El recurso de la familia del dictador ha surtido efecto. Al menos de momento. Los magistrados del Tribunal Supremo han decidido que se detenga el proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que haya una decisión firme. La fundación Francisco Franco y el prior de la basílica también habían recurrido. Los trabajos para sacar la momia de Franco de la basílica estaban previstos para el próximo 10 de junio una vez que el Gobierno dio por cerrado el expediente administrativo para trasladar los restos a un cementerio de El Pardo (Madrid).
La sección Cuarta de la sala III del Tribunal Supremo ha tomado la decisión por unanimidad. Entre las justificaciones, se aduce que “la razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”, ha informado el Tribunal nada más conocerse la paralización.
Los magistrados admiten que el traslado no es “irreversible” en lo material, pero que si, finalmente, consideraran que no puede exhumarse una vez enterrados los restos en otro lugar, se produciría una situación “extremadamente perjudicial” por las características “singulares y únicas del caso”. El auto atribuye al proceso unos “rasgos especiales que no se puede ignorar”, por haber sido Franco Jefe del Estado, y, de ahí, inducen los “perjuicios irreparables”.
Una de las frases más controvertidas del auto ha sido en la que la Sala alude a Francisco Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, evitando la palabra dictador y eludiendo además que la República acabó en 1939, tras la guerra. Es decir, los magistrados validan que fuera el legítimo jefe de Estado tras el golpe militar.
Fallo definitivo en un “plazo razonable”
La resolución de este martes admite que, en los acuerdos para la exhumación de Franco, “está también presente el interés general. El que expresa la Ley 52/2007”, la ley de memoria histórica. Y que, en principio, la postura final del Supremo no debería prolongarse demasiado: “Teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitacioÌn restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable”.
Este acuerdo es un nuevo tropiezo en el periplo para intentar que Francisco Franco no permanezca más tiempo en el Valle, donde fue enterrado en 1975. La primera intención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez fue que esta operación se realizara rápidamente, pocos meses después de su triunfo en la moción de censura. Enseguida se comprobó que la primera fecha indicada por el presidente, julio de 2018, no iba a ser posible. La negativa de la familia y los procesos judiciales han sido una freno constante. La segunda estación marcada por el Ejecutivo fue después del verano del año pasado y, en todo caso, se repetía en Moncloa: “Cuanto antes”.
Ante el alargamiento, el 12 de octubre de 2018, Pedro Sánchez se escudaba en que “no depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos” para justificar el paso del tiempo sin que Francisco Franco fuera exhumado. Finalmente, el decreto se firmó el 15 de marzo de este año. No era el golpe definitivo. La familia estiró la vía judicial y, por el camino, un juez madrileño intervino en las concesiones de licencias municipales para impedir que las maquinas pudieran hacer su trabajo. Ahora, los magistrados del Supremo consideran que trasladar la momia del dictador sería un daño irreparable si, más adelante, deciden que debe anularse la orden del Gobierno.
Tras conocerse la suspensión cautelar, fuentes de la Moncloa han admitido que se “pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte Sentencia sobre el fondo del asunto”. El Gobierno ha quitado trascendencia a la decisión provisional del Supremo: “No es extraño que suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte”. Y ha añadido que esta fase no afecta al fondo de la cuestión: la salida de los restos del Valle para inhumarse en El Pardo. El Gobierno reitera que está convencido de que “el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco”.
Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha lamentado la paralización de la exhumación: “No tenemos que pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador”, ha dicho. Silva ha criticado que, según su criterio, la justicia española “nunca ha investigado judicial y penalmente ninguno de sus crímenes ni ha tratado de determinar si la fortuna de sus descendientes es legítima”.
A pesar de que el Ejecutivo ya tiene preparada la “unidad de enterramiento” (la tumba) para Franco de Mingorrubio en El Pardo, el dictador se queda en la sepultura de la sierra madrileña.
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