Más prácticas, más empresa, más flexible, más amplia y más sencilla. El Gobierno ya ha definido cómo quiere que sea la Formación Profesional del siglo XXI, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación para mejorar la formación –inicial y continua– de jóvenes y adultos y adaptar el parque de trabajadores del país a lo que se considera que serán las necesidades de futuro de la economía española: más técnicos medios y superiores. La reforma de la FP llega con 5.000 millones de euros debajo del brazo (unos 2.000 procedentes de los fondos COVID europeos) y entre sus puntos fuertes (o a eso aspira el ministerio al menos) está la acreditación de competencias de tres millones de trabajadores.
El 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel bajo. Son cifras que no concuerdan con lo que exige el mercado laboral. Las previsiones dicen que, en cuatro años, España necesitará tener un 49% de sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una cualificación intermedia y solo un 16% con baja cualificación.
El departamento que dirige Isabel Celaá presentará este martes en el Consejo de Ministro el Anteproyecto de Ley de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, adelantado por El País y que de esta manera arranca su trámite. A partir de ahí, el texto pasará a los sectores interesados y se abre a recibir aportaciones. Entre las principales novedades de la nueva ley está un mayor protagonismo de las empresas en la definición de la formación del alumnado, con la creación de un tutor en la empresa que evaluará parcialmente la adquisición de conocimientos por parte del alumno, la integración de todas las modalidades de la FP bajo un mismo paraguas para darle coherencia, la posibilidad de realizar cursos más breves que los actuales o la introducción de algo parecido a unos másteres de especialización.
La oferta formativa: módulos, ciclos y másteres
La nueva FP apuesta por la flexibilidad en su oferta formativa, que se organizará por niveles que van desde la A hasta la E, según recoge el documento. Esta es una de las novedades de la reforma: se permitirá realizar cursos breves, de mayor o menor duración, destinados a obtener una competencia específica para mejorar la empleabilidad. La idea de Educación, explican fuentes del Ministerio, es ofrecer alternativas a quien no puede realizar un ciclo de 2.000 horas, pero sí tiene 50 para algo específico.
Los cursos de nivel A son los más básicos, corresponden a “la oferta base” y conducen a “la obtención de una acreditación parcial de competencia”. Los B se corresponden con la realización de un módulo entero, y podrán obtenerse bien superando esa formación, bien acumulando cursos del nivel A, y tendrán la duración estipulada para superar el módulo en cuestión. El nivel C corresponde a “varios módulos profesionales” que conducen a la obtención de un Certificado Profesional y podrán exigir prácticas en empresas.
El grado D se corresponde con los actuales Ciclos Formativos en cualquiera de sus versiones: la FP Básica (para alumnado a partir de 15 años), la de Grado Medio (equivalente al Bachillerato) y la Superior (Universidad). En los dos primeros casos se mantienen los dos años de duración (2.000 horas), mientras en la Superior pueden llegar hasta tres cursos. En los tres casos la nueva ley apuesta por el paso a la FP Dual, que exige un mínimo de prácticas en la empresa del 25% del tiempo total del ciclo.
En cuanto al currículo, los ciclos formativos incluirán la realización de un proyecto intermodular que aspira a tener “un carácter integrador de los conocimientos” y que en la FPB se hará una vez en todo el ciclo y en los de grado medio y superior uno al año con una duración de 25 horas. La oferta de estudios también deberá incluir, además de los módulos profesionales del catálogo, una parte optativa “integrada por módulos que doten de mayor flexibilidad a la configuración y capacidad de adaptación de la oferta, para atender la diversidad de la realidad productiva del territorio correspondiente y los intereses y motivaciones personales” del alumnado, un poco en línea con la configuración de los grados universitarios.
Por último, y esta es otra de las grandes apuestas del Gobierno, el nivel E corresponde a cursos de especialización que otorgarán un título de Máster Profesional, que podrán ofrecerse tanto en la educación secundaria de segundo grado (ciclos formativos de grado medio) o la superior (ciclos superiores). Estos másteres tendrán carácter modular y una duración de entre 300 y 800 horas (los universitarios tienen entre 600 y 1.200 horas). La forma de acceso a estos másteres queda pendiente de un posterior desarrollo normativo.
Una de las novedades es que la formación profesional de los grados C, D y E podrá ofertarse por módulos (como mínimo uno entero) “para su adaptación a las necesidades y circunstancias personales y laborales, así como al ritmo de aprendizaje”. Esta formación a la carta está reservada para mayores de 18 años y, con carácter excepcional, a “personas adultas con experiencia laboral que no tengan las condiciones establecidas para el acceso a la formación”.
El Anteproyecto de ley dedica también un apartado a lo que denomina la “relación entre las enseñanzas de FP y enseñanzas universitarias”. Pretende Educación, según se lee en este epígrafe, tender puentes entre ambas etapas para “facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos”, esto es, que estudiantes de ambas vías se pasen a la otra para complementar su formación.
Más presencia (y decisión) de las empresas
Las empresas ganarán presencia en la nueva FP y capacidad de decisión respecto a los planes formativos. Toda la oferta a partir del nivel C tendrá carácter dual, explica el Ministerio, lo que implica aumentar la carga de horas de prácticas profesionales en las empresas y en paralelo el rol de estas en el diseño de la formación y la evaluación del alumnado. “Las ofertas de formación profesional se diseñarán de manera que la formación teórico-práctica se reciba en el centro educativo y en el centro de trabajo, siendo ambos centros corresponsables, aunque actuando sobre la base de un reparto entre ellos del contenido curricular”, reza el anteproyecto.
