Las tres grietas del pasaporte COVID que algunas comunidades quieren imponer en interiores

Algunas comunidades autónomas quieren ampliar el uso del pasaporte COVID. El Ministerio de Sanidad ha evitado pronunciarse al respecto y ha remitido al uso avalado por la Unión Europea –viajar entre países miembros–, pero la propuesta ha despertado debate entre los consejeros de salud ahora que dos autonomías la han puesto en marcha por su cuenta.

Galicia exige desde hace dos semanas el certificado de vacunación o una prueba negativa para acceder al interior de restaurantes, bares de copas y discotecas, y Canarias lo hará desde el próximo lunes en Tenerife. “La otra opción era cerrar estos negocios”, ha defendido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El certificado digital de la Unión Europea nació con un carácter puramente internacional y para facilitar el turismo exterior este verano. España ha emitido más de 11 millones de pasaportes desde principios de julio con esta finalidad. Para usarlo a nivel nacional, como proponen Galicia y Canarias, “sería necesaria una regulación legal”, ha advertido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión interterritorial. Andalucía, Aragón y Madrid apoyan darle otros usos con la condición de que el Gobierno lo regule. “Las comunidades pueden exigir pruebas, entra dentro de sus competencias”, ha dicho Darias para desmarcarse de la decisión.

Pero también hay regiones que se han cerrado en banda. Catalunya rechaza “perjudicar” de esa manera a quienes todavía no han recibido la vacuna y la Comunitat Valenciana tampoco cree que sea “oportuno ni correcto” desde una “perspectiva de equidad”. Estas complicaciones llevan meses debatiéndose en los foros de epidemiología y bioética. “La OMS emitió un comunicado el pasado febrero oponiéndose a este pasaporte porque el acceso a las vacunas no es universal y solo se ofrece en los países ricos”, recuerda Fernando García, coordinador del grupo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología.

No obstante, varios países europeos están apostando por el pasaporte COVID para restringir actividades ante la oleada de casos. Francia, Portugal, Grecia o Italia han seguido la senda que marcó Israel con su “pase verde”, mediante el cual solo las personas vacunadas pueden acceder a locales de ocio, cultura y deporte. Si España se sumara finalmente a la medida, habría que revisar el marco legal, ético y técnico y solucionar tres grietas principales de este pasaporte de vacunación.

En contra del principio de equidad

Fernando García diferencia el caso de España del de Francia o Italia, donde la reticencia social a la vacuna está más extendida. El objetivo expreso del Gobierno galo es dirigir las restricciones hacia los no inmunizados, algo que ha tenido su efecto en el país y ha servido para acelerar la campaña de vacunación. En España, la inmensa mayoría de las personas que están sin vacunar es porque aún no han recibido su cita. De ahí que los grupos más afectados por los contagios sean los jóvenes de 15 a 29 años. “La exigencia del certificado solo tendría justificación ética cuando todo el mundo haya tenido oportunidad de vacunarse”, diferencia el también portavoz de AMaSaP, la asociación madrileña de Salud Pública.

“Lo lógico sería implantar esta medida en septiembre, cuando todo el mundo haya podido acceder a sus dosis. Antes no, porque genera una discriminación”, alerta el experto en ética. Vacunar a todos los jóvenes “requiere su tiempo y no puede anticiparse”, así que expulsarlos de ciertas actividades echaría por tierra el principio de equidad que ha distinguido al plan de vacunación español. “Dividirlo por franjas de edad fue una decisión acertada frente a otros países que abrieron las citas indiscriminadamente en lugar de centrarse primero en proteger a los más vulnerables”, destaca García. 

