En cuanto la pandemia permita celebrar congresos, Toni González Picornell será el próximo representante de los directores de institutos públicos a través de Fedadi, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. En esta entrevista para opinar sobre la Lomloe, este director del IES Pare Vitòria, en Alcoy (Alicante) destaca como aspectos positivos la vuelta de los programas de diversificación curricular para alumnado con problemas que la Lomce (PP) laminó, señala que la desaparición del castellano como lengua vehicular redundará en beneficio de la diversidad autonómica y de los alumnos (“enriquece mucho a la sociedad, una persona bilingüe aprende mejor una lengua extranjera”) y lamenta la campaña de la escuela concertada, que considera injustificada porque el proyecto de ley no “no habla de su desaparición ni mucho menos”.
Entre los debes de la norma, González Picornell lamenta la falta de consenso a la hora de aprobarla y acusa a los partidos de no pensar en la sociedad cuando se enrocan en sus posturas. Este director reflexiona también sobre los conceptos de titulación y promoción, cuestionada por algunos que afirman que se ha rebajado la exigencia y por tanto el nivel, y señala al colectivo de personas adultas sin título como uno de los grandes perjudicados por la rigidez de un sistema que te puede dejar sin la posibilidad de seguir estudiando por tener una asignatura suspensa.
¿Están contentos con el cambio de ley?
Somos positivos. Hay que comparar una ley con la otra y tiene ventajas e inconvenientes. Con la otra ley [la Lomce, a la que sustituirá la Lomloe] desde el primer momento vimos inconvenientes, aunque también es cierto que se modificaron cosas después de publicarla en el BOE, como que no se pudiera titular en la Formación Profesional Básica.
¿Qué partes les parecen positivas?
El hecho de volver a la diversificación curricular [un programa para alumnado con dificultades muy bien valorado por el profesorado que la Lomce eliminó] es muy interesante. En la Lomce estos programas no se podían impartir en 4º de la ESO. El hecho de que la lengua castellana no sea vehicular en sí misma y sea cooficial junto al resto de lenguas de las autonomías pienso que también es bastante interesante. Ayuda mucho a las diferentes diversidades de las autonomías a poder desarrollarnos en nuestra lengua propia. Esto enriquece mucho a la sociedad y da espacios cognitivos a cualquier persona. Una persona bilingüe aprende mucho mejor una lengua extranjera, esto está en artículos científicos. La Lomce daba cierta flexibilidad para impartir materias en lenguas autonómicas, pero nos encontrábamos ciertas barreras. De hecho, en Valencia el programa actual disminuye la carga lectiva de la lengua autonómica respecto al programa anterior. Esto pasó con la Lomce.
¿Y las negativas?
En estas coincidimos bastantes. Nos hubiera gustado tener un consenso con la mayoría de la comunidad educativa. Sé que es complejo y sé el recorrido temporal que hemos tenido con las diferentes leyes orgánicas educativas. Es una lástima que no haya manera de que todos los partidos políticos dejen sus ideales y piensen en la sociedad, para tener un futuro y una ley que tenga unos pilares comunes para todos. En esto coincidimos los profesionales al pie del cañón, pero los partidos políticos no ceden. Hay un caso muy curioso. El otro día hubo una entrevista con [los exministros de Educación Ángel] Gabilondo [PSOE] y [José Ignacio] Wert [PP]. Había que leer entre líneas. Cuando el ministro era Gabilondo había 10-20 puntos del pacto educativo en los que coincidían todos los partidos. Pero luego un partido dice que por mucho que estén de acuerdo con esos 20 puntos va a votar que no. Me gustaría que la sociedad y los políticos rompieran esa barrera. Ya está bien, hay que avanzar.
No acabo de entender las manifestaciones de la escuela concertada. La ley no habla de la desaparición de la concertada ni mucho menos, ni de la desaparición del castellano
¿Cree que ha habido el suficiente debate sobre la ley?
Creemos que falta ese debate, pero también hay que recalcar que falta el desarrollo legislativo, y parece ser que se va a contar más con la comunidad educativa.
Y el debate que sí se ha dado, ¿era sobre las cuestiones más relevantes de la ley o nos hemos dejado lo importante para hablar de cuestiones más secundarias como la educación concertada o el idioma?
Pienso que ha habido un descompás. No acabo de entender las manifestaciones de la concertada. Hay que leer la ley entre líneas, que no habla de la desaparición de la concertada ni mucho menos. Hablamos de una educación pública de calidad. Una concertada tiene fondos públicos y debe comportarse como tal. En la LODE se hablaba de centros subsidiarios de los centros públicos, pero no observo en la Lomloe el detrimento que se ha manifestado de la concertada o la desaparición del castellano. Supongo que el desarrollo irá en esa línea. Se cuenta con la concertada.
