La productora de Cuéntame está siendo investigada por la Audiencia Nacional y por la propia Televisión Española. La oficina antifraude de la Agencia Tributaria ha denunciado a Ganga Producciones –cuyo dueño y productor ejecutivo es Miguel Ángel Bernardeau, marido de la protagonista Ana Duato– por usar sociedades pantalla e interpuestas para desviar dinero y no tributar en España, según ha adelantado El Español, que ha tenido acceso al sumario.
Además, Hacienda sospecha que Ana Duato ha defraudado 800.000 euros e Imanol Arias –que también apareció en los Papeles de Panamá– ha escondido al fisco 1,6 millones de sus honorarios. Además, se habría detectado que sus auditores tenían relación con una empresa dedicada a crear sociedades opacas, Nummaria, por la que ha empezado toda la operación, como ha publicado El Confidencial.
La productora ha negado en un comunicado que le hayan embargado las cuentas, como se ha publicado, y dice que no han recibido ninguna notificación judicial. Ana Duato, que también ha difundido un comunicado, asegura: “Cotizo mis impuestos en España. No he desviado nunca dinero hacia ninguna cuenta en el extranjero. Hago aquí mi declaración de la renta y estoy al corriente de mis obligaciones fiscales. Estoy deseando colaborar con la justicia”. La productora también niega tener cuentas en el extranjero. El caso lo lleva el juez Ismael Moreno, y la querella apunta a fraude fiscal y, si ese dinero se reinvirtió al sistema oficial, posible blanqueo de capitales.
Pero no solo la justicia está indagando en las facturas de la productora. Televisión Española, que lleva 15 años comprando la serie y que acaba de emitir su capítulo 308, ha abierto una auditoría interna y aún secreta que no ha concluido pero en la que se han revelado indicios de irregularidades. Está analizando las liquidaciones de los últimos años.
La denuncia de una actriz
La corporación pública inició una investigación después de que la actriz Pilar Punzano, la que fuera hija de Imanol Arias y Ana Duato en la ficción, denunciara a través de su Facebook que la habían despedido por exigir transparencia en las cuentas: “Les pedí claridad en la contabilidad y que restituyeran el dinero que la empresa se quedaba por la cara de mi nómina y el resultado es que me han echado de mi puesto de trabajo”.
Esta declaración pública de la actriz desencadenó que Televisión Española abriera una auditoría interna a la productora. Investigaron el caso del despido y los expertos en contabilidad no encontraron nada irregular. Sin embargo, abrieron un melón que aún está en investigación: se toparon con prácticas que podrían ser irregulares, entre ellas en la facturación.
El auditor ha constatado que hay una decena de empresas satélites de Ganga Producciones que le prestan todo tipo de servicios para hacer la serie, lo que es legal, pero ha sembrado dudas entre los fiscalizadores. El problema está en que la productora podría estar facturando por gastos que no existen o con precios fuera de mercado, ya que no ha habido un control público de esas facturas. La ley impide que el beneficio industrial por cada capítulo emitido sea mayor del 10%, de modo que una empresa que quisiera aumentar ese porcentaje en la sombra, solo tendría que inventar gastos que en realidad no se han producido o costes mayores de los reales.
Aunque el resultado de la auditoría aún es secreto, esta es una de las líneas de investigación. Ahora se indaga si esos precios están ajustados a mercado o si verdaderamente la productora ha incurrido en esos costes por los que han facturado. “No tenemos información que aportar, las auditorías son habituales y bienvenidas”, han dicho a eldiario.es desde el Grupo Ganga.
Falta de control
Fuentes del sector audiovisual explican que los costes de producción no son siempre fáciles de fiscalizar. Por ejemplo, si una productora presupuesta un servicio de grúa durante dos jornadas y en realidad solo la ha usado durante una, se podría camuflar fácilmente. No hay personal de RTVE vigilando y ni siquiera se revisan todas las facturas, solo las que obliga la ley. De modo que esta auditoría interna revela también cierta falta de control de los presupuestos y gastos que presentan las productoras a la corporación pública.
Cuéntame ha sido una máquina de hacer dinero. Va por la temporada 17º y, según la última auditoría pública de RTVE, por cada temporada cobra más de 15 millones de euros. Es la serie más vista (ronda el 17% y 18% de share) y también la más cara de la televisión pública. Cada capítulo cuesta unos 800.000 euros. O lo que es lo mismo, cada minuto cuesta a TVE casi 12.000 euros.
Tantos beneficios ha dado, especialmente cuando había publicidad en la cadena, que el productor ejecutivo y marido de Ana Duato montó Marqueño Capital en 2012, una sociedad de inversión de capital variable (sicav). El patrimonio de esta sociedad es de 7,2 millones, según sus últimas cuentas. Se trata de un instrumento financiero utilizado por grandes fortunas cuya existencia, aunque legal, es polémica. Su fiscalidad es muy reducida (1%). Su regulación es compleja y tiene algunas lagunas que pueden favorecer el fraude y la evasión de impuestos en algunos casos.
La auditoría interna sobre Cuéntame se hará pública en unas semanas y la investigación se tratará a final de mes en el Consejo de Administración de la corporación pública. RTVE está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, que especifica en su artículo 60 la prohibición de contratar a empresas o personas con deudas al fisco. Para ello han de estar condenados por la justicia, y de momento el caso de Ganga producciones está solo en investigación.
Otro de los requisitos para contratar en la televisión pública es ser solvente. De cara a la próxima temporada y con los bienes inmobilizados, la continuidad de los Alcántara se podría complicar.
La televisión pública ha rechazado contestar a eldiario.es si va a tomar alguna medida, si va a rescindir el contrato, a modificarlo o sobre los resultados de esa auditoría específica a Cuéntame.