“Durante demasiado tiempo daba miedo plantear debates complicados y esto ha hecho que vayamos retrasados”. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica acaba de sacar adelante en el Congreso la nueva ley de Cambio Climático. Teresa Ribera (Madrid, 1969) confía en que esta ley, que establece una serie de compromisos para acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, sea “un mínimo”: “No hay posibilidad de retorno, podemos ir a más, pero nunca a menos”. Ribera resalta la importancia de esta ley que muchas personas también notarán pronto en sus calles, pues obliga a establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades antes de 2023.
Ribera acusa a Vox, el único partido que votó en contra de esta ley, de estar “buscando la provocación”, ante un problema como el cambio climático. Y desvela que el PP, que finalmente se abstuvo, puso como condición en la negociación parlamentaria “incluir en la ley una referencia que desactivara el control judicial de la concesión de ENCE”, la polémica planta de celulosa de la Ría de Pontevedra.
En las palabras lo menos técnicas posible ¿por qué es importante la Ley de Cambio Climático que acaba de aprobar el Congreso?
Porque nos marca hacia dónde queremos ir: la plena descarbonización de nuestra economía con hitos intermedios, pero también la plena integración de los riesgos del cambio climático en nuestra sociedad y nuestra economía. Además, hace todo esto de manera participativa, siempre yendo hacia adelante, intentando generalizar y acelerar el ritmo de cambio. Y también asegura que cumplimos nuestros objetivos de la manera más justa, rápida y ágil posible teniendo en cuenta la dimensión y el impacto social que tiene el clima.
Se incrementan las temperaturas medias, pero también se dan temperaturas extremas. En enero pasado, en poco más de dos semanas hubo 55 grados de diferencia entre los días de máximo frío de Filomena y una especie de primavera adelantada a final del mes
¿En qué van a notar los ciudadanos de a pie los efectos de esta ley?
Los ciudadanos de a pie van a ver cómo en las ciudades se van impulsando planes de movilidad y zonas de bajas emisiones y, por tanto, facilitando la recuperación del espacio público para los vecinos. Cómo, a la hora de impulsar las políticas públicas, se integra esta preocupación por el cambio climático en todas las decisiones de manera transversal. También van a ver que las empresas tienen que reportar todos los años cuál es el riesgo que afrontan por el cambio climático y cómo lo abordan en sus programas de inversión y desarrollo. Y van a comprobar cómo se encajan las piezas de un puzzle muy complicado, donde los residuos, la agricultura, el suelo, la naturaleza, el agua son también elementos importantes para gestionar la acción climática. Así que vamos a aprender todos juntos qué significa en nuestra vida cotidiana, en la educación, en la sanidad, en las políticas públicas, en el transporte o la energía.
Usted ha dicho que con el cambio climático ya vamos tarde y a la ley todavía le quedan unas semanas en el Senado. ¿Cuánto de tarde vamos y a qué nos obliga este retraso?
Es verdad que todos los países vamos muy tarde. El cambio climático se empezó a describir con bastante precisión académica y científica hace más de 50 años y, sin embargo, ha costado mucho arrancar todo el proceso de transformación, de concertación internacional, de inclusión en las políticas públicas de los países, de compromisos por parte de los Estados o en la acción de las empresas. Tenemos una ventana de oportunidad para evitar los efectos más dañinos del cambio climático, pero tenemos que generalizar nuestra acción y acelerar el ritmo de implementación de esa acción. Lo más difícil es siempre las primeras etapas en las que se va percolando en todas las actividades la acción por el clima. Así que vamos tarde. Ahora se trata de activar, generalizar y acelerar.
¿Cuál es para usted el efecto más evidente del cambio climático que utilizaría para mostrar a un negacionista climático?