Uno de los aspectos que más debate ha generado entre el profesorado es el que tiene que ver con la promoción y titulación, al limitar la ley el número de repeticiones que un alumno puede hacer a dos en toda la etapa obligatoria. ¿Le parece que la Lomloe rebaja la exigencia sobre el alumnado?
La educación no tiene una fórmula matemática, de ciencia exacta, en sí misma. Hay casos de repetición que han aportado resultados positivos y otros que han sido un fracaso. A veces incluso ha llevado a un abandono. ¿Cuál es la línea de medir a qué alumnos sí y a cuáles no? Sería otro debate. Pero sí observamos cómo en nuestros vecinos europeos los alumnos van pasando los diferentes cursos, hacen programaciones y adaptaciones para esos alumnos con deficiencias curriculares, y llegan a cuarto de la ESO con un certificado de estudios, no con un título. En el preámbulo de la ley podemos observar que se pretende que cualquier persona esté hasta los 18 años estudiando, desde los 16 de manera voluntaria. Pero el objetivo es que todo el mundo llegue a tener mínimo un título de FP de grado medio o el Bachillerato y a partir de ahí empezar a andar académica o profesionalmente.
Ustedes abogan por suprimir el título de Secundaria y dar a cambio un certificado. ¿Qué ventajas supondría este certificado respecto al título?
Nos encontramos con tesituras sorprendentes. El título de graduado en ESO equivale a la antigua EGB y 1º y 2º de Bachillerato aprobado. Quiere esto decir que yo tengo casos de personas que tienen la EGB, 1º de Bachillerato aprobado pero en 2º una asignatura suspendida. Por tanto, no pueden entrar en una FP de grado medio, que les daría acceso al mercado laboral –y el nuestro tiene un alto porcentaje de contratación industrial–. Si hablamos de un certificado de estudios de Secundaria obligatoria, en él figuraría el expediente, qué ha superado y qué no un estudiante. Y después el alumno toma la decisión de seguir en Bachillerato o una FP. Pero me estoy encontrando con gente válida de ciertas edades en las que hay dificultad de contratación que por su situación no puede estudiar un ciclo formativo de grado medio y no va a encontrar un puesto de trabajo. Y probablemente las empresas estarían encantadas de contratar a esta gente. Lo he visto yo en mi centro con gente mayor de 50 años, porque los diferentes gobiernos han favorecido estas contrataciones con descuentos en la Seguridad Social. Hay ciertas barreras académicas que hay que cambiar para dar a la gente las oportunidades y que todo el mundo pueda plantearse llegar al objetivo y evitar que una ley les paralice.
¿Llega a su centro mucha gente en estas condiciones? Personas de mediana edad sin mucha perspectiva laboral.
Bastante, uno se sorprende. Me preguntan a veces por el perfil del alumnado. En la ESO y Bachillerato es el alumnado normal esperable en esas etapas, pero cuando entras en el mundo de la FP te encuentras disparidad de edades, que es gratificante, porque esa diversidad implica que todo el mundo se enriquece. Por diferencia de edad, mentalidad distinta, experiencias... se enriquece la formación. He tenido alumnos de 50 años, una alumna de 52 que fue premio extraordinario y obtuvo un contrato fijo. Lo veo cada día.
La ley plantea algunos cambios en la educación especial y apunta a una mayor inclusividad de los alumnos con discapacidad ¿Cree que es posible una inclusión total de todo este alumnado en los centros ordinarios?
La ley apunta en esa dirección, pero no será una realidad. Alguien puede decir que cómo puedo hablar con esta certeza. He tenido la fortuna de tener alumnado con discapacidades, y hay gente que ha seguido el curso normal hasta 4º de la ESO, algunos han obtenido el título, y otros que sus propios padres dijeron que no podían seguir en el centro y lo llevaron a un centro escolar. Va a depender del tipo de discapacidad que se pueda ser inclusivo o no. La infraestructura para esa inclusión se deben mejorar. Construir nuevos edificios para tener más aulas específicas no es tan fácil, hace falta una dotación económica de bastante peso. Pero un porcentaje de inclusión se puede llevar a cabo con los recursos de los especialistas pertinentes. No en todo caso se va a poder. Que desaparezcan los centros de educación especial es imposible.
Se quejan de que no se avanza mucho en la profesionalización de la función directiva. ¿Debería ser un cuerpo profesional especifico como tienen otros países?
Queremos una profesionalización de las direcciones, pero un cuerpo específico de directores resulta complejo. Cuando nos comparamos con otros países europeos hemos visto carencias de liderazgo pedagógico que debe tener una dirección, porque son más técnicos que líderes pedagógicos. En un centro hace falta un líder pedagógico que sea capaz de incentivar el poder llevar a cabo proyectos de investigación.