El fiscal del Constitucional apoya una solicitud de exhumación de restos de víctimas del franquismo
Las demandas de las víctimas de los crímenes del franquismo han llegado al Tribunal Constitucional, y por primera vez han sido escuchadas. Pero no por el órgano en sí, sino por el fiscal, que ha apoyado una solicitud de exhumación de restos de víctimas en el Valle de los Caídos, en contra del criterio del TC, que había inadmitido el recurso de amparo de María Purificación Lapeña. Se trata de recuperar el cuerpo de su abuelo y de su tío abuelo, asesinados por el régimen de Francisco Franco y enterrados en unos columbarios del mausoleo.
La mujer acudió primero a los juzgados locales de San Lorenzo de El Escorial, donde su causa fue sobreseída y archivada. El peregrinaje continuó en la Audiencia Provincial y, tras ser de nuevo archivada, su abogado, Eduardo Ranz, decidió quemar la penúltima bala (antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) presentando un recurso de amparo en el Constitucional.
Aunque no fue admitido, con el argumento de que no es materia del Constitucional pronunciarse sobre este asunto, la llegada hasta el máximo órgano judicial español no ha sido en vano: por primera vez desde que se aprobara la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional, la Fiscalía se ha posicionado en contra del criterio de su tribunal.
El responsable de esta decisión es Manuel Miranda, quien ha presentado un recurso de súplica pidiendo la admisión de la solicitud de amparo. Según su criterio, la decisión del Alto Tribunal (y la de los órganos judiciales anteriores) demuestra la negativa de “escuchar” las demandas de los familiares de las víctimas, lo que provoca “el bloqueo del acceso a la justicia” a estas personas.
Esta postura, inédita en el Constitucional, tiene para el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Martín Pallín, “un gran alcance político”. Lorena Ruiz-Huerta, miembro de la Asociación Libre de Abogados, también reconoce, y explica, lo inédito de este recurso. “Con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en 2007, se introdujo el requisito de especial trascendencia, a imagen y semejanza del tribunal homólogo en Alemania. Esto implica que desde entonces se inadmiten sistemáticamente todos los recursos de amparo, a excepción de que estos recursos versen sobre cuestiones nuevas sobre las que el órgano jurisdiccional no se haya pronunciado”.
Ahora habrá que esperar a que los jueces del Alto Tribunal, de mayoría conservadora, se reúnan a puerta cerrada y decidan. “Es complicado que el caso se llegue a admitir a trámite. Primero se tendría que admitir el recurso de súplica y después el de amparo. Además, teniendo en cuenta la politización del Constitucional, la posibilidad de que la cuestión se llegue a investigar es bastante pequeña”, apunta Ruiz-Huerta.
No obstante, expone, “el recurso del fiscal va a obligar al órgano judicial a revisar esa inadmisión inicial”. Eduardo Ranz, el abogado que está en esta causa y en muchas otras relacionadas con crímenes de lesa humanidad durante la etapa franquista, no es del todo optimista, aunque considera que “es un paso gigantesco para el poco interés que hay por reparar a las víctimas de la dictadura”.