En un país como el nuestro vemos cómo cada vez los incendios forestales son más intensos y dramáticos, a pesar de tener unos equipos de prevención y extinción estupendos. Sabemos que se incrementan las temperaturas medias, pero que, además, también se dan temperaturas extremas. En enero pasado, en poco más de dos semanas, hubo 55 grados de diferencia entre los días de máximo frío de Filomena y una especie de primavera adelantada a final del mes. Sabemos que los días que contamos con nieve han decaído de forma muy importante y son datos observados en los últimos 30 años y esto altera de forma notable lo que, hasta hace relativamente poco, eran prácticas habituales.
Son muchas más cosas de las que podemos identificar a primera vista. Ya no solo no nos bastan las medias sobre cómo se comporta la temperatura o cuánta agua acumulamos por lluvia a lo largo del año, sino que esas alteraciones tan importantes, esos picos tan diferentes que los climatólogos llaman fenómenos meteorológicos extremos con los que convivimos, nos hacen mucho más difícil tener respuesta.
También se están identificando consecuencias indirectas como los movimientos de población.
Tenemos que manejarnos en términos de incertidumbre y, a nivel mundial, esto genera un gran caos. Los servicios de inteligencia integran estas variables y advierten sobre los riesgos de generar más dificultades a muchas sociedades y poblaciones a la hora de conseguir alimentos porque esto crea tensión ya sea con violencia física o una necesidad de emigrar por no conseguir tener un sustento. Enfrentamos incluso el riesgo de supervivencia física de territorios como ocurre en zonas bajas, que se ven cada vez más más inundadas. Y la disminución tan notable del hielo nos va indicando, de una manera gráfica y pavorosa, hasta qué punto se reduce la superficie de los polos.
Queremos un nivel de emisiones próximo a cero como muy tarde en 2050. Y hemos ido evaluando de qué modo podemos hacerlo en las finanzas, en la energía, en los residuos y en la forma de producción con la tecnología actual
¿Puede España dejar casi a cero las emisiones de gases en 2050 si la reducción en 2030 es del 23% respecto al nivel de 1990 como marca la ley?
Hemos querido marcar una senda en la que, aunque sea enormemente esforzado lo que tengamos que hacer, sea creíble. Que podamos activar todos los procesos de cambio, pero con una obligación de obtener resultados. Queremos un nivel de emisiones próximo a cero, la descarbonización de la economía, como muy tarde en 2050. Y hemos ido evaluando de qué modo podemos hacerlo en las finanzas, en la energía, en los residuos y en la forma de producción con la tecnología actual.
¿Qué le diría a los que piensan que haría falta un recorte más fuerte en la próxima década para alcanzar la descarbonización a mitad de siglo XXI?
Nosotros nos hemos marcado también como referencia los objetivos de la Unión Europea en cuanto a energías renovables, a la eficiencia energética o la reducción de emisiones de sectores no industriales. Y hemos ido al máximo de lo que sabemos cómo activar, por mucho esfuerzo que suponga para 2030.
En 2023, la ley obliga a revisar.
Con esta ley hemos dicho otra cosa muy relevante: esto es el mínimo. No hay posibilidad de retorno. Podemos ir a más, pero nunca a menos. Lo difícil es arrancar. Si somos capaces de empezar, en el proceso de revisión previsto podremos acelerar y reforzar aquello que funciona o corregir aquello que veamos que no funciona y buscar otro camino para conseguir ese objetivo. Se trata de activar sobre el terreno y no solo sobre una pancarta o sobre una cifra, sino explicar el cómo de ese proceso de cambio. Mi impresión es que hay una demanda y una exigencia muy fuerte, que es el mejor aliado: el que el que nos suma a todos.
¿La sociedad pide esta transición?
Completamente. Pensemos en el debate del automóvil, en el que hemos vivido un cambio radical, no solo de los ciudadanos y de las empresas en su concepción del negocio, sino también por parte de las ciudades que entienden que tienen que recuperar su espacio. Hasta hace poco era algo de lo que no se podía hablar y ahora hay una cierta competencia sobre cómo ofrecemos servicios de movilidad diferentes, sobre cómo entendemos la producción industrial, cómo nos movemos de manera no motorizada, ya sea andando o en bici o transporte público…o, en último término, utilizar modalidades motorizadas, pero con mucho menos impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y de calidad del aire.
