Nacieron a finales de los '50 o principios de los '60. Y sufren gravísimas malformaciones -la mayor parte carecen de alguna extremidad- por culpa del sedante que el médico prescribió a sus madres contra las náuseas durante el embarazo. Se calcula que en España unos 3.000 niños fueron afectados por el consumo de talomida de sus madres. Hoy las víctimas piden en Madrid 204 millones de euros de indemnización en el juicio contra la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de este fármaco.
El juicio tiene lugar en un juzgado de primera instancia de Madrid tras la demanda que interpuso hace un año y medio la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) contra el laboratorio alemán para que indemnice con 204.504.000 euros a 180 afectados. La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y se administraba como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas, pero causó graves malformaciones en los fetos. Según AVITE, más de 20.000 recién nacidos en todo el mundo sufrieron las consecuencias del medicamento.
El fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero, según consta en la demanda de AVITE, a la que ha tenido acceso Efe, en España “siguió administrándose varios años más” a pesar de su prohibición mundial. Según la demanda, el principio activo se vendió en más de 50 países de todo el mundo, con más de 80 nombres comerciales, y en España se distribuyó desde el año 1957 hasta 1965.
En Alemania, las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, pero en España no se han alcanzado a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid. La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron. Las víctimas españolas piden, según señala su letrado, Ignacio Martínez, “que se les ponga a la altura de los alemanes, que desde el año 71 están cobrando una pensión vitalicia”.
Problemas que se ven con el tiempo
Los contactos entre las víctimas y la farmacéutica comenzaron en 2010 después de que el Gobierno aprobara un real decreto por el que concedía un millón y medio de euros en concepto de ayuda a una veintena de personas reconocidas como afectadas en España durante el periodo 1960-1965. En la demanda, las víctimas mantienen que “la verdadera naturaleza perversa de la talidomida se está mostrando conforme avanzan los años”. Los daños, que fueron originados en el feto durante la gestación, “generan problemas que se van manifestando con el tiempo”, señalan.
El pasado mes de mayo, cuando los representantes de AVITE mostraron varios documentos con los que pretendían probar que el fármaco se “siguió exportando, vendiendo y recetando” tras su prohibición mundial, la farmacéutica lamentó en un comunicado la “tragedia” de la talidomida. Sobre los documentos de la asociación, el laboratorio sostuvo que dio instrucciones a su distribuidor español para que dejara de comercializar los productos con talidomida en noviembre de 1961, es decir, en el momento en el que había cesado la promoción del medicamento tanto en Alemania como en otros países.
Además, la empresa aseguró que “en España hubo diversas empresas que habían fabricado y distribuido productos con talidomida además de Grünenthal”. Sostuvo también que todas las personas afectadas por sus productos de talidomida en España tuvieron la oportunidad de solicitar el apoyo de la fundación alemana y que todavía la tenían. Al juicio está previsto que acudan, según el presidente de la asociación, José Riquelme, televisiones y periódicos internacionales, entre ellos algunos alemanes y la BBC.