Teresa Ribera: “Los agricultores son a los que menos les interesa que el proyecto europeo salte por los aires”

La semana comenzó con un terremoto legislativo sobre el Parque Nacional de Doñana: la Junta de Andalucía había publicado una modificación sobre la recalificación de suelos forestales que hizo que el Ministerio de Transición Ecológica detuviera el plan de inversiones para recuperar el espacio protegido. La medida le produjo “estupor”, según dice ahora la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. La paz de Doñana se tambaleó. Algunas horas después, el Ejecutivo andaluz afirmó que retiraría la norma y sus posibles efectos para salvar la situación.

Ribera habló sobre este asunto justo después de reunirse con el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), con quien acordó medidas para otro humedal, L'Albufera, después de haber diseñado el plan para llevar agua a Catalunya desde la desaladora de Sagunto (València). Pocos días después se vio con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), para tratar también la escasez de agua que acucia a la comunidad autónoma. El transporte de agua en buques está encima de la mesa. El agua, o más bien la falta de ella en el contexto de cambio climático, se ha convertido en un asunto cada vez más capital en España a medida que la crisis del clima se deja sentir con más fuerza.

Ribera ha aprovechado la visita a Andalucía para, entre otras cosas, pasarse por el Parque Nacional de Doñana. Allí recibe a elDiario.es y reitera que, hasta que no compruebe que la regla de recalificación de suelo –que veía como una puerta de atrás para amnistiar fincas de cultivo irregulares alrededor del parque– no esté enterrada oficialmente, el asunto no estará cerrado.

¿Da por solucionado el problema de la crisis de la paz de Doñana?

Estará resuelto el día que se publique en el boletín oficial la modificación de ese decreto ley y deje sin efecto la legalización retroactiva de suelo de uso agrario en finca forestal. Ese día estará resuelto.

Es decir, todavía está en guardia...

Hoy lo que tenemos es el compromiso explícito y público del presidente de la Junta de que el martes que viene lleva ese decreto ley a Consejo de Gobierno y tiene que resolver lo que haya podido ser esta semana del decreto ley anterior en vigor. Hasta que eso no esté resuelto, no está resuelto el asunto, pero sí que él ha mostrado públicamente su voluntad y decisión firme de hacerlo. Eso fue una buena primera reacción.

Tenemos el compromiso explícito y público del presidente de la Junta de que el martes que viene lleva ese decreto ley a Consejo de Gobierno. Hasta que eso no esté resuelto, no está resuelto el asunto

¿Le sorprendió encontrarse con esa modificación legal?

Nos produjo estupor. Encontrárnoslo en el decreto ley sin haberlo comentado y con el mismo texto y la misma trampa que el proyecto de ley [que amnistiaba regadíos irregulares y provocó que Doñana saltara a los titulares nacionales e internacionales] no fue un buen mensaje. De hecho dificultaba cualquier reunión de trabajo porque ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando. A la vista del cambio de postura y la reacción inmediata, hemos empezado a recuperar la confianza y, por tanto, yo soy optimista. Una vez que el decreto ley aparezca publicado en el Diario Oficial, recuperamos el trabajo.

Cuando retomen el plan, ¿tienen aquilatado cómo se otorgarán las ayudas para que haya fincas que no se cultiven o se cultiven de otra manera, sin un uso intensivo de agua como ahora?

Lo esencial es que hay que respetar la legalidad. Costó mucho fijar ese marco en su momento y creemos que no debe haber ninguna trampa. Y claro que solamente pueden recibir ayudas quienes estén en condiciones de absoluta legalidad con el agua y con la actividad económica o con las obligaciones sociales que corresponda, como en cualquier acceso a ayuda pública.

¿Ya tiene la fórmula?

No se trata de extender cheques y olvidarse sino de ir sembrando para que haya alternativas diferentes en el territorio. Por eso jamás hemos contemplado el acompañamiento a la actividad agraria o a la actividad forestal como un pago único, sino como ese acompañamiento complementario que permita incentivar un uso responsable del territorio, pero garantizar un modo de vida también. Y está vinculado al mantenimiento de la actividad agraria o forestal en condiciones compatibles con la seguridad de Doñana. La manera en la que traducir eso es en lo que estamos trabajando.

Salvar Doñana implica cambiar la manera en la que los humanos conviven con Doñana.

El modelo de desarrollo de las comarcas tiene que ser compatible, pero tiene que haber un modelo de desarrollo. Deshacer lo que ha sido durante muchos años una manera de entender la vida y asegurar que se diversifican esas alternativas forma parte del éxito de la restauración en sí misma del parque, es decir, las obras hidráulicas o las acciones para sacar plantas invasoras, o para facilitar la recuperación de otras no pueden tener éxito si no trabajamos en paralelo en el marco socioeconómico.