¿Qué le hubiera gustado que incluyera esta ley y que, por la negociación parlamentaria, se ha quedado fuera?
Hubiera sido bueno poder seguir avanzando más rápidamente en toda la ordenación de nuestro sistema fiscal. Contamos con un sistema fiscal sobre el que nos dicen que no está a la altura en cuanto a señales verdes. Es un aspecto técnicamente muy complejo, no tanto de negociación parlamentaria. Es complicado cambiarlo porque las categorías de imposición y la responsabilidad de las administraciones implican tres niveles diferentes así que, a veces, se da la sensación de que se envían mensajes contradictorios. Requiere un trabajo a fondo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, pero nos hubiera gustado tenerlo preparado antes..
El único partido que se ha quedado fuera al votar en contra de la ley ha sido VOX. ¿A qué lo achaca?
Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Es un problema de ignorancia? ¿De provocación? ¿De intereses creados de los que es difícil salir? Ninguna de las tres alternativas me gusta particularmente. Entiendo que haya una reacción de 'no entramos ni a debatir porque en el fondo lo que están buscando es provocación“.
¿Qué le preocupa de un mensaje así?
Lo único que me preocuparía es que su falta de acción genere cierta confusión en personas bienintencionadas que puedan llegar a creer lo que se está diciendo cuando es enormemente dramático. Muchas de las declaraciones de VOX, incluyendo una salida de tono bastante vergonzosa en el Congreso [de un diputado de ultraderecha durante la aprobación de la ley] teniendo en cuenta los costes y el sufrimiento en muchas personas y sectores económicos clave, indican que merece la pena reflexionar sobre lo importantísimo que es la educación y la información pública.
El PP tenían una particular preocupación con un asunto muy concreto: deslegitimar el artículo 18.4 de la ley, que está dedicado a recordarnos que uno de los espacios más vulnerables al cambio climático es el litoral, la costa.
¿Tiene algún remedio para este tipo de discurso?
Mucha educación y mucha solidaridad con respecto a quien pueda sentirse amenazado por la aplicación de políticas de lucha contra el cambio climático. Todo esto se da en una sociedad donde las desigualdades se han ido asentando durante décadas y, en particular, desde la última crisis, por lo que cobran importancia las políticas sociales que deben acompañar procesos de transformación tan relevantes como los que tenemos delante para no dejar que esas declaraciones altisonantes, extemporáneas e injustas encuentren en las personas más vulnerables un espacio de acogida que sería doblemente injusto, porque la falta de acción las convertiría en más vulnerables todavía.
¿Y cómo explica la postura del PP, que se abstuvo en la votación?
Lo achaco a la coyuntura en la que está el Partido Popular en este momento de buscar un espacio propio. Esta ley se aprobó en Consejo de Ministros como anteproyecto de ley el 19 de mayo y desde el primer momento, desde finales de mayo, buscamos conversar con todos los grupos parlamentarios. Es cierto que no nos acercamos directamente a Vox, pero sí lo hicimos con el Partido Popular, como con todos los demás. Y no ha habido propuestas concretas. Tenían una particular preocupación con un asunto muy concreto, que era deslegitimar el artículo 18.4 de la ley, que está dedicado a recordarnos que uno de los espacios más vulnerables al cambio climático es el litoral, la costa.
¿Qué les preocupaba de la costa?
La situación de una empresa instalada en dominio público marítimo terrestre, cuya concesión fue prorrogada por la Ley de Costas del Partido Popular hasta 2073, muy por encima de los 75 años máximos que la ley de 2013 consideraba para cualquier concesión de dominio público y que fue recurrida por el Ayuntamiento donde está instalada esta concesión.
El PP nos pedía incluir una referencia que desactivara el proceso de control judicial al que está sometida la autorización [de ocupación del dominio público] de ENCE
¿Se refiere a ENCE (la empresa que explota una planta de celulosa en la Ría de Pontevedra)?