De esta manera, se escuchará la opinión de empresas para tratar de ajustar la formación a lo que demandan. Así, las compañías tendrán voz a la hora de adaptar los programas “a las características propias de cada centro y de las empresas correspondientes” y “la organización de la fase práctica dual atenderá las especificidades de los sectores productivos o empresas que demanden un diseño diferenciado por (...) la tipología de actividades a realizar”. También participarán a la hora de definir, junto a los centros, “el reparto de contenidos curriculares”.
En este sentido, el texto del anteproyecto regula la figura del tutor dual de empresa, una figura que será obligatoria en cada empresa que acoja estudiantes (o uno para varias, si son pequeñas) y que actuará de enlace entre la compañía y el centro formativo. Este tutor o tutora coordinará junto al docente encargado del centro el plan formativo del alumno, participará en la selección de los estudiantes aprendices y también tendrá que “evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje”. Fuentes de Educación aclaran que esto no quiere decir que los tutores de empresa vayan a poner la nota al alumno; harán un informe sobre las prácticas. “La evaluación final será responsabilidad del centro educativo, teniendo en cuenta la evaluación de lo aprendido en el centro de trabajo efectuada por el tutor o tutora dual de la empresa u organismo equiparado”, que podrá estar presente en la sesión de evaluación, dice el anteproyecto. Esta figura del tutor de empresa existe actualmente en muchas compañías, pero no en todas, aclara Educación, que lo que hace en la nueva ley es regular su existencia y funciones.
Para el equipo docente de cada centro sigue quedando “realizar la concreción del currículo”, “validar los planes de formación” y “asistir al estudiante durante la preparación y el desarrollo de la fase en empresa”, entre otras cuestiones.
Movimientos en el profesorado
Otra de las novedades que plantea el anteproyecto de ley atañe a los docentes. La principal novedad en este apartado quizá sea que se contempla la posibilidad de recurrir a algo parecido a los profesores asociados de la Universidad, profesionales que acuden a centros formativos a ofrecer una formación muy concreta vinculada a su área de trabajo. “Con carácter excepcional y cuando así se requiera para cubrir las necesidades docentes, las Administraciones competentes en la materia podrán autorizar a profesionales del sector productivo asociado para impartir ofertas de formación profesional en cualquiera de los centros del sistema de formación profesional”, se lee en el texto respecto a lo que llama “especialistas”, cuyo acceso y condiciones tendrán que ser reguladas más adelante.
El otro movimiento de más impacto, aunque ya se conocía desde que se aprobó la Lomloe, es que el cuerpo de profesores técnicos, un vestigio de cuando la FP estaba más compartimentada en cuanto a formación académica o práctica y que está encuadrado en el grupo A2 de la administración (los de Secundaria y FP son A1, pese a que realizan la misma función), está condenado a desaparecer como tal.
Entre los, aproximadamente, 28.000 profesores técnicos hay dos perfiles: los que tienen carrera universitaria y los que no. Los primeros, una mayoría, promocionarán mediante un método de acceso aún por determinar. Ganarán algo de salario y, sobre todo, posible desarrollo profesional. Para el grupo sin licenciaturas universitarias, de cuyo tamaño no hay datos oficiales pero los propios afectados calculan en unas 12.000 personas, en muchas ocasiones sin título porque la disciplina que imparten no tiene ese equivalente, Educación ha decidido crear una categoría propia con diez especialidades (cocina y pastelería; estética; fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; mecanizado y mantenimiento de máquinas; patronaje y confección; peluquería; producción de artes gráficas; servicios de restauración; y soldadura).
El anteproyecto también contempla un tercer grupo, el de los profesores técnicos sin grado universitario pero que no pertenecen a ninguna de estas diez especialidades exentas de título y que se consideran un cuerpo a extinguir. También se abre la posibilidad de un cuarto colectivo, que Educación define como “los que, para la docencia en determinadas especialidades, se determinen reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas”, sin especificar más.
Acreditación de competencias y orientación
Otro de los aspectos que el Gobierno quiere impulsar mucho. La acreditación de lo que los trabajadores saben hacer a base de aprenderlo en sus empresas, aunque nadie se lo haya reconocido oficialmente, no es un elemento nuevo en la Formación Profesional. Sin embargo, nunca llegó a despegar: desde que se puso en marcha en 2009 apenas lo han utilizado 300.000 trabajadores sobre un grupo potencial de 11 millones.
La acreditación vendrá además acompañada de “una propuesta de itinerario formativo que complete la formación conducente a la obtención de un certificado o un título de formación profesional”, según se lee en el anteproyecto. Esto es, una vez acreditadas las competencias que correspondan, el trabajador podrá continuar formándose en algunos de los niveles de la FP.
A este respecto, el Título VII del texto define la creación de un sistema de orientación profesional “flexible y gratuita” abierto a personas, empresas, organismos e instituciones durante toda la vida y orientado a “la información y el asesoramiento individualizados sobre las ofertas de formación profesional que, ajustadas al perfil correspondiente y a las oportunidades de empleo, permitan la cualificación y recualificación desde la motivación y la identificación clara de los propios objetivos”.