Hace menos de diez días, el organismo público Instituto de Salud Carlos III destituyó como director de su Centro Nacional de Microbiología al biólogo Julio Vázquez por haber cobrado honorarios de la farmacéutica GSK mientras coordinaba el centro. Se trataba de una de las “transferencias de valor” con las que la industria farmacéutica financia a profesionales y organizaciones sanitarias. En 2018 fueron 597 millones de euros, un 20% más que hace cuatro años.
Los listados de ese flujo económico solo se conocen desde 2016. Ese curso se estrenó el nuevo sistema de autorregulación de Farmaindustria –que se adhería así al código de la patronal europea del sector– por el que cada empresa publica cuánto abona cada año. La secuencia de los pagos totales que se ha podido conocer es corta (abarca desde 2015 a 2018) y como sigue: 496, 501, 564 y 597 millones de euros.
Las relaciones entre compañías farmacéuticas y profesionales sanitarios han planteado problemas: han extendido sombras sobre si la recomendación de un fármaco, la financiación pública de determinada vacuna o la adquisición de productos pudieran estar contaminadas por las aportaciones económicas de los laboratorios implicados. Lo más reciente: la negativa por parte del Consejo Interterritorial de Sanidad a incluir la vacuna contra la meningitis B de GSK, Bexsero, en el calendario nacional.
Esa inclusión habría conllevado la compra del producto mediante los presupuestos de las comunidades autónomas. La negativa del organismo público provocó la reacción en contra de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que mostró “su total desacuerdo con esta decisión, así como con su argumentación”. La asociación aseguró que “sigue recomendando la vacunación frente al meningococo B fundamentalmente en los lactantes desde los 2-3 meses de edad”.
Las familias pueden disponer del suero en cualquier farmacia con la receta de un pediatra. Cada dosis cuesta 100 euros y la pauta de aplicación consta de tres. La AEP pidió que Bexsero entrara en los calendarios de las comunidades autónomas. El análisis de los técnicos del Comité público sobre este producto indicaba que su coste-beneficio apuntaba a que el precio asumible sería de tres euros de media por dosis. La AEP ha recibido 499.800 euros de GSK en los últimos tres años, pero esta información no aparece en sus comunicados acerca de la vacuna fabricada por la farmacéutica británica.
Dos grandes bloques
Los pagos tienen dos grandes bloques generales: por un lado se dedican a financiar los congresos médicos o simposios que montan organizaciones profesionales, costear los gastos de particulares para que asistan a esos encuentros y abonar honorarios por servicios prestados. Esos capítulos han sumado 1.130 millones de euros desde que se puede acceder a las transferencias. Y, separados en otra contabilidad, se agregan los proyectos de investigación. Han supuesto 893 millones, según explica la patronal.
El mismo año que se puso en marcha este sistema, en una “reunión científica” anual de oftalmólogos llamada Facoelche, dedicaron su foro “alarma” a estos pasos en transparencia bajo el título: “Llega la compliance. ¿Se acabó la fiesta?”. Farmaindustria reconoce el problema al presentar esta autorregulación como una línea para “prevenir conflictos de intereses y generar confianza en la sociedad sobre la importancia de estas relaciones”.
Farmaindustria califica esos pagos como “colaboraciones en investigación y en formación médica” y entiende que “constituyen uno de los pilares esenciales de la I+D y de la calidad de la prestación sanitaria en España. Clave para la investigación de medicamentos y su uso adecuado que contribuye, además, a la actualización de conocimientos sobre fármacos por parte de los profesionales.”
La médica y diputada regional por Más Madrid, Mónica García, difiere de esa interpretación: “El conocimiento es seguramente el mayor valor intangible de cualquier sistema sanitario y, por lo tanto, es demasiado valioso y corruptible como para confiárselo solo a los intereses particulares del mercado de la farmaindustria”.
En aquel Facoelche de 2016, un oftalmólogo jefe de servicio en un hospital público justificaba las transferencias: “Siempre hemos tenido el apoyo de la industria que ha cubierto ese papel que de alguna manera debería haber cubierto el sistema sanitario”. En su intervención pública insistía en que “la administración está incumpliendo en mantener la formación continuada de los profesionales y darles una tabla remunerativa que les permita afrontar todo eso. Eso se ha subsanado con la ayuda de la industria”.
En ese sentido, Mónica García, cambia la perspectiva para asegurar que “es inconcebible que una empresa como la sanidad pública no se haga cargo de la formación y el conocimiento de sus profesionales. Solo así se podrían limitar las consecuencias tanto en salud como en gasto innecesario de esas relaciones viciadas entre administraciones, sociedades científicas, profesionales y las farmacéuticas”.
Sin control oficial, ni siquiera de Hacienda
Con todo, este código ético no es una regulación legal obligatoria. Se trata de un pacto voluntario para las compañías que estén adscritas a Farmaindustria. Cada empresa elabora su listado y lo publica según su criterio: algunos son bastante accesibles y otros mucho más intrincados. No existe un estándar que los unifique.
Al final, esa transparencia se convierte en 190 listados diferentes ubicados en sedes distintas. Miles de entradas escasamente sistematizadas. De hecho, esos documentos introducen leyendas que indican que, de su consulta, “no se deriva una habilitación” para, por ejemplo, realizar el “cruce con las informaciones publicadas en los sitios web de otros asociados”. Eso significa que si se quiere comprobar con precisión cuánto dinero recibe al año una determinada asociación médica o un responsable de servicio desde la industria, deben revisarse los datos de cada compañía por separado.
Estos avances voluntarios sin fiscalización oficial hacia la transparencia implicaron una pequeña revolución por parte del colectivo médico. Muchos sanitarios se negaron a que, al darse publicidad con nombre y apellidos a las cantidades que sumaban los gastos de matrícula, asistencia o alojamiento a congresos, seminarios o eventos, el Ministerio de Hacienda pudiera exigir la tributación en especie. La normativa fiscal ya pedía esa declaración –como recordó el Ministerio de Hacienda–, pero eran datos poco rastreables.
Lejos de aplicar esa regulación, y tras votar una proposición no de ley defendida también por Ciudadanos, el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, accedió a modificar el reglamento: “Se dotará de mayor precisión a la norma, al clarificar que no tiene la consideración de rendimiento del trabajo en especie la participación de los trabajadores sanitarios en cursos de formación financiados por terceros que comercialicen bienes o servicios”. Se dejan así exentos de tributación esos pagos a los profesionales que acudieran a encuentros profesionales a costa de los fondos transferidos por los laboratorios.