Sí. Es verdad que las concesiones que ya son firmes pues allí quedarán, la ley no puede tener efectos retroactivos limitando su duración. Pero nos parece que, con carácter general, establecer 75 años en un espacio tan sensible [el litoral] y que además es de todos, es un plazo suficiente para poder evaluar cuál es el estado de fragilidad y hasta qué punto tiene sentido mantenerlo.
¿Qué pedía el PP respecto a ENCE?
Nos pedía incluir una referencia que, de algún modo, desactivara el proceso de control judicial al que está sometida la autorización [de ocupación del dominio público] en este momento. Yo creo que entra dentro de un terreno un poco peligroso adoptar, cambiar leyes para resolver situaciones puntuales de una empresa o de otra. No es una práctica particularmente recomendable.
Esta ley necesita una expansión rápida de las energías renovables. ¿Cómo prevé el Gobierno controlar esa expansión para que, un ‘boom’ de nuevas plantas solares o eólicas no arrase con ecosistemas o paisajes de valor?
Se trata de un tema muy sensible donde detectamos, además, una lógica inquietud por parte de los vecinos de las zonas con mayor radiación solar o con mayor recurso eólico. Y hay que atender a esa preocupación: es importante integrar renovables y protección de la biodiversidad.
Es verdad que las renovables tienen una gran ventaja: conllevan una ocupación temporal del territorio. Son desmontables a lo largo de los años. En este momento, lo que importa es estar seguros de que aplicamos correctamente las normas. Asegurarnos de que las zonas con mayor protección, de mayor valor ambiental y paisajístico, o bien quedan excluidas o bien cuentan con unos condicionantes muy fuertes para proteger a las aves, el suelo y la biodiversidad. Y estar seguros, sobre todo, de que cuentan con un respaldo social, con un consenso en el territorio.
¿Con qué instrumentos de salvaguarda se cuenta?
Los planes de ordenación del territorio, la evaluación de impacto ambiental, las limitaciones propias de la legislación en materia de biodiversidad o protección del paisaje son algunas de las referencias más importantes. Del Estado depende el control cuando se trata de parques con más de 50 megavatios, pero, por debajo de esto, ese control ambiental corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, nos parece que es muy importante trabajar con ellas para que las cosas funcionen con la máxima transparencia, con el máximo rigor y con el máximo respeto.
¿Teme que surjan fricciones en esos territorios?
Necesitamos que se dé ese debate y que se produzca, como decía antes, en el territorio interesado y entre los actores implicados para entender dónde sí o dónde no se pone una infraestructura y en qué condiciones. Tampoco es válido decir 'yo quiero que todo sea renovable, pero nada cerca de mí'. Sabemos, por ejemplo, que ha sido un debate muy complicado en algunos de los territorios más emblemáticos desde el punto de vista de la de la naturaleza, de los paisajes y de la riqueza ambiental, pero, sin embargo, nadie aspira a quedarnos inmersos en un sistema energético donde quemamos, por decirlo de manera visual, chapapote para generar electricidad. Eso no tiene sentido.
El objetivo a largo plazo es la descarbonización de la economía. ¿Prevé que, ante la necesidad de superar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, que puedan admitirse proyectos poco compatibles con este objetivo con la excusa de que traerán trabajo y crecimiento?
Los grandes cambios estructurales siempre son complicados y lo que estamos viviendo es un gran cambio estructural. Me parece que es todavía peor si no se afronta, si no se asume que tenemos que llevar a la práctica ese cambio estructural. Hay que entenderlo, identificar oportunidades y gestionarlo con la mayor antelación posible. Es lo más inteligente.
Algún ejemplo ya ha habido de esto…
Lo vivimos con el carbón. En España, en poco más de dos años se ha cerrado el 80% de nuestras plantas térmicas de carbón y se ha cerrado la minería de este mineral porque no era viable económicamente y no se cumplía la legislación ambiental europea. Esto es traumático en ese territorio y requiere políticas sociales para la búsqueda, a toda velocidad, de alternativas viables. Exige diversificar la actividad económica para que la gente sienta que puede quedarse en sus pueblos, en sus comarcas.
