Un ayuntamiento aprueba retirar símbolos franquistas. Los operarios municipales van a cumplir el mandato plenario… y un tribunal ordena paralizar los trabajos. La sorprendente escena ha ocurrido en Callosa de Segura (Comunidad Valenciana). Pero no es única. Como prueba, un resumen en diez casos donde la justicia ha ido frenando la Ley de Memoria Histórica.
Paralización de trabajos en fosas comunes. Entierros donde se entona el ‘Cara al sol’. Permiso a manifestaciones fascistas. Pueblos con nombres dedicados a golpistas. España como paraíso de fundaciones franquistas. La Fiscalía torpedeando la Querella Argentina. El caso Garzón… La nómina es extensa y variada. Aunque limpiar las calles de apologías de la dictadura y la Guerra Civil sea quizás el uso más recurrente y visible de la legislación memorialista aprobada hace diez años.
1. La cruz de Callosa
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordena el “cese inmediato” de la retirada de la cruz franquista de Callosa. El pueblo aprobó –en pleno municipal en 2016– la eliminación del vestigio que homenajea a 80 golpistas muertos en la guerra. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones ante la decisión del alto tribunal valenciano porque el desmontaje truncado de la Cruz de los Caídos es “legal”. Siguen a la espera, ante el desconcierto por la paralización de un trabajo iniciado con amplia presencia policial y de colectivos de extrema derecha.
2. Callejero franquista de Madrid
Un juez alemán atiende una denuncia de la Fundación Hitler y paraliza el cambio del nombre de las calles nazis de Berlín. Imposible, ¿verdad? Cambien la posición 3, 10 y 22 del enunciado por 'español', 'Franco' y 'Madrid'. El resultado sí es real: la nueva rotulación democrática del callejero madrileño está recurrida por la organización fascista y suspendida cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23.
Para hacer efectivo el obstáculo, la sala pide un depósito de 60.000 euros... y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) abre una campaña de donaciones para recaudar este dinero. La sociedad privada celebra además una “nueva derrota del Ayuntamiento de Carmena” cuando el Juzgado número 2 detiene la retirada de la placa que nomina la vía General Asensio Cabanillas.
3. Fundación Franco
La organización creada en memoria del dictador ha recibido un puñado de denuncias. Alguna por ofrecer apoyo legal a los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica. Otras pasaron por la Fiscalía General del Estado a instancias de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), como en el caso de la petición de entrega de los documentos secretos que posee la fundación en su sede, algo que también ha pedido IU. El Congreso también ha recibido iniciativas pidiendo su ilegalización o la entrega de firmas tras replicar la sociedad franquista que “Franco fue la antítesis de Hitler” y arremeter contra eldiario.es por “atacar” al dictador.
4. El pueblo del 'carnicero'
San Leonardo de Yagüe. Después de un largo litigio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria desestimó la demanda para que el pueblo eliminara el apellido del militar golpista. San Leonardo sigue escribiendo su topónimo en honor al general Juan Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz' por las matanzas perpetradas en Extremadura. Un homenaje que prohíbe, en teoría, la legislación memorialista. La Fundación Yagüe festejó la sentencia, en un país que no deja de ser el paraíso de las fundaciones fascistas.
5. Valle de los Caídos
La denuncia al abad del Valle de los Caídos por negar el permiso a ocho exhumaciones autorizadas no hace efecto. Al menos por ahora. Siguen cerradas las puertas del mausoleo construido por Franco con trabajo esclavo. La reparación de las familias de las víctimas enterradas en Cuelgamuros, está en estado de espera. El prior está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y denegación de auxilio. Ahí sigue, enrocado cual cancerbero, pese a que Patrimonio Nacional ha reconocido a los impulsores de la causa el derecho a sacar los restos óseos.
6. Entierro falangista
Cantar el 'Cara al sol' en el entierro del ministro de Franco José Utrera Molina no es delito. Es la opinión de la Fiscalía de Málaga, que archivó la denuncia presentada tras el sepelio donde individuos de extrema derecha entonaban el himno falangista en presencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, yerno del finado. “No se trata de palabras en contra o para lesionar a ningún colectivo” sino “a favor del fallecido y en un entorno esencialmente íntimo”, alegaba el fiscal malagueño, que acordaba en todo caso remitir testimonio a la Junta de Andalucía por si los hechos pudieran ser contrarios a la Ley de Memoria Histórica andaluza.
7. Manifestaciones y homenajes a golpistas
Tampoco salió adelante la denuncia ante la Fiscalía de un homenaje a Franco junto a la fosa común donde se han exhumado a cinco represaliados republicanos. Sucedió en Lucena (Córdoba), donde Fuerza Nueva realizó un acto de exaltación del dictador. El partido 'Andalucía, entre todos' señalaba a la subdelegación del Gobierno por autorizar el homenaje. Como ocurrió en Madrid, donde la Delegación del Gobierno permitió una concentración en defensa del franquista Millán Astray, en un caso de la legión contra Carmena al que se sumaron el PP de Latina e incluso Esperanza Aguirre.
8. Fosas Comunes
¿Qué hace un juzgado cuando recibe la notificación de que ha aparecido una tumba ilegal con víctimas del terror franquista? Paralizar los trabajos arqueológicos. O denegar la exhumación. A veces envía forenses para certificar que hay personas asesinadas. Y el magistrado quizás abra diligencias previas. Para, al final, acabar con el sobreseimiento del caso. Con suerte, los promotores de la exhumación en curso retomarán la tarea después de una parálisis, en ocasiones, de años.
9. Querella Argentina
Y si el intento de aplicar la ley viene desde fuera, tambíen hay muros. Es el caso de los regates de España a la persecución del franquismo fuera de las fronteras patrias. Si esta negación del “clamor internacional” contra la impunidad franquista que aludía el abogado Carlos Slepoy atisba alguna salida, ahí está la Fiscalía General del Estado para torpedear las declaraciones de cargos franquistas y víctimas ordenadas desde la denominada Querella Argentina.
10. Caso Garzón
Y si hay un caso paradigmático, es el del juez Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Abrió una macrocausa que acumuló 114.226 víctimas, desaparecidos forzados con nombres y apellidos que continúan en fosas comunes y cunetas de toda España. Y fue denunciado. Aunque queda absuelto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo expulsa de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel. El impulso era una 'condena' implícita y un aviso a navegantes: en el ordenamiento jurídico español no cabe, a tenor de las circunstancias, romper la impunidad de los crímenes de Franco.