Más transparencia y menos privilegios: la revolución económica de Bergoglio en el Vaticano le genera (más) enemigos

Pocas semanas después del histórico fallo de los Tribunales Vaticanos que condenaba al cardenal Angelo Becciu a cinco años y medio de cárcel por malversación de fondos de la Santa Sede, el Papa Francisco ha dado un paso más para apuntalar el control del dinero que gestiona la Curia vaticana. A partir de ahora, gracias a un decreto pontificio, se establecen controles especiales a las operaciones que hagan los organismos vaticanos por montantes que superen los 150.000 euros y el 2% de su patrimonio, al tiempo que se ajustan los mecanismos de contrataciones para confirmar la exclusión de las licitaciones de las empresas con sede en paraísos fiscales. 

Una respuesta clara a la sentencia que el pasado 17 de diciembre condenaba a Becciu y a otros nueve implicados en la mayor trama de corrupción económica en la Santa Sede desde los tiempos de Marcinkus y el Banco Ambrosiano. Y es que, precisamente, los tribunales consideraron probado que quien fuera número tres del Vaticano utilizaba fondos del Óbolo de San Pedro (el dinero que el Papa utiliza para sus obras de caridad) para la compraventa de edificios de lujo, la creación de una ‘diplomacia paralela’ a la de la Santa Sede y donaciones para empresas de familiares y amigos. Una decisión que marcó un camino sin vuelta atrás, que las últimas decisiones vaticanas no hacen sino confirmar.

No sin dificultades, pues el saneamiento de las finanzas del Vaticano ha sido el gran caballo de batalla del papa Francisco a lo largo de estos casi 11 años de pontificado. Mucho más que las tibias propuestas de apertura en lo tocante a la moral sexual, el papel de la mujer o las cuestionadas bendiciones a parejas ‘irregulares’, la razón que ha motivado la escalada de los ataques contra Bergoglio ha sido la cuestión económica, hasta el punto de que la Secretaría de Economía ha sido el sillón maldito de la reforma de la Curia.

El sillón maldito y la reforma

El fallecido cardenal Pell fue quien inició el proceso de investigación y la reforma de la gestión económica vaticana, y quien puso el foco en Becciu y otros curiales, pero acabó siendo condenado –y posteriormente exonerado– en un confuso caso de abusos sexuales a menores. Su sucesor, el jesuita español Juan Antonio Guerrero, también abandonó antes de tiempo su oficina en la Torre de San Juan, uno de los edificios más antiguos tras los muros vaticanos y desde donde comenzaron a ponerse las bases de la reforma económica. Dimitió, oficialmente, por motivos de salud.

Las filtraciones a los medios de documentos secretos del mal llamado ‘Vatileaks II’ –algunos de cuyos protagonistas también acabaron implicados en el escándalo del palacio de Sloane Avenue en Londres– fueron otros de los métodos empleados por la Curia tradicional para no perder sus privilegios.

Sin embargo, Francisco logró que, hace ahora casi dos años, se aprobara Praedicate Evangelium, la constitución apostólica de reforma de la Curia. Una reforma que, más allá de modificar los nombres de los organismos curiales, buscaba cambiar radicalmente el modo en el que se hacían las cosas en Roma.

Así, el Papa rebajó sensiblemente el sueldo a los cardenales y jefes de dicasterio, que desde este mes de enero deben pagar de su bolsillo sus alojamientos. Atrás quedaron los palacios en los que residían, gratis et amore, destacados curiales, aun cuando habían dejado de serlo, como en el caso de dos de los grandes enemigos del papa Francisco: el norteamericano Raymond Burke y el otrora secretario personal de Benedicto XVI, Georg Gänswein, ahora ‘exiliado’ por el Papa a Friburgo.

Justificar todo, euro a euro

A su vez, se determinó que todos los gastos de los dicasterios, comenzando por la Secretaría de Estado –de donde surgió el ‘caso Becciu’–, debían pasar por la Secretaría de Economía. Euro a euro. Y que se debía justificar cada gasto. El Motu Proprio de esta semana, además de justificar gastos, exige la aprobación del ‘ministerio’ de Economía vaticano para cualquier acto que supere los 150.000 euros o el 2% de los costes del organismo, cuyos balances deben estar auditados, al menos, en los últimos tres años.

La reforma no está solo en la cantidad, sino también en la calidad de las inversiones. Así, en otro decreto firmado el pasado martes por el Papa, Francisco dispuso como criterios a seguir para las contrataciones de los organismos vaticanos “el uso sostenible de los fondos internos; la transparencia del procedimiento de contratación; la igualdad de trato y no discriminación de los licitadores; la promoción de una competencia efectiva entre licitadores, en particular mediante medidas capaces de combatir los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción”.

Por el contrario, se excluirá cualquier inversión que provenga de quien “es residente o está establecido en Estados o territorios que tengan regímenes fiscales privilegiados según las disposiciones organizados por instituciones internacionales, según lo definido por disposición de la Secretaría de Economía, o sean propiedad directa o indirecta de entidades residentes o establecidos en los Estados o territorios antes mencionados”. Esto es: el Vaticano no puede invertir en paraísos fiscales. Y el objetivo del Papa es que su Estado tampoco lo sea. Trabajo tiene, aunque el Consejo de Europa (a través de Moneyval) parece haber dado el visto bueno a las reformas.

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