¿En qué situación se encuentra España?
Ha habido un retraso en esa reacción, es decir, durante demasiado tiempo daba miedo plantear debates complicados y esto ha hecho que vayamos un poquito más retrasados que algunos de nuestros colegas en otros países europeos. Pero sí creo que en España tenemos la gran capacidad de ser enormemente entusiastas cuando identificamos nuevas oportunidades. Hay una capacidad de innovación, hay un dinamismo social empresarial muy fuerte lo que nos permite construir alternativas relativamente rápido.
De esas alternativas depende que la transición energética sea justa y no cree bolsas de descontento .
Debemos tomarnos muy en serio la generación de esas alternativas. Y más aún al tener claras las limitaciones con las que vamos a vivir: las dificultades de acceso a financiación si no son compatibles con el clima, o los obstáculos que va a generar la falta de credibilidad ante el consumidor final que no va a querer una opción sucia. Por eso, que se generen mensajes un poco confusos, como si fuera verdad que puede haber un modelo que evite o ignore que existe cambio climático, yo creo que nos lo pone más difícil.
¿Cómo piensa desincentivar el uso de automóviles diésel o gasolina con vistas al fin de su comercialización por ley en 2040?
Tengo la convicción de que vamos a vivir saltos tecnológicos a una velocidad muy superior a la que hoy imaginamos. Y saltos en la demanda de los ciudadanos respecto a la movilidad. A todos nos gusta movernos, pero cada vez vamos hacia respuestas mixtas donde no quepa solamente ser propietario de vehículos, sino que utilicemos servicios de movilidad o que el desplazamiento de media y larga distancia se haga de otra manera. También va a jugar un papel la recuperación del ferrocarril y la electrificación de medios de transporte…
Hay países que quieren acelerar el calendario.
Respecto a los vehículos, ya sean coches, furgonetas, autobuses o camiones, estamos viendo cómo se está avanzando también muy deprisa en el calendario. Lo que hemos hecho con la ley ha sido recoger la legislación europea porque, en el fondo, la dimensión europea nos da un espacio, un mercado muy amplio para buscar todas las sinergias en los avances técnicos. Vamos a ver cómo evoluciona la normativa europea al respecto. Ya hay una serie de países que demandan acelerar o anticipar algunas de esas fechas para facilitar precisamente los siguientes saltos tecnológicos. Nosotros queremos ser prudentes. Queremos ver cómo se va plasmando en el diálogo con la industria, con los tecnólogos y con las demandas sociales. Pero, como digo, la impresión es que las cosas están yendo muy deprisa.
De sus palabras se deduce que prevé que la manera de desplazarnos va a ser muy distinta.
Estoy segura de que va a ser así. Cada uno de nosotros, y en eso el efecto de la pandemia ha sido importante, hemos hecho un pequeño ejercicio de reaprendizaje de prioridades. Nos fijamos en qué pasa en nuestras casas y nuestros hogares. Qué pasa en nuestro barrio, nuestra familia, con la salud, el paisaje y la posibilidad de disfrutar de un entorno verde próximo. Se trata de una lista de cosas que hasta ahora dábamos por hechas, y que, de repente, las echamos muchísimo de menos porque no lo podemos vivir con naturalidad: desde el abrazo hasta el entorno de barrio o el paseo tranquilo. Van a cambiar nuestras pautas de vida. Es algo que viene de atrás porque ya teníamos mayor sensibilidad por la calidad del aire, por la salud pública, por la salud de nuestros bebés, de nuestros abuelos, pero ahora se asienta mucho más.
Es decir, ¿el futuro tendrá muchos menos coches?
