Los tribunales rechazan la exclusión sanitaria de la Seguridad Social a inmigrantes reagrupados

Hilda Castro, pensionista venezolana de 77 años, reside de manera legal en España desde 2011. Obtuvo su permiso de residencia como familiar de su hija Zulay, que ya cuenta con la nacionalidad española. Sin embargo, la Seguridad Social le negaba el derecho a la tarjeta sanitaria, porque le exigía “un seguro médico privado”, cuenta su abogada, Laia Costa. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza los argumentos de la administración, como ya hizo el de Castilla y León, y sienta otro precedente para los muchos ancianos que recibieron la misma negativa. Para el caso concreto de los ascendientes reagrupados, los especialistas ven en la vía judicial una oportunidad, “pero la solución más amplia debe ser política”, aseguran.

Como Hilda Castro, muchas otras personas mayores —como el padre de Annie en Madrid, Lourdes y la madre de Claudia (nombre ficticio) en Valencia— han visto como tener papeles no les garantizaba el acceso a la sanidad pública. La excusa del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) era el real decreto 16/2012, que dejó a su vez sin tarjeta sanitaria a unas 800.000 personas sin permiso de residencia. La interpretación del INSS ampliaba la exclusión a estas personas mayores desde la entrada en vigor del decreto y es lo que los tribunales han rechazado por segunda vez.

“Las sentencias apuntan que si esa persona ya tiene la residencia, la tiene, y el INSS no puede discutir si tenían que haberle exigido un seguro privado para ello”, explica Juan Antonio Fernández Bernat, profesor del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada.

Para Laia Costa, “el Tribunal Superior de Cataluña ha recordado que estas personas, con permiso de residencia e ingresos inferiores a 100.000 euros anuales, tienen derecho a la asistencia pública, como recoge el real decreto de 2012. Y que el INSS debe de acogerse a la ley”. La letrada explica que las extralimitaciones en la práctica de la Seguridad Social son tan evidentes que, “con la ley en la mano”, los casos similares al de Hilda Castro tienen las de ganar ante un juez.

La mayoría de los ancianos que se han visto sin acceso a la red sanitaria pública han encontrado la misma respuesta de la sanidad privada, donde algunos seguros directamente rechazan asegurarles porque no son rentables. O les ofrecen unos planes inalcanzables para sus bolsillos. 

El pronunciamiento del Tribunal Superior de Cataluña llega tras el recurso de la Seguridad Social de una primera sentencia favorable para la familia Castro. Como en Castilla y León con un caso en Burgos, la administración llegó hasta el Tribunal Superior de la región. El INSS no ha respondido a las preguntas de este medio sobre si ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento podría sentar jurisprudencia. Aun así, Laia Costa apunta que en España “la jurisprudencia no sirve de mucho y lo que de verdad tendría repercusión a nivel estatal es que alguna gran organización hiciese presión con los argumentos de estas dos sentencias”. Si no, cada afectado deberá luchar por separado su caso, un proceso largo y que no todas las familias deciden emprender.

Desde el colectivo de Yo Sí, Sanidad Universal celebran la victoria de Hilda y vuelven a exigir la derogación del real decreto de 2012. En su opinión, la ley es la responsable de toda la inseguridad y arbitrariedad que deja fuera del sistema público de salud incluso a más personas de las que estipula el papel. “No es un error puntual sino una parte más del entramado jurídico, social y sanitario, lleno de arbitrariedad para generar sufrimiento”, apuntan.

El decreto, frente al Tribunal Constitucional

Por otro lado, el propio real decreto 16/2012 ha llegado ante Tribunal Constitucional a través de varios recursos de inconstitucionalidad presentados por varias Comunidades en contra de la norma (Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias y País Vasco). El Gobierno también ha recurrido a esta instancia para intentar anular las leyes autonómicas que amplían la cobertura sanitaria a algunos de los sectores excluidos, como los inmigrantes sin permiso de residencia con residencia en estas comunidades. 

De momento, y a la espera de las sentencias definitivas, el alto tribunal ya ha emitido dos autos sobre las medidas cautelares que el Gobierno solicitó para paralizar las leyes del País Vasco y Navarra. Según alegaba el Ejecutivo, las normas regionales (más garantistas que la nacional) supondrían un “perjuicio económico” que complicaría el control del déficit público ante la Unión Europea.

El Constitucional no solo señaló en sus autos que no quedaba probado el supuesto impacto económico sino que, además, apuntó que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas,(...) poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. 

Aunque la posición del Constitucional se ha inclinado por la defensa del derecho a la salud en estas ocasiones, Laia Costa y Juan Antonio Fernández Bernat dudan que la sanidad universal regrese por una sentencia del alto tribunal, que puede alargarse mucho en el tiempo. “Debe haber un cambio legislativo porque los tribunales poco pueden hacer”, opina Fernández Bernat, que de todos modos considera que “el derecho a la salud recogido en la Constitución (artículo 43) no puede restringirse a una determinada nacionalidad”. 

El grupo de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid acaba de presentar una proposición de ley para que la región también cuente con una ley que devuelva la sanidad universal que existía en España hasta la reforma dirigida por la exministra Ana Mato. En la Comunidad de Madrid, la Asamblea cuenta por el momento con una mayoría absoluta del Partido Popular. 

Pero, según denuncian organizaciones como Médicos del Mundo y Yo Sí, las regulaciones regionales (aunque bienvenidas en sus áreas de influencia) no son más que parches que dejan un panorama desigual entre las diferentes comunidades autónomas. Los activistas no dejarán de luchar hasta conseguir la derogación del decreto, con este Gobierno o con el que lo suceda. Porque miden el impacto en vidas: como la del padre de Yunia, recuerdan en Yo Sí, que murió sin tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria.