El PP acusa al PSOE de romper el “pacto constitucional” por querer sacar a Franco del Valle de los Caídos

El Congreso ha aplazado la votación para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La proposición no de ley (PNL) para “revitalizar” la ley de Memoria Histórica no ha pasado de la toma de posiciones y presentación de enmiendas. Los grupos políticos votarán este jueves, cuando está previsto que la propuesta salga adelante con el apoyo de la oposición y el voto contrario del PP.

El debate del texto presentado por el PSOE ha vivido momentos de cierta tensión este martes en el pleno. La portavoz popular, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado a los socialistas de romper el “pacto constitucional” con la “ley de Memoria Histórica”, en 2007, y “hoy” con la PNL al hacer “un uso partidista de la historia de nuestro país”. Sobre las exhumaciones “de Franco y Primo de Rivera”, pide un “amplio consenso” y ha defendido que el Gobierno “cumple” la ley. Sánchez-Camacho ha aludido además al plano personal en respuesta al PNV: “A mi tío lo fusiló un pelotón de fusilamiento, todos tenemos historia”. El consenso político en el actual Congreso existe, porque toda la oposición se ha mostrado a favor.

En el “lento, tardío” camino de la reparación a las víctimas del franquismo “ha tenido que ver la posición inmovilista de la derecha política”, en palabras de Gregorio Cámara (PSOE). “La situación de parálisis por más de cinco años tiene que cesar” para un marco legal “que venía a cerrar heridas”.

Ciudadanos, a favor “del espíritu de la propuesta”, comparte “lo que dijo el grupo de expertos sobre el Valle de los Caídos” en relación a sacar los restos del dictador, según ha explicado José Manuel Villegas. El partido naranja ha recordado a los socialistas que gobernaron antes que el PP y tampoco desarrollaron al completo la ley. “Está claro que quedan muchas cosas por hacer”, ha continuado, como “recuperar a las víctimas y tratar con dignidad a nuestros muertos o retirar los símbolos fascistas”.

“Dudas” que señalan al PSOE

Unidos Podemos también ha señalado al PSOE: “Las dudas surgen porque desde la aprobación de esa ley hasta el día de hoy han pasado diez años”, en palabras de Xavier Domènech. En este periodo se ha constatado que la normativa “tenía clarísimas carencias”. Con el anuncio del voto favorable a la PNL, Unidos Podemos ha incluido dos enmiendas, una en relación a dictaminar la exhumación de fosas comunes “como una responsabilidad del Estado” y otra para garantizar “la anulación de los juicios del franquismo”.

Una de las intervenciones más críticas ha sido la de Joan Tardà, de ERC, que ha calificado la propuesta socialista de “monumento al cinismo político”. Se ha preguntado, por esto, “¿cómo en 2007 tumbaron todas las medidas que pedían más de lo que ahora dicen querer?” con respecto a la tumba de Franco en Cuelgamuros o en 2011 cuando “no fueron capaces de cumplir las conclusiones del grupo de expertos”. ERC, ha continuado, “nunca va a legitimar el modelo de impunidad español” por lo que el grupo ha presentado una enmienda “para que se dé un plazo de seis meses al Gobierno para que presente una ley de verdad acorde con los mandatos de Naciones Unidas y que repare a las víctimas del franquismo”.

“El PP no ha hecho nada para que esta ley se desarrolle”, ha resumido por el PNV Joseba Agirretxea. El Gobierno de España, en su opinión, “lo que hace es no ser justos y esconderse en una neutralidad mal entendida” que beneficia a la impunidad del franquismo. Agirretxea ha recordado como ejemplo el plan de exhumaciones que está activo en Euskadi y la enmienda de su partido para devolver los objetos personales incautados por los golpistas “y que tienen como trofeos”. Antes, había aludido a un familiar ejecutado: “Mi abuelo, que era gudari”, que ha tenido respuesta en la mención de la portavoz del PP, Sánchez-Camacho, a su propia familia.

Entre las intervenciones del grupo mixto, el PDCat ha presentado una enmienda para pedir “una reforma legislativa para que sea el Parlamento el que declare la nulidad de las sentencias dictadas con sentido político por los tribunales franquistas”, según Jordi Xuclà i Costa. Desde C-P-EUPV, Marta Sorlí ha criticado el mantenimiento de las “tumbas de los franquistas”, en alusión al Valle de los Caídos, y ha citado al PP: “Si votan sí, irán con la democracia, si votan no, irán con el fascismo”. EH Bildu ha expresado su “apoyo crítico” por la necesidad de transformar la tumba de Franco “en un columbario de la dignidad”, ha apuntado Marian Beitialarrangoitia.

“Resignificar” la memoria franquista

El texto que el jueves votará el Parlamento apuesta por “revitalizar” la ley de Memoria Histórica. Además de sacar a Franco del Valle de los Caídos, busca cumplir otros objetivos como abrir las fosas comunes con víctimas del franquismo, retirar la simbología fascista o prohibir ayudas a la Fundación Franco.

Sacar a Franco es el mandato más llamativo (y lleno de obstáculos). Pero no el único. José Antonio Primo de Rivera entra en el lote “para su reubicación en un sitio no preeminente del edificio”. O la entrega, en ambos casos, de los huesos a sus respectivas familias como sugiere la PNL aprobada en el Congreso y basada en el informe emtido en 2011 por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos.

Otro objetivo es “resignificar” el Valle de los Caídos. “Que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica” para convertirse en un “espacio para la cultura de la reconciliación”, exige la PNL presentada por el PSOE. Como la retirada de simbología fascista de las calles y la exclusión de toda ayuda pública a entidades que ensalcen o defiendan la dictadura, caso de la Fundación Francisco Franco.

Crear una Comisión de la Verdad, reconocer el trabajo esclavo y lograr la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas, son otras apuestas. Para recuperar las políticas públicas en materia de Memoria Histórica “de forma decidida y urgente”. El compromiso económico permitiría reanudar la búsqueda y exhumación de fosas comunes, crear un Banco de ADN o reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que Rajoy cerró en 2012.

De aprobarse la PNL, el futuro de la tumba de Franco estará en el tejado de Mariano Rajoy: puede ignorar la PNL, que necesita dotación presupuestaria, o cumplirla. Debe decidirlo el mismo Gobierno que gasta cada año 750.000 euros de dinero público en mantener el mausoleo franquista del Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid) y asigna cero euros a cumplir la ley 52/2007.