Eso es quizá lo que está en el corazón de las polémicas.

Es la primera vez que se plantea este asunto con esta crudeza: lo estamos haciendo en el Mar Menor y lo estamos haciendo aquí y requiere mucho trabajo. De hecho, una de las reuniones que quedó suspendida tras el cambio legal sobre los suelos del decreto ley era precisamente con los agricultores, para ver la manera en la que trabajábamos esas esas convocatorias de ayudas. Hay muchas cosas que activar simultáneamente en el plan, pero el trabajo en el campo, en la agricultura, va a seguir siendo una parte importante de la vida en la comarca. Ahora bien, debe ser compatible con la solvencia de Doñana.

¿Espera más curvas en el plan de Doñana?

Confío en que no habrá más sorpresas. La reacción del presidente de la Junta pone de manifiesto que él mismo se da cuenta que este no es un ámbito en el que correr riesgos. Pensemos que ha sido muy tortuoso, muy complicado, pero es muy emblemático y ahora no puede haber un quiebro como el que representaba ese decreto ley. Yo agradezco que la reacción fuera inmediata. Se trata de que no pase más. Lógicamente, también de asentar confianza y que nadie dude de nuestra voluntad de hacer esto.

También en el entorno de Doñana está pendiente la depuradora de Matalascañas...

Allí está por un lado ver cómo se deja la extracción de agua subterránea que tiene afección al propio parque y por otro la depuración de aguas. El compromiso es llegar a tiempo con todos los plazos. Considero fundamental, no solamente cerrar la toma de agua tal como está hoy, sino generar toda la red que nos permita tener agua alternativa y hacer una buena gestión del agua reutilizada. En Matalascañas hemos buscado eliminar la presión de uso de agua cerrando los pozos, trayendo agua superficial y buscar la máxima depuración.

Hablando de agua, una vez trazado el plan para poder trasladarla en barco para abastecer a Catalunya, ¿toca Andalucía?

Lo que hemos hecho ha sido decir: ayudamos en lo que haga falta. Yo diría que con gran generosidad, y no porque sea Andalucía; lo haríamos en cualquier sitio de España, como ha ocurrido en Cataluña. Pero por supuesto aspiramos a que cada cual ejerza sus responsabilidades de la manera más comprometida posible. Es decir, que incrementen sus esfuerzos para dar soluciones estructurales y para buscar soluciones de emergencia y coyunturales para este verano.

En los cálculos de la Junta, por ejemplo, está que puede haber agua hasta por lo menos septiembre u octubre. Nos han pedido salir en auxilio de los regantes de Almería con una puesta a disposición de equipos que estaban en una unas instalaciones de desalación en desuso  y repotenciar una desaladora en el Atabal, que está cerca de Málaga, y ya está todo el equipo de Acuamed volcado en esto, pero sería para septiembre u octubre. Y, finalmente, explorar otras alternativas entre las que podría estar el traer agua de alguna desaladora del Mediterráneo que no tenga comprometida toda su capacidad de producción.

¿Cuál tienen en mente?

No hay una desaladora en el Mediterráneo que no tenga comprometida su producción de agua y que sea propiedad del Estado, como ocurría con Sagunto para Catalunya, pero sí tenemos identificado dónde puede estar ese potencial de desalación. Además, debe hacerse de manera que no genere ningún tipo de conflicto con posibles usuarios o consumidores que hayan comprometido ese agua desalada porque, si no, sería una negociación muy difícil. Un acuerdo para poder desplazar a unos usuarios frente a otros sería muy complicado.

¿Y una vez que se decidiera desde dónde llevar el agua?

Habría que adecuar técnicamente el traslado de esa agua a puerto y el traslado al puerto de destino. Y luego la recepción e inyección en la red de abastecimiento.

¿El Ministerio compraría el agua ?

Nosotros, en línea con lo que hemos estado trabajando con Catalunya, creemos que debemos estar disponibles para sufragar el coste de producir ese agua, incluso de sufragar el coste de poner esa agua en la puerta del barco, es decir, el tubo que nos permita llevar el agua hasta la puerta del barco. El buque y la incorporación al sistema de abastecimiento local debe correr por cuenta de la comunidad autónoma.

Por cierto, ¿el plan de traslado hacia Barcelona tiene fecha cerrada?

Aguas de Barcelona, la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua, junto con todos los municipios del área metropolitana, han estado trabajando en la búsqueda de pozos de emergencia, en hacer la máxima reutilización que les permita contar con seguridad hasta diciembre. Pero no se sabe, claro, también es verdad que podemos estar sometidos a mucha presión por falta de lluvias o evapotranspiración. Hay que estar preparados y la fecha, en principio, es junio.