Sentimos que la sociedad demanda la reducción de vehículos y, desde luego, los vehículos motorizados. Detectamos un incremento importantísimo de la demanda de bicicletas y de recuperación de espacios viales. He vivido unos años en París y no me hubiera podido creer que se iba a producir una revolución como la que se está viviendo con la bicicleta en París, una ciudad enormemente congestionada de coches durante mucho tiempo, y además con ciudadanos que asociaban mucho su estatus al coche que utilizaban. Y eso ha caído drásticamente.
Y me parece que esto nos ocurre a nosotros también. Cada vez más los alcaldes y alcaldesas, pero también los vecinos, se sienten orgullosos de tener ciudades sanas, verdes, con espacios abiertos. Y yo creo que eso va a ir calando y con gran fuerza. Me parece que, en paralelo, tenemos que estar preparados para facilitar todas las infraestructuras para una movilidad diferente, con transporte público, digitalizado y electrificado.
¿Qué hace falta para que los vehículos eléctricos se generalicen?
Estamos a las puertas de vivir el siguiente paso: la movilidad eléctrica. Y nosotros queremos acompañar eso. Para despegar tenemos que asegurar que haya una infraestructura confiable de recarga para nuestras casas, en las vías públicas y en las gasolineras. Que haya una capacidad de modernizar, pero también de democratizar el acceso al vehículo eléctrico, para que lo que hasta ahora ha sido un vehículo restringido por precio a la gama alta, cada vez sea más accesible para las familias medias, los autónomos o el reparto de última milla.
¿Cómo va a controlar el Gobierno que las principales ciudades españolas creen zonas de bajas emisiones para 2023 como indica esta ley?
Aquí hay varias cuestiones importantes. La primera es la demanda social. Lo vivimos en su momento con Madrid Central. Es verdad que ahora atravesamos un momento enormemente perturbador: por una parte, hemos vivido unos meses de restricción absoluta de movilidad y por otra parte la incertidumbre y el miedo ha hecho que mucha gente vuelva a un coche que había dejado y esto no es bueno. En este sentido hay que generar confianza con transporte público de calidad y seguro.
Pero se trata, en definitiva, de que mucha ciudades implementen esta medida.
Hay que trabajar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias es clave. En una primera fase lo que necesitamos es generar instrumentos, facilidades para que las zonas de bajas emisiones se activen cuanto antes y que sea irreversible. En realidad, para que sean irreversibles de verdad, tienen que estar integradas en el ánimo social; si no, es muy difícil que no se produzca contestación. En último término, se irá incorporando otro tipo de debates que tengan que ver con qué beneficio fiscal o con qué tipo de financiación se pueden aplicar a estos proyectos y qué tipo de demanda pueda estar legitimada para recurrir ante los tribunales la falta de acción frente a una obligación por parte de todos.
Usted también tiene las competencias del reto demográfico. Durante la pandemia la natalidad se ha desplomado. ¿Le preocupa ese pico de sierra en la pirámide de población española?
Es verdad que nuestra sociedad es una sociedad envejecida, con carácter general y en una muy buena parte del territorio, todavía más envejecida y todavía más masculinizada, como ocurre en la zona rural. Hasta ahora la fuente de dinamismo más importante ha sido como consecuencia de movimientos migratorios y, por tanto, es una de las recomendaciones que se hace siempre: gestionar correctamente, con el mismo acceso a servicios y calidad de vida, una permeabilidad de acogida de personas migrantes.
Y también es cierto que una de las cuestiones que se plantean, e insisto, tienen mucho que decir los responsables de políticas sociales, es cómo acompañar con la generación de certidumbre y seguridad respecto al empleo, a la renta, a los servicios sociales y educación de calidad para que las familias, para que las mujeres, tomen decisiones sobre dónde vivir. Y mientras vivamos en contextos inciertos sobre cómo, cuándo y de qué manera vamos a tener razonablemente bajo control esta nueva situación tenemos que ser cuidadosos en nuestras estimaciones de evolución demográfica.
