mismo año sobre la nueva ley de Memoria Democrática. Siendo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy llegó a cuestionar que Marín quitara una calle al militar franquista Salvador Moreno.

La lista es larga y la irrupción de Vox en la política municipal, regional y nacional solo ha ampliado la lista de agravios. A nivel estatal, el partido de Santiago Abascal llegó a impugnar en los tribunales la exhumación de Franco. En territorios donde PP y Vox gobiernan juntos, como Balears, el objetivo común es derogar o neutralizar normas de Memoria Democrática o, en el caso de la extrema derecha, volver a levantar cruces de los caídos como la de Bunyola.

La exhumación del cadáver de Franco de Cuelgamuros, para ser inhumado en Mingorrubio, fue el primer espaldarazo a gran escala del Supremo en la aplicación de la ley de Memoria Histórica, después eso sí de paralizar el proceso durante meses. En esa sentencia los jueces de lo contencioso-administrativo explicaron que la normativa no vulneraba ningún derecho fundamental de los Franco: ni era un asunto privado de la familia, ni la basílica era inviolable ni se saltaba la legalidad urbanística, dijo el Supremo, entre otras muchas consideraciones.

El PP de Pablo Casado se abstuvo en las votaciones de una exhumación que salió adelante con solo dos votos en contra –dos diputados de la formación conservadora que afirmaron haberse equivocado– en un momento en que Vox no tenía representación parlamentaria. Ejerciendo de funámbulo político, Santiago Abascal centraba su oposición a la exhumación en el uso electoral que Pedro Sánchez haría de ella, y en que el cadáver del dictador iba a ser sacado del Valle de los Caídos sin el consentimiento de la familia. “Hay que respetar a los muertos de cualquier bando que lucharon por España como ellos entendieron que debían hacer”, llegó a decir ante miles de seguidores en Vistalegre.

Esa sentencia del Tribunal Supremo que tiró por tierra los argumentos de la familia Franco para intentar evitar que el Super Puma exhumara sus restos sigue teniendo eco en decisiones judiciales sobre memoria histórica. Este mismo mes de diciembre el alto tribunal ha avalado otro de los grandes puntos de conflicto en cientos de municipios de todo el país: la retirada de las cruces franquistas que homenajean al bando golpista.

Las cruces franquistas, condenadas

No hay un estudio fiable que detalle cuántas 'cruces de los caídos' hay en España. Los 'caídos' que homenajean estas cruces o monolitos son, por norma general, siempre del mismo bando: el golpista. Y aquellos municipios que han intentado afrontar su retirada o su significación se han encontrado, en muchas ocasiones, con la oposición o como mínimo la falta de apoyo de la derecha.

Así sucedió en la localidad alicantina de Callosa de Segura, cuyo caso ha sido el primero en llegar hasta el Supremo. Fue retirada en 2018, cuando el gobierno de PSOE, Izquierda Unida y Somos sacó adelante la iniciativa. El Partido Popular encabezó la oposición a su retirada y convirtió en promesa electoral, incluso, el volver a levantarla. A día de hoy, el PP gobierna la localidad y, por el momento, la fachada de la iglesia de San Martín sigue libre de referencias franquistas.

Callosa de Segura no es el único caso. En Castilla y León, por ejemplo, la extrema derecha de Vox ha propuesto proteger hasta 160 cruces y placas de la Guerra y el franquismo para evitar su posible retirada. Uno de sus dirigentes, Jorge Buxadé, fue muy claro hace un año e instó a sus representantes territoriales a procurar protección pública a estos pétreos homenajes a la dictadura. “Vamos a combatir la Ley de Memoria Democrática con todos los instrumentos a nuestro alcance”, dijo el eurodiputado de Vox.

El Supremo, por contra, ha optado por avalar las retiradas de estas cruces en los casos en los que solo homenajean a los muertos del bando franquista, objetivo central del franquismo cuando levantó las cruces. Allí donde una parte de la derecha expresa sus dudas sobre el carácter franquista de las cruces, el Supremo no titubea: “Supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, dicen los jueces.

La sentencia del Supremo no es de aplicación universal e inmediata, y no implica por tanto que las 'cruces de los caídos' tengan que desaparecer de forma obligatoria, pero sí supone el máximo aval posible a quien quiera instar su retirada o impulsar, al menos, su resignificación.

La retirada de las calles franquistas

En 2015 el Ayuntamiento de Madrid, tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Cibeles, se convirtió en el primer gran consistorio en acometer la retirada organizada de las calles que recordaban en sus placas a figuras del franquismo, sus dirigentes e incluso sus lemas. El general Juan Yagüe, considerado responsable de la masacre de Badajoz, perdió su calle en Tetuán, ahora conocida como San Germán. El militar Joaquín García-Morato, emblema de la aviación franquista durante el golpe, perdió su calle a favor de Robert Capa. La Plaza del Arriba España pasó a ser de la Charca Verde.

El PP de la ciudad de Madrid se terminó absteniendo en las votaciones sobre este asunto, pero su opinión quedó clara. Cuando Esperanza Aguirre aprovechaba en la calle Mayor sus últimos días en política y cuando José Luis Martínez-Almeida, hoy alcalde, tomó el relevo al frente de la oposición. La lideresa llamó “inquisición” a la comisión encargada de estudiar qué nombres debían cambiarse y llegó a cuestionar que el franquismo fuera impuesto por la fuerza después de una Guerra Civil y un golpe de Estado. En la actualidad, la Justicia ha tenido que obligar al Ayuntamiento a reponer la destrozada placa que recordaba a Francisco Largo Caballero rechazando, entre otros, un recurso de Vox.

Allí donde las derechas vieron un motivo constante de división entre los españoles, una vuelta atrás al pasado y al enfrentamiento, el Supremo vio una aplicación de la ley de Memoria Histórica de 2007 e invitó, además, a analizar pormenorizadamente el papel que cada uno cumplió no solo en la dictadura sino en el golpe y durante la guerra. Resolvió un caso, el de la calle dedicada al militar franquista Asensio Cabanillas que fue adjudicada a la poeta Ángela Figuera.

Darle una calle a una figura del franquismo, dijo de forma tajante el Supremo, es “un acto de exaltación” y las leyes españolas permiten su retirada. Es así desde el momento en que se le da ese lugar en el callejero. “Dar a una calle el nombre de una persona concreta supone destacarla frente a todos: son solamente unos pocos los distinguidos de ese modo. No cuesta trabajo advertir el alcance distintivo pretendido con tal acción”, llegó a decir el Supremo sobre un asunto que, a día de hoy, sigue siendo conflictivo para algunos sectores de la derecha parlamentaria.