El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la anulación de las medidas cautelares que durante meses mantuvieron paralizadas las obras necesarias para buscar restos de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos. Según confirman fuentes del caso a elDiario.es, la sala de lo contencioso-administrativo inadmitió el pasado ocho de marzo el recurso del letrado Francisco Javier Zaragoza en nombre de una asociación contra la decisión de los tribunales madrileños de levantar estas medidas cautelares.
Este conflicto judicial fue inaugurado por la petición cautelar de una asociación de suspender la licencia urbanística que el ayuntamiento de la localidad de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional para poder empezar los trabajos. El juzgado 10 de lo contencioso de la Gran Vía accedió y suspendió la licencia de forma cautelar pero el pasado mes de junio, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Superior de Madrid anuló las cautelares y otorgó, a efectos prácticos, plena vigencia a la licencia urbanística para estas exhumaciones.
Desde entonces la pelea se ha trasladado de nuevo a la Justicia ordinaria y al conflicto abierto entre el consistorio de la localidad y Patrimonio Nacional. La Abogacía del Estado reclamó judicialmente que, una vez levantadas las cautelares, el Ayuntamiento reactivase la licencia urbanística necesaria para empezar los trabajos y las obras. El pasado mes de septiembre un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital dio la razón a la alcaldesa del municipio y obligó a esperar al Supremo: “No se ha dictado sentencia definitiva pronunciándose sobre la licencia”, explicó esa resolución.
La primera licencia otorgada por un juez para empezar estos trabajos llegó en 2016, cuando una resolución autorizó los trabajos para buscar los restos mortales de dos hermanos que fueron fusilados en una fosa común de Calatayud y que después fueron trasladados a Cuelgamuros. Un permiso concedido a los descendientes de los hermanos Lapeña que, a día de hoy, sigue sin ejecutarse.