El Tribunal de Cuentas auditará el año que viene, por primera vez en la historia de la democracia, a la Iglesia católica española. Así lo ha aprobado este jueves el organismo por unanimidad, según la cadena SER. La medida ha sido acogida por sorpresa en la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que “es la primera noticia que tenemos”, aunque rechazan que suponga un cambio en el actual modelo de transparencia de la Iglesia española.
El tribunal ha aprobado la fiscalizaciones de las actuaciones desarrolladas por la AEG en materia de cooperaciones económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio 2017.
La propuesta aprobada permitirá al Tribunal de Cuentas elaborar una auditoría que abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Iglesia católica, y también en el resto de confesiones religiosas con acuerdo con el Estado (judíos, evangélicos y musulmanes). Con esta decisión, que el año pasado fue rechazada con los votos de los miembros designados por el PP, el organismo público considera insuficiente la Memoria Justificativa que todos los años presenta la Conferencia Episcopal al Ministerio de Economía y Hacienda, y en la que de detalla sus gastos, ingresos, y el “impacto para la sociedad” del trabajo llevado a cabo por la Iglesia católica en España.
Tras unos primeros momentos de desconcierto, fuentes episcopales pidieron esperar a conocer el acuerdo del Tribunal en su totalidad, si bien recalcaron que parecía más una decisión política que técnica, y que en la práctica no afectaría al actual modelo de transparencia con la que trabaja la Iglesia española.
Alcance real limitado
“Habrá que leerlo despacio”, apuntaban a eldiario.es dichas fuentes, que entienden que la fiscalización real apenas podría afectar a la revisión del convenio con capellanes penitenciarios, y “tal vez” alguna partida referente al 1% de los templos catalogados como Bien de Interés Cultural. No así los conciertos educativos, que dependen de las comunidades autónomas, y que de hecho están revisados por las mismas. Según la CEE, los 251 millones que la Iglesia católica recibe vía IRPF ya están fiscalizados per se.
La propuesta ya fue rechazada el año pasado por estas fechas. En aquel momento, y al menos oficialmente, la Iglesia católica se mostraba dispuesta a que los fondos que recibe del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta puedan ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. “La Iglesia cumplirá en todo momento lo que se solicite desde la autoridad civil en el marco de la legalidad vigente. No hay ningún problema en ello. Para nosotros la transparencia de cara a la sociedad es clave para poder comunicar lo que la Iglesia es y hace. Es su misión en el mundo”, sostenía en enero Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La Conferencia Episcopal Española presenta una memoria desde 2007 con la “la información económica que deriva de la asignación tributaria, como la información de las actividades que han desarrollado las distintas entidades de la Iglesia en nuestro país”. En la rendición de cuentas Ministerio de Justicia recoge lo que ha recibido por la vía de los impuestos y donde ha puesto ese dinero. La CEE asegura que la auditoría externa que encarga ya fiscaliza el recorrido de ese dinero.
Aunque el dinero del IRPF va a 13 apartados, el 81% de los recursos (199,7 millones de euros) se envía directamente a las diócesis “para la realización de sus actividades pastorales”. ¿Qué significa eso? Que, en la práctica, el Estado financia el sueldo del clero católico y su jerarquía.
¿Y cuánto cobra un cura en España? El sueldo medio de uno de los 19.000 sacerdotes españoles está en torno a los 900 euros al mes, en catorce mensualidades, mientras que el de un obispo asciende a unos 1.250 euros al mes. A ello hay que sumar los gastos comunes de las casas parroquiales o sedes episcopales –asumidas por la comunidad o la diócesis correspondiente– y lo recaudado como donativos o por el cobro de los “servicios pastorales” (bodas, comuniones, funerales, bautizos, etc..), que no se registran y, por lo tanto, no están sujetos a investigación alguna. Existen muchas dudas de que esos ingresos puedan ser auditados.
Madrid es la diócesis más beneficiada, con más de 14 millones de euros, seguida por Valencia (8,7), Toledo (5,4) o Santiago de Compostela (5,2), mientas que el Arzobispado Castrense, con 129.000 euros, es el que menos recibe, aunque hay que añadir que, en este caso, el sueldo de sus sacerdotes es asumido por Defensa (los capellanes castrenses son personal militar a sueldo del Estado). Ibiza, Jaca, Menorca reciben menos de un millón de euros. Una mínima parte del IRPF (seis millones) va a Cáritas que recibe otro tipo de financiación.
Los 251 millones recaudados por la Iglesia vía IRPF no son, ni mucho menos, todo el dinero que la institución recibe anualmente de fondos públicos. Un informe de la organización Europa Laica hizo una estimación que elevó esa cantidad hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los conciertos a los colegios católicos a la financiación de centros sanitarios, sociales o militares gestionados por la Iglesia.
Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de Religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.
El dinero del IRPF solo supone el 23,5% del presupuesto de las diócesis españolas, según se afirma en la memoria, que coloca a las “aportaciones directas y voluntarias de los fieles” como su principal fuente de financiación, en torno a un 37% (unos 350 millones de euros que, recordemos, no se declaran al considerarse donativos). Otro 21% (240 millones) se engloba bajo el término “Otros ingresos corrientes”, que no se estipula, como tampoco el 11% (unos 110 millones de euros) que sale de “Ingresos por patrimonio y otras actividades”, otro 6% llamado “Ingresos extraordinarios” (que suele tratarse de herencias) y un 2% de “Necesidades de financiación” (tampoco explicitadas).