¿La expansión de las energías renovables, que en gran medida van a ser en entornos rurales, es una oportunidad para la España vacía o es un riesgo de que esas actividades desplacen a otro tipo de explotaciones agrícolas y ganaderas?
Yo creo que es una oportunidad porque democratiza el acceso a la energía, reduce su coste, facilita alternativas de empleo industriales, de servicios de mantenimiento y el aprovechamiento de recursos endógenos. Pero esto requiere un planteamiento que sea también equilibrado. Es decir, vamos a necesitar activar varias cosas distintas: el autoconsumo, las pequeñas instalaciones, la integración en los edificios, conseguir una máxima eficiencia y el aprovechamiento de biomasa, geotermia, fuerza eólica o el sol… todo ello en función de las circunstancias de cada uno de estos entornos.
Las dudas saltan más con las grandes infraestructuras.
Sabemos que, en paralelo, tendremos también que contar con la instalación de plantas de gran tamaño que debe ser extraordinariamente cuidadosa. No puede ser percibido como una imposición o un abuso por parte de las comunidades locales. Y sí, será importante que haya un retorno para esas comunidades locales. Por tanto, me parece que este es uno de los debates más importantes para gestionar con prudencia, pero también con responsabilidad por parte de todos. Y junto a esto, también surge un antes y un después: unas oportunidades muy importantes de las que se debe beneficiar, también, la España rural. Desde el punto de vista de industria y servicio porque vamos a necesitar componentes, baterías, gestión que se puede hacer desde entornos remotos. Así que, probablemente, nos hallamos ante un cambio de paradigma muy notable.
Un país como el nuestro, en el que la industria turística es tan importante, no puede obviar la necesidad de integrar correctamente la variable climática en todas sus dimensiones
¿Prevé que puedan surgir resistencias del sector turístico cuando los efectos del cambio climático se conviertan en un factor crucial a la hora de hacer el planeamiento urbano?
Este es uno de los ejes más importantes de nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Por un lado, están los impactos físicos: es muy difícil imaginar que nadie tenga ganas de disfrutar de un mes con escaso nivel de agua y a 50 grados. Y, por otra parte, la integración de esas variables con una anticipación suficiente en el propio sector económico. Se está produciendo ya un cambio con respecto a cuál es el patrón o el turismo que se busca. Ya hemos pasado de una primacía de grandes resorts, que evidentemente se mantendrán, no es que desaparezcan, con un turismo mucho más pequeño y mucho más diversificado, no solamente en el territorio, sino también en la temporalidad o la estación del año.
¿El cambio climático creará un nuevo tipo de turista?
Los turistas, las personas que quieren disfrutar de esa experiencia turística y de descanso, van a plantear una serie de cuestiones para las que hay que estar preparados: cómo de eficiente es el consumo de agua, de energía, de integración en el paisaje y en la biodiversidad. O cuáles son las soluciones en la gestión de residuos o en la aplicación de economía circular. De lo que no cabe duda es de que un país como el nuestro, en el que la industria turística es tan importante, no puede obviar la necesidad de integrar correctamente la variable climática en todas sus dimensiones.
¿Cómo valora el cambio en el gobierno de coalición? ¿La salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia y la llegada de una vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, va a hacer más fácil o difícil la vida de la coalición a partir de ahora?
Este movimiento pone de manifiesto la convicción, la voluntad y la madurez de la coalición. El vicepresidente Iglesias adopta una decisión valiente, arriesgada y con evidente peso político, después de haber estado más de un año en el Gobierno y se produce el cambio con total serenidad y tranquilidad. Se incorpora como vicepresidenta Yolanda Díaz. Ella conoce bien la dinámica del Gobierno, nos conoce bien a todos. Se produce con total normalidad y sin ningún tipo de desajuste. Evidentemente, cada uno tenemos nuestro perfil, nuestro carácter, nuestros puntos fuertes y débiles, tanto en empatías y simpatías, pero lo que prima es la normalidad y la madurez en la primera experiencia de gobierno de coalición de España, que ya, de por sí, me parece un gran avance.