La educación se acerca a una encrucijada. Las cifras de contagios suben con carácter general, las familias (y muchos docentes) protestan por el modelo de enseñanza semipresencial e incluso lo denuncian en los tribunales (en el caso extremo de Murcia, que la aplica a todas las edades) o el Defensor del Pueblo, pero otros profesores alertan contra la inseguridad que supondría pasar a uno 100% presencial. Todo a la vez no puede ser, y la tendencia apunta a que si hay una evolución en algún sentido, va a ser hacia más restricciones a la hora de acudir a los centros de estudio: comunidades como Catalunya, que empezó el curso con todos los alumnos en clase, han pasado a la semipresencialidad en Bachillerato y FP. Aunque otras, como Castilla y León, Navarra, Canarias y Euskadi, resisten con un 100% de presencialidad. A estas tres comunidades se suman Canarias –que mantiene su modelo habitual que incluye una parte de oferta educativa semipresencial– y Cantabria que ha logrado mantener la Secundaria en el aula, pero no la Formación Profesional (FP). A nivel local también se han dado casos de colegios que han pasado de la semipresencialidad a la presencialidad absoluta.
De momento, las administraciones educativas –Ministerio de Educación incluido– defienden que clausurar las escuelas como en marzo es la última opción. “Los colegios serían los últimos en cerrar si la situación empeora”, ha dicho la ministra Isabel Celaá en alguna ocasión. Pero todas las comunidades tienen –o deberían– escenarios de cierre previstos a los que quizá tengan que recurrir. Los docentes, un cuerpo heterogéneo donde los haya, están divididos. Podría afirmarse que (casi) ninguno considera que la educación semipresencial sea una buena solución, pero muchos la ponen en la balanza y creen que “es la menos mala” ante la pandemia y “mucho mejor que meter más alumnos en las aulas” con los datos de incremento de los contagios en mano. En Europa, la situación es bastante similar: las escuelas deben resistir.
“Estamos en estado de alarma”, explica un docente su rechazo a una mayor presencialidad. “En Aragón hemos pasado en un mes de 300 a más de 1.000 casos por 100.000 habitantes (cuando la Universidad de Harvard recomienda cerrar por completo un colegio con más de 25 casos por 100.000), una positividad del 8% a más del 20% (cuando la OMS considera que con más de un 5% la situación está descontrolada), dentro de poco vendrá el frío de verdad y será muy complicado ventilar las clases, tenemos confinamiento perimetral, reducción de aforos en todos los ámbitos (menos en el escolar, en el que no se aplican las misma leyes que para todos).... ¿Y lo único que se les ocurre es meter aún más alumnos en las aulas, sin distancias de seguridad, sin EPIs para los docentes, con una vigilancia epidemiológica desbordada y sin recursos suficientes, con unos adolescentes que en algunos casos incumplen las normas? ¿No se han enterado que estamos en una pandemia?”, resume el pensar de muchos.
Los datos de Sanidad no contribuyen a la tranquilidad de los docentes. El mensaje oficial, en base a los fríos números de contagios en los centros educativos, es que las escuelas son lugares seguros. Los docentes rechazan esta afirmación bajo el argumento de que si no se hacen pruebas no se pueden detectar positivos: “El Gobierno de Aragón [y tantos otros] no hace pruebas en Secundaria cuando hay un caso positivo en la clase (yo ya he tenido varios alumnos positivos y hemos seguido las clases como si tal cosa, sin tomar ninguna medida)”, explica Daniel, docente en Zaragoza.
Los datos periódicos que ofrece Sanidad sobre brotes (que no contagios) refuerzan esta percepción de inseguridad: los centros educativos son el segundo entorno en el que más brotes se detectan, con un 13,82% del total y 211 brotes en la última semana, por encima del laboral (el ámbito de trabajo registra 172 brotes, el 11,72%) y solo por debajo, pero no tanto, del denostado ámbito familiar (248 brotes, 16,25% del total), destinatario de casi todas las medidas de contención. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que la mayor parte de los brotes en el sistema educativo se producen en la ESO, justo donde se da la semipresencialidad.
Y, sin embargo, lo que para algunas comunidades es un imposible es bien real en otras: Castilla y León, Euskadi, Canarias y Navarra han hecho una apuesta y un esfuerzo por mantener la presencialidad de todo el alumnado a base de profesorado y protocolo. En Navarra ya han anunciado que no planean renunciar a ella bajo ningún concepto.