El equilibrio entre la protección de la economía, la salud y las libertades individuales se debate con esta medida, que no afectaría solo a los jóvenes, como reivindican los expertos en ética sanitaria. “No podemos olvidar que hay bolsas de población alejadas del sistema sanitario y a las que les resulta más difícil acceder a la vacunación, como personas sin hogar y migrantes”, expresa el portavoz de AMaSaP. “En España, si conseguimos una inmunidad alta, por encima del 85%, no habría lugar a que se exigiera el certificado para otras actividades distintas a viajar”, indica, “así que hay que poner más énfasis en la vacunación y no tanto en los pasaportes”.

Los test de antígenos, fuera del pasaporte

Otra de las dudas que despierta el certificado COVID es que no recoge los resultados de los test de antígenos. Estas pruebas forman parte del registro del Ministerio de Sanidad junto con las PCR y, de hecho, en la última semana España ha hecho casi medio millón. Sin embargo, la UE no las reconoce aptas para acreditar que una persona ya pasó la enfermedad o que tiene un resultado negativo. “Es normal que para viajes internacionales exijan una PCR”, entiende Fernando García. “No me parece una decisión acertada que cualquiera pueda ir a una farmacia, comprar un test de antígenos y demostrar que no porta el virus. No los quieren incluir para que no sea un coladero”, entiende.

La razón es que los test de antígenos están indicados para personas con síntomas. Sin ellos, la probabilidad de obtener “falsos negativos” aumenta. No obstante, varias autonomías han incorporado este tipo de pruebas a sus sistemas de salud desde hace meses, como Catalunya o Navarra. “Cuando los test de antígenos estén aplicados de forma correcta por un sanitario y demuestren que no hay infección activa, lo lógico es que se incluyan en el certificado, aunque sea junto a un informe médico”, considera el experto. 

Hasta su llegada a las farmacias, la popularidad de los test de antígenos ha sido cambiante. Al principio se criticaron por ser menos precisos que las PCR, aunque también más económicos. Con los meses se amplió su uso y varias comunidades los incorporaron a sus sistemas de salud. Algunas incluso los usaron para realizar cribados masivos que “tenían un sentido más propagandístico que sanitario”, como recuerda García en el caso de Madrid. Ahora, aunque no cuentan para el certificado europeo, sí sirven a nivel interno para entrar a los bares de Galicia y Tenerife, por ejemplo.

Vacunados con dos dosis y contagiados, un problema “serio”

El pasaporte COVID acredita la pauta completa. El ciudadano deberá haber recibido su última dosis al menos en los 14 días previos al viaje. De esta forma, no necesitará presentar una PCR que demuestre que no está infectado. Pero ¿qué ocurre en caso de reinfección? Según los datos de Sanidad, el 5,5% de los contagios actuales se han dado en personas vacunadas. Es un número muy bajo y que entra en las probabilidades iniciales del “fallo vacunal”. La vacuna no evita la infección, sino que “reduce la enfermedad sintomática y grave”, señala García. “Disminuye la transmisibilidad pero no la elimina por completo, y tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad”, recuerda.

Las alarmas saltaron con el testimonio de Chiara Fossi en el diario Corriere de la Sera, una profesora italiana que, tras completar su pauta de inmunización con AstraZeneca y de recibir su pasaporte COVID, volvió a contagiarse. “Yo me he aislado, pero una persona con menos sentido cívico podría haber ido donde quisiera con el certificado. ¿Cuál es su verdadero valor si no se actualiza cuando una persona vacunada se contagia?”, se preguntaba la docente. 

“La solución sería pedir PCR, que aunque no son infalibles detectarían a los portadores o los cribarían de alguna forma”, recomienda el experto en bioética. García reconoce que este agujero en los certificados es un problema serio teniendo en cuenta la subida de contagios en todos los grupos de edad. “Sobre todo por encima de 70 y 80 años, donde se han multiplicado por 11 en las últimas semanas”, identifica. Aunque no se manifiesta a través de una forma grave de la enfermedad, estas personas pueden seguir portando la enfermedad, lo que reduce la utilidad del pasaporte COVID tal y como está planteado actualmente.