Acceder a un método anticonceptivo de larga duración o a la píldora de emergencia gratuita puede ser entre fácil e imposible. Un informe de la Federación de Planificación Familiar (SEDRA) muestra las disparidades que existen entre comunidades autónomas en cuanto atención a la anticoncepción, “una realidad marcada por la heterogeneidad y las inequidades”. Tres de ellas –Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha– no dispensan la píldora anticonceptiva de emergencia gratis en ninguno de sus servicios, salvo en casos de agresión sexual, a pesar de que la ley de salud sexual y reproductiva así lo establece. En Madrid, solo es posible acceder gratuitamente a ella en los Centros Municipales de Salud Comunitaria.
El informe incluye un mapa por autonomías en el que evalúa la situación en cada una, y las clasifica en tres categorías de atención a la salud sexual: excelente, óptima, mejorable o muy mejorable. Para ello tiene en cuenta el acceso a los recursos y su organización, la existencia o no de estrategias y planes concretos, la formación del personal profesional, o la gratuidad de métodos anticonceptivos .
La dispensación libre de la píldora de emergencia, junto con la gratuidad universal de los métodos anticonceptivos de larga duración son, según SEDRA, dos de las “iniciativas más potentes” que las comunidades pueden poner en marcha para garantizar los derechos sexuales de quienes tienen capacidad reproductiva. Sin embargo, en ambos casos la situación entre territorios es muy desigual.
Mientras que Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha y, en parte, Madrid, no incluyen la gratuidad de la anticoncepción de emergencia, el informe destaca que el resto, no solo la dispensan gratuitamente, sino que realizan “un acompañamiento de calidad” a las usuarias. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Navarra. Además de la gratuidad, el informe subraya que a más horarios de atención y servicios que ofrezcan la prestación, mejor será el acceso a la píldora.
Esas tres comunidades en las que la píldora de emergencia no está disponible de manera gratuita incumplen la ley de salud sexual y reproductiva aprobada en febrero del año pasado. “Se garantizará la dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de atención especializada, atendiendo a la organización asistencial de los servicios de salud de las comunidades autónomas y entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud”, dice la norma.
SEDRA destaca que los métodos anticonceptivos de larga duración –como el DIU, las inyecciones o parches hormonales, o el anillo– son los “más eficaces y coste-efectivos” para evitar embarazos no planificados y disminuir la tasa de abortos. “Sin embargo, la realidad es que existen diversas barreras que dificultan el acceso de las personas que desean utilizar este tipo de métodos”, sostienen. Una de esas barreras es el coste, pero también las listas de espera para colocar y retirar DIU o implantes. Esas listas crecen allá donde esta competencia es exclusiva de especialistas en ginecología.
En Aragón todos los métodos de larga duración son gratuitos y la colocación y retirada del implante se realiza entre la atención primaria y los servicios de ginecología, un reparto que ha reducido las listas de espera y acelerado los procesos de colocación. Por contra, en Castilla y León la gratuidad depende de cada centro y las colocaciones y retiradas dependen en exclusiva de ginecología, lo que hace que la lista de espera media sea de casi diez meses. Castilla-La Mancha ofrece gratis los dispositivos intrauterinos hormonal y de cobre, pero dependen de la atención especializada, “en consecuencia, aunque la accesibilidad financiera es parcial, las listas de espera son relativamente largas”.
La Federación de Planificación Familiar reclama que exista un acceso universal a todos los métodos de larga duración, así como ampliar el perfil de profesionales que puedan colocarlos y retirarlos, salvo en casos complejos, para reducir listas de espera y garantizar un acceso temprano que evite embarazos no planificados. El informe subraya la relevancia de las matronas y pide priorizar su formación dado que “su perfil profesional es clave dentro del circuito de atención a la anticoncepción”.
Compromiso político
A la “heterogeneidad y las inequidades” entre comunidades también contribuye la voluntad política. “La falta de políticas públicas consistentes y el impacto de las transiciones políticas son factores que dificultan el desarrollo de estrategias uniformes en todo el territorio”, señala el informe. Aunque la anticoncepción está incluida en la cartera de servicios de las comunidades, no todas tienen una estrategia o programa de atención especializada. Solo cuentan con uno Aragón, Asturias, Catalunya, Canarias, Comunitat Valenciana, La Rioja, y Murcia. SEDRA pone como ejemplo a Aragón y Catalunya, que “demuestran que es posible mejorar la accesibilidad y calidad de la atención mediante la implementación de planes bien estructurados y la promoción de la figura de la matrona”.
La voluntad política ha sido uno de los “frenos” a la puesta en marcha de políticas públicas en anticoncepción que más ha encontrado la Federación en las entrevistas hechas para elaborar este estudio. También “los procesos de transición política” hechos después de las últimas elecciones autonómicas en algunos gobiernos. “Destaca que el hecho de que no sólo las y los profesionales de aquellas comunidades donde no existe un plan o programa perciben esto como un factor dificultador de cara al desarrollo de políticas públicas en anticoncepción; sino que también las y los profesionales de las comunidades que sí cuentan con planes o programas consideran que estas transiciones políticas ponen en peligro los logros conseguidos hasta la fecha”, señalan.
Que existan políticas públicas es imprescindible, concluyen, para que haya una atención a la anticoncepción “accesible y de calidad”.