800 profesores en Castilla y León
Castilla y León es una de las pocas autonomías que ha apostado por las clases presenciales en todos los niveles educativos, incluida la enseñanza de Bachillerato, informa Alba Camazón. Los estudiantes dan clase con distancia de seguridad, mascarilla y las ventanas abiertas e incluso se han organizado clases por la tarde en algunos centros para evitar las aglomeraciones. También se han establecido diferentes horarios de entrada y salida, además de los recreos. La Junta de Castilla y León ha establecido ratios de hasta 22 para Infantil y Primaria (antes 25) y 25 para Secundaria (30 hasta ahora) y Bachillerato (35), para lo cual contrató 800 profesores al principio de curso.
Sí son constantes, como en el resto de las comunidades, los estudiantes cuarentenados por contacto reciente, aunque eso no afecta a sus compañeros. Las clases no se cierran hasta que no haya un confirmado en el aula. En ese caso, la dirección se hace cargo cuando existe un alumno en clase con síntomas compatibles de COVID-19 y se le realiza una PCR en el sector privado, puesto que la mutua es la responsable, pero el análisis corre a cargo de las universidades. Si el progenitor o tutor lleva al menor al centro de salud, se hace cargo Atención Primaria. En el momento en el que se confirma, se aísla a toda la clase.
Actualmente hay 201 aulas en cuarentena, el máximo hasta ahora según los datos de Transparencia de la Junta. Este número de aulas confinadas crece a medida que aumenta la incidencia acumulada en Castilla y León, que es de 832 casos por cada 100.000 habitantes. Desde que comenzó el curso, se han confirmado 276 alumnos contagiados y 30 profesores con COVID-19.
El único cambio registrado en la región en los últimos días afecta a la Formación Profesional, siempre con esa imagen de hermana pobre de la educación académica. Las prácticas de esta etapa formativa se adaptarán a la situación sanitaria, según ha comunicado la Consejería de Educación castellanoleonesa, por la vía de reducir sus horas al mínimo legal.
Navarra consultó con las familias
Navarra, a pesar de ser una de las comunidades con mayor incidencia acumulada de contagios del país, ha conseguido mantener la educación 100% presencial en todos los niveles educativos: desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, informa Rodrigo Saiz. Este era el principal objetivo del Departamento de Educación cuando en el proceso de desescalada se comenzó a preparar el inicio del presente curso escolar. Para no “truncar la oportunidad formativa de ningún ciudadano”, el Departamento consideró que era “fundamental” la vuelta a las aulas de todo el alumnado y para ello se elaboró un protocolo de prevención y organización del curso académico 2020-2021.
Un protocolo que fue acordado con los centros educativos y las asociaciones de madres y padres, que pudieron plantear y añadir modificaciones, y que establece cuatro escenarios en función de “la realidad sanitaria del momento”: los dos primeros, contemplan la educación 100% presencial; el tercero, semipresencial, combinadno clases en el aula con otras a través de internet; y el cuarto y último escenario un cierre de todos los centros educativos y la vuelta a las clases a través de internet. En estos momentos se está en el segundo escenario, así lo han decidido el Departamento de Educación y el de Salud, que permite unas ratios máximas de 25 en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 33 en Bachillerato (manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos siempre), con un aumento proporcional del profesorado en función de cuánto se excedan los 20 alumnos por aula recomendados.
De esta forma, el 100% de las clases se están desarrollando en el aula, incluso en aquellos municipios con mayor incidencia de COVID-19 y que están cerrados perimetralmente. Esto se ha podido lograr en gran parte por la elevada trazabilidad que hay en Navarra, en torno a un 70%. Es decir, que se tiene localizado el origen de la infección del 70% de los positivos, y es posibilita detectar rápidamente los brotes y confinar a los positivos y sus contactos antes de que la cadena de contagio se haga más grande. También ha influido el que se hayan creado grupos de convivencia entre los alumnos, se haya fijado la jornada continua y se hayan cancelado las actividades extraescolares. Así, se ha conseguido convertir los centros escolares “si no como feudos, como lugares seguros y no vulnerables”, en palabras del consejero de Educación, Carlos Gimeno.