¿No sé si se espera una nueva oleada de guerra del agua por las nuevas reglas para el trasvase Tajo-Segura que tienen que aprobarse en breve?

Pues no. Veo legítimo que haya percepciones y énfasis distintos en las comunidades autónomas y queremos escuchar a todas. Creo que el actual sistema de reglas de explotación ha sido muy exitoso.

¿Las que vienen se parecerán a las actuales?

Debemos aprender de los últimos años y lo que nos dicen es que ha habido agua siempre que se ha necesitado. No ha faltado agua ni en las comunidades receptoras ni en el Alto Tajo. Una mayor regularidad y mucha atención a los otros factores –si de verdad se necesita agua, si ha llovido, si hay capacidad de recogida o no– nos ha permitido maximizar la transferencia de agua minimizando el impacto en las cuencas de cabecera.

Pero todas las comunidades implicadas desde Andalucía, a Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o la Comunitat Valenciana tiran para su lado.

Todo el mundo quiere opinar. Nos parece perfecto. Es fundamental que todo el mundo opine. Y si se llega a un acuerdo y un consenso, estupendo. Sería lo mejor, porque combina el criterio técnico, que es lo que nos aporta el CEDEX, con el criterio de sensibilidad sociopolítica. Pero si no se llega a un acuerdo, evidentemente tendremos que ejercer nuestra responsabilidad porque el interés de cada una de las comunidades autónomas no necesariamente coincide con el interés del conjunto del país.

¿El modelo de plan de Doñana es trasladable a las Tablas de Daimiel?

Daimiel necesita un plan.

¿Es más difícil que el de Doñana?

Tiene una situación parecida con respecto a la presión sobre los acuíferos. Es muy importante conciliar parte ambiental y parte hídrica. Estamos trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con la Consejería y nuestra intención es poder presentar un proyecto de restauración de Daimiel cuanto antes. Es verdad que en Las Tablas de Daimiel no es posible aportar recurso adicional de agua vía desalación, por lo tanto se trata de reducir la presión. Hay puntos que están más o menos claros y otros que son complicados. Existen expectativas grandes de puesta en regadío y de mantenimiento de lo que hay en la zona, al mismo tiempo que hay quien espera conseguir un mayor uso de agua procedente del Tajo, con lo cual también tienes dificultades extra en ese aspecto.

Viendo el periplo para intentar recuperar humedales desde el Mar Menor, a l'Albufera de València o Doñana, parece que estos ecosistemas están aportando algo de consenso político...

Sería muy bonito, pero está por confirmar. Sería una buena cosa, pero eso solamente ocurre porque la demanda social es creciente y eso sí es bueno.

Tras semanas de tractoradas de protesta por parte del sector primario, ¿qué puede responder a los mensajes sobre que las salvaguardas ambientales sean un enemigo principal de la agricultura?

Es un gran error plantearlo así. De hecho, creo que los agricultores españoles saben que su principal preocupación de presente y de futuro es la sequía, la pérdida de calidad del suelo en el que cultivan y luego ya otras cuestiones como podría ser la burocracia. La cuestión es al revés, son aliados naturales: el principal perjudicado de la falta de una agenda ambiental y climática clara es el sector primario. En segundo lugar tenemos que abordar la atención dedicada a estos colectivos y a esta actividad, es decir, de qué forma se puede simplificar o facilitar.

Hay que proteger a nuestros conciudadanos que, dedicándose a la agricultura, aspiran a tener unas condiciones de vida digna, pero también analicemos de qué problemas estemos hablando. No nos dejemos llevar por unas emociones mal gestionadas

Pero, insisto, somos aliados y sin un ecosistema sano y sin un suelo sano y sin seguridad de agua no hay agricultura. O sea que esto hay que hacerlo. Y una tercera consideración sería el desencuentro con respecto a los parámetros exigibles a productos que entran en el mercado europeo que pueden generar suspicacias. A mi juicio, la respuesta es: asegurémonos que los productos que quieren acceder al mercado europeo tienen condiciones equivalentes a las que se le exige al productor europeo.

En estos días se están viendo mensajes que no tiene mucho que ver con esto...

Además del debate anterior, al que hay que prestar mucha atención, puede haber otras cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la agricultura sino con manifestaciones con más contenido político o más escepticismo respecto a la capacidad de respuesta de las instituciones. Por eso yo creo que es muy importante identificar exactamente de qué estamos hablando e intentar resolver el problema.

Y siendo así, además de una respuesta técnica ¿no debería el Gobierno ofrecer una respuesta política?

