La espera para una ayuda a la dependencia es aún el doble de lo que marca la ley pese a la reducción de la lista

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) lleva años monitorizando el sistema de atención a la autonomía y la dependencia (SAAD). Sin embargo, no los presentaba ni los analizaba públicamente. El Ministerio de Derechos Sociales ofrecerá a partir de ahora las cifras trimestralmente para “mejorar la rendición de cuentas y la transparencia” sobre unos servicios de apoyo que cada vez necesitan más personas: ayuda a domicilio, centros de días, atención residencial, prestaciones económicas para cuidados en casa.

Según los últimos datos disponibles, de marzo de 2025, 182.532 personas en España llevan más de seis meses esperando una prestación. La cifra es elevada pero se ha reducido un 40% desde 2020, ha subrayado la secretaria de Estado del departamento, Rosa Martínez. Desde aquel año, que comenzó el plan de choque para rescatar el sistema de la dependencia tras años de recortes y estancamiento, la lista se ha ido aligerando. Hay un 9% menos de personas que en 2022.

Sin embargo, el tiempo medio que esperan los usuarios sigue siendo casi el doble de lo que permite la ley. Son 338 días cuando, según la norma, los trámites deberían quedar resueltos en 180. En el último año, además, este número ha subido en diez días. Con todo, también hay aquí una mejoría respecto a 2020: entonces la cifra se situaba en 457 días.

180 días es el umbral que utiliza el Ministerio de Derechos Sociales para calcular la lista de espera. Es decir, no se incluyen en ella a todas las personas que solicitan una prestación sino solo a aquellas que, en un plazo de seis meses, todavía no han podido acceder a ninguna ayuda. El proceso contempla la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia (del I al III), la asignación de una prestación y el acceso a ella.

Críticas por la forma de medir la lista de espera

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que desde hace años elabora informes periódicos sobre el estado del sistema, rechaza esta forma de contabilizar la lista de espera. En una nota de prensa, la organización acusa al departamento que dirige Pablo Bustinduy de “manifiesta manipulación estadística” y “falta de rigor”, y eleva el número de personas que estaban pendientes de una ayuda en marzo a 278.575. “En el primer trimestre de este año ha aumentado en 8.250 personas”, apuntan, Estos usuarios se desglosarían así: “123.019 personas a la espera de valoración, 129.545 personas a la espera del reconocimiento de la prestación y 26.011 personas esperando recibir la prestación”, señalan en la nota.

Las demoras provocaron que solo en marzo murieran 2.592 personas que, habiendo solicitado una ayuda, no la habían recibido. “Cada vez más personas piden entrar en el sistema. Hemos conseguido reducir las listas de espera y debemos seguir trabajando para reducir el tiempo de espera de solicitudes. La presión en el sistema es grande y durante ocho años tuvo su presupuesto congelado, ahora nos estamos recuperando”, ha justificado Martínez, que admite que “queda mucho trabajo por hacer”.

El Gobierno de coalición puso en marcha hace ahora cinco años un plan de choque que ha aumentado la financiación del sistema en un 150% al multiplicarse la inversión desde el Estado al conjunto, cofinanciado entre las comunidades autónomas y los usuarios (copago). El Gobierno central ha pasado a aportar un escuálido 15% a casi un 29% en pocos años. La intención declarada del actual equipo ministerial es seguir aumentando la aportación estatal hasta los 4.000 millones en el conjunto de la legislatura, lo que supondría un aumento de 400 millones anuales (de 600 a 1.000), aunque de momento este plan está paralizado por la falta de presupuestos. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también lamenta esta “congelación”.

Un 5% más de solicitantes

En este tiempo, el número de solicitudes no ha parado de crecer en un país cada vez más envejecido. Solo en el último año, han escalado un 5,4%, lo que se traduce en 112.026 personas más. Si el cauce del agua va creciendo, también debe hacerlo la capacidad del desagüe, en este caso del sistema, para dar respuesta a esas necesidades.

Hoy hay casi 2,2 millones de personas dentro del sistema: ya sea con una ayuda reconocida o esperándola. De ellas, 1,5 millones están atendidas con algún tipo de ayuda, un 7,6% más que hace un año. De ahora a 2030, el Ministerio calcula que se necesitarán 260.000 trabajadoras más para hacer frente al aumento de la demanda.