En la actualidad y según el último dato disponible apenas un 3,6% de todo el alumnado navarro se encuentra confinado por ser positivo o contacto de un positivo (2.232 escolares en total) y, además, la gran mayoría de estos contagios no se han producido en el entorno escolar. Por ello, la intención del Gobierno foral es mantener el 100% de la presencialidad en las aulas, incluso en escenarios más duros de confinamiento. “Si no hay una evidencia científica contundente que indicase que habría que ir a una fase tres, con reducción de ratios generalizada y una semipresencialialidad, Educación abogaría por mantener esa situación dos y tener actuaciones concretas y localizadas en determinados centros en los que se perdiese por parte de los técnicos de salud la trazabilidad”, señalaba el consejero de Educación.
Las familias piden a Euskadi que relaje el protocolo
El País Vasco se mantiene en el escenario 1, con el que inició el curso, de presencialidad total en las aulas, incluida la Universidad. El metro y medio de distancia entre alumnos, uso obligatorio de mascarillas cuando esta distancia no sea posible se articulan como principales medidas de seguridad. Y de momento están funcionando: solo hay un centro clausurado, y se cerró ayer por un brote, informa Iker Rioja. En total hay en la comunidad 115 centros afectados y 192 aulas clausuradas, un 1,09% del total. De hecho, el protocolo de seguridad hasta les parece excesivo a las familias, que han solicitado al Gobierno vasco que lo suavice para dar una educación “más humana y que garantice el bienestar integral” a sus hijos. Entre las reivindicaciones de las familias, que puedan salir más al exterior y hacer ejercicio físico sin la mascarilla.
Está por verse la respuesta del Ejecutivo vasco a esta cuestión, aunque de momento lo que sí parece es que no tiene intención de de tocar la presencialidad mientras pueda. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó hace dos semanas que continuarán manteniendo la apuesta por las educación presencial porque todos los agentes de la comunidad educativa piensan que “es la mejor opción”, ya que garantiza “la equidad y la igualdad” de los alumnos.
Los casos canario y cántabro
Canarias podría considerarse la cuarta comunidad que mantiene la presencialidad al 100%, aunque su sistema habitual presenta una amplia oferta formativa de educación semipresencial, tanto en la Formación Profesional, a partir de los grados medios, como en el Bachillerato, explican desde la Consejería de Educación. Pero en las etapas obligatorias sí están acudiendo los alumnos a clase. El número de grupos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato cerrados a consecuencia de la COVID-19 en Canarias subió hasta 51 la semana pasada frente a los 47 de la anterior, según informó el viernes el Gobierno Autónomo, destacando, en todo caso, que solo suponen un 0,3 % de los más de 17.000 que suman los centros públicos, concertados y privados de las islas.
Cantabria está casi en la presencial al 100% también, aunque los sindicatos auguran un temprano paso al escenario 2 de semipresencialidad. Solo ha faltado la FP, de la que la consejera de Educación afirmó que “el número de alumnos era muy elevado” y desde un principio funcionó bajo el escenario 2. Para el resto de etapas, la consejería no estableció unas ratios mínimas por clase excepto en Infantil y Primaria, donde los fijó en 25. En el resto, tantos como quepan en clase siempre que mantengan 1,5 metros de separación entre ellos. La mascarilla es obligatoria para todos, excepto Infantil, que aún así la debe utilizar en el comedor y el transporte público. La comunidad tiene 12 aulas en cuarentena de un total de 2.654, apenas un 0,45%, según datos de la Consejería de Educación.
Estos casos demuestran que, si se quiere, se puede (al menos hasta que los datos lo desmientan). La situación que se ha vivido al menos en unos cuantos colegios en zonas con no mucha densidad de población en Aragón, a los que bien entrado el curso escolar les permitieron pasar de semipresenciales a 100% presenciales, también apunta al trazo grueso con el que se diseñaron las políticas educativas en verano, denuncian los profesores. Nadie sabe hacia dónde va a evolucionar la situación educativa, pero la consigna es clara, repetida desde todos los ámbitos: cerrar las escuelas es la última opción. Aumentar la presencialidad en estos momentos también parece descartado.
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*Este artículo ha sido editado a las 15.35 para incluir a Canarias entre las comunidades que sí mantienen la presencialidad, especialmente en las etapas obligatorias, omitida previamente.