Tiene que haber una respuesta política, sí, pero también hacer una reflexión política y social a nivel de país y de opinión pública y de valores. Claro que hay que proteger a una muy buena parte de nuestros conciudadanos que, viviendo en un ámbito rural y dedicándose a la agricultura, aspiran a tener unas condiciones de vida dignas, pero también es muy importante analizar con solvencia de qué problemas estemos hablando. No nos dejemos llevar por unas emociones mal gestionadas. El diálogo en este punto es crucial.

Parece que este es un campo fértil para el populismo...

Hay que evitar que se active un riesgo oportunista de “me da igual los argumentos, hacemos que salte todo por los aires y luego ya veremos qué ocurre”, porque ¿a quién le interesa eso? ¿A quién le beneficia hacer saltar por los aires el programa, el proyecto europeo? A nadie. Y menos que nadie a los agricultores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que eso forma parte de la responsabilidad política de los partidos que tradicionalmente han aspirado a ser partidos de gobierno, que no es solamente el Partido Socialista Obrero Español. ¿Dónde está el Partido Demócrata Cristiano este momento? ¿Está intentando construir o está destruyendo? Este es un debate muy importante de cara a las elecciones europeas, y no es casualidad que esto salga en el contexto de la preparación de las elecciones.

En Europa, España afronta un proceso ante el Tribunal de Justicia por la contaminación de las aguas subterráneas, precisamente, por los restos agrícolas y ganaderos...

Tenemos una herencia recibida de décadas, por un abandono en el período inmediatamente anterior. Los procedimientos de sanción están en fase muy avanzada y es muy difícil evitar que haya sanciones respecto a cosas que ya están contrastadas y comprobadas como que, efectivamente, hay un exceso de contaminación por nitratos.

¿Y más allá de las sanciones?

Estamos haciendo un gran esfuerzo para que esa descontaminación se produzca rápidamente, es decir, frenar la contribución adicional de nitratos y reducir la presencia de nitratos en los acuíferos. Por eso las comunidades de usuarios de aguas subterráneas son importantes. Por eso la declaración de masas de agua en riesgo de no cumplir los niveles de calidad que exige la Unión Europea son importantes y por eso es fundamental interpelar a quien tiene la competencia en materia de agricultura, que son las comunidades autónomas. Y buscar una relación responsable con ellas porque existen formas de resolver las cosas que nos permitan garantizar actividad agraria y acuíferos.  

Va a ser muy difícil evitar algún tipo de sanción [por la contaminación de acuíferos]. Es imprescindible que la mejora se acelere gracias a una implicación mucho mayor de las de las autoridades competentes en materia de agricultura que son las comunidades

Va a ser muy difícil evitar algún tipo de sanción en ese proceso porque las infracciones están ahí y la recuperación no es inmediata. Venimos desde hace tiempo trabajando para que esto vaya mejorando y es imprescindible que esa mejora se acelere gracias a una implicación mucho mayor de las de las autoridades competentes en materia de agricultura.

Esta semana se ha presentado el Observatorio de Salud y Cambio Climático, tras varios intentos, ¿qué van a notar los ciudadanos?

Primero, una actualización de las medidas estratégicas sobre incidencia del cambio climático en salud con la capacidad de observar y retener datos y el contraste de la experiencia vivida o de la eficacia de las medidas. Segundo, el sistema de alarmas, que esto es algo que a la gente le genera mucha perturbación: ¿Dónde está el umbral meteorológico? ¿Dónde está el umbral de salud? ¿Cómo se unifican y cómo se hacen las recomendaciones pertinentes? Y, claro, qué es lo que debe hacer la gente alrededor, todo el esquema de protección civil. La gente debe estar preparada de antemano y debe saber cómo reaccionar. Por tanto, tiene que estar muy protocolizado y ser muy sencillo para tener éxito.

¿También en el ámbito laboral?

No existe aún una buena serie de datos, solvente, sobre la incidencia climática en las condiciones laborales y de accidentes laborales para aprender a identificar cuál es el umbral a partir del cual se disparan los episodios de accidentes. Y ese umbral queda manifiestamente al margen del riesgo asumible por ninguna actividad. ¿De qué forma eso se protocoliza y se traslada a las normas de seguridad en el trabajo? Todo eso también requiere un seguimiento específico.

¿Contempla que cuando se recupere la Comisión Nacional de la Energía, su sede esté fuera de Madrid?

Nuestra intención es que no. Lo que se prevé en la propuesta de texto que hemos sacado de información pública es la recuperación de todos los medios materiales, inmobiliarios y humanos que existían en la comisión antes. No tendría mucho sentido hacer eso para un organismo que ya existía y con 200 personas trabajando allí.