La mayor tragedia medioambiental de Brasil cumple tres años sin condenados

La mayor catástrofe medioambiental de Brasil, que causó 19 muertos por un vertido de residuos minerales, cumplió hoy tres años con cerca de 400 familias afectadas, las promesas incumplidas y sin ningún responsable condenado.

El 5 de noviembre de 2015 dos diques de la empresa minera Samarco se rompieron y generaron una ola de siete millones de metros cúbicos de residuos minerales (níquel, sílice y hierro) que, mezclada con otros 55 millones de metros cúbicos de agua, enterró varias poblaciones del municipio de Marina y produjo daños irreparables en esa región del estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil.

La catástrofe dejó como resultado 19 víctimas mortales, la mayoría en la propia mina, y en Bento Rodrigues, municipio que desapareció del mapa, y provocó daños incalculables a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del río Doce.

Tres años después muchas familias de las víctimas mortales de esta tragedia aún no reciben la indemnización; la reconstrucción de los hogares de las cerca de 400 familias afectadas todavía no ha comenzado y las investigaciones sobre los responsables continúan sin que haya algún condenado a la fecha.

De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, el cronograma de reconstrucción que fue divulgado hace dos años continúa atrasado y la entrega de los nuevos distritos, prometida para 2019, parece esfumarse.

Aunque ya se tienen las licencias de construcción y la apertura de vías está en curso también se requiere implementar la red de desagüe y luego la pavimentación, obras que deben concluir en unos 22 meses y cuya entrega está prevista para agosto de 2020.

Una de las promesas de la Fundación Renova, responsable por la recuperación del área afectada, es emplear en las obras cerca del 80 % de mano de obra local y se estima que a mediados del próximo año se contraten unas 2.000 personas.

En junio pasado los gigantes mineros Vale y BHP Billiton, controladoras de Samarco, firmaron un acuerdo con las autoridades brasileñas para reparar los daños causados en la catástrofe.

El convenio extingue las acciones judiciales abiertas en contra de las mineras, entre ellas la acción civil pública interpuesta por los gobiernos central y regionales, que demandaban 20.000 millones de reales (unos 5.290 millones de dólares) de indemnización.

En cuanto a las otras demandas, también ante la justicia civil y que pedían una indemnización en total de 155.000 millones de reales (41.000 millones de dólares), serán archivadas todas aquellas que ya estén cubiertas con el nuevo acuerdo.

El resto de acciones permanecerán suspendidas hasta que se compruebe que los programas de reparación puestos en marcha por las mineras atendieron a los afectados implicados en cada caso.