La ley de restauración de la naturaleza se convirtió en la recta final de la legislatura en el gran caballo de batalla de la agenda verde en la UE. Las protestas de los agricultores llevaron a la derecha y a varios países a plantear una ralentización en las políticas medioambientales, que han sido muy ambiciosas en los últimos cinco años. Durante la tramitación, esa normativa, que establece unas bases legales para recuperar el 90% de los hábitats dañados en el año 2050, quedó bastante descafeinada. Aún así, cuando llegó el momento de su aprobación definitiva en el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos de los 27- no salió adelante por el cambio al 'no' de Hungría. El asunto ha vuelto a la mesa de los ministros de Medio Ambiente este lunes y ha salido adelante gracias al apoyo de la austríaca, Leonore Gewessler (de los verdes), en contra del criterio de su canciller, del principal partido de la coalición (PPE).
Ese voto era crucial para lograr la mayoría cualificada necesaria (al menos un 55% de los países que representen al 65% de la población europea). En el 'no' se han mantenido Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Polonia y Hungría -cuyo paso al 'no' la hizo descabalgar hace dos meses-. Bélgica se ha abstenido.
La ministra austríaca anunció su voto favorable a la normativa el domingo provocando malestar en su propio Gobierno, que ha puesto en duda incluso que su decisión sea legal. “No puedo conciliar con mi conciencia que dejemos pasar esta oportunidad sin intentarlo todo”, expresó en la red social X (antes Twitter).
No obstante, la decisión, que se produce en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre, ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición austríaco. El canciller, Karl Nehammer, que es el líder del partido democristiano ÖVP, que tiene una gran implantación en el mundo rural, ha asegurado que el voto favorable de la ministra “sería ilegal” y ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
A la llegada a la reunión con sus homólogos en Luxemburgo, Gewessler ha explicado que la decisión se produce por cuestiones legales internas, como el cambio de posición de la región de Viena. En cuanto a las dudas que han sembrado sus compañeros de coalición, la titular de Acción Climática y Medio Ambiente ha recordado que su colega de Agricultura votó en Bruselas recientemente a favor de rebajar las exigencias ambientales de la PAC. “Su decisión es legal, mi decisión es legal”, ha zanjado.
Dos meses después de lo que estaba previsto, la ley de restauración de la naturaleza ha salido adelante en el Consejo de la UE después de que Bélgica, a quien corresponde organizar la actividad legislativa como presidencia rotatoria, lo introdujera en el orden del día. Así lo habían reclamado España y otros diez países favorables a la normativa.
“Una película de terror”
Durante el debate de este lunes, varios ministros han reprochado la marcha atrás que dieron algunos países después de que el acuerdo que se alcanzó con el Parlamento Europeo y la Comisión estuviera consensuado en el seno del Consejo de la UE. Una de las más duras ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha calificado la tramitación de la ley de restauración de la naturaleza como una “película de terror”.
“Un expediente que está perfectamente justificado desde el punto de vista económico, ambiental y social para la UE, que contó con una posición común, clara y concreta por parte del Consejo, del Parlamento (...) que fue debatido y respaldado en un acuerdo del trílogo y que de vuelta al Consejo hay unos cuantos países que se distancian del voto inicial”, ha resumido la responsable de Transición Ecológica en declaraciones a los periodistas. A eso hay que sumar que el Partido Popular Europeo trató de tumbar esa norma en la Eurocámara con el apoyo de la extrema derecha. La maniobra no salió adelante, pero la posición del Parlamento Europeo, que normalmente es más ambiciosa que la de los 27, quedó descafeinada y, con ello, también el texto final.
“Siempre me ha sorprendido la manera en que se ha abierto una batalla cultural en torno a algo que es obvio: no hay empleo en un planeta muerto, ni seguridad alimentaria en un planeta degradado. La principal amenaza para los agricultores es la degradación del suelo, la sequía o la falta de polinizadores”, ha agregado Ribera, que ha reprochado a sus colegas la amenaza a la que se ha sometido a esa normativa. “Hay cuidar mucho los procedimientos”, les ha dicho la ministra, que aspira a un puesto relativo al Medio Ambiente en la próxima composición de la Comisión Europea.
El 80% de los ecosistemas están ahora mismo dañados. La ley de restauración de la naturaleza pretende que los países europeos apliquen medidas para recuperarlos con el objetivo de hacerlo con el 90% a mediados de siglo, con dos objetivos intermdios (un 20% para 2030 y un 60% para 2040). Lo que ha pedido la ministra austríaca es que haya ayudas de la UE para llevar a cabo esa reparación de la biodiversidad.
No obstante, durante la tramitación de la normativa se redujo la ambición respecto a la intención inicial incluyendo un 'freno de emergencia' que permitirá suspender las medidas hasta un año en caso de que “por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto”. Otra de las rebajas es que en la restauración se priorizarán los espacios de la Red Natura 2000, que ya de por sí están protegidos. Para sortear el escollo de la finaciación, se plantea que la Bruselas presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE en caso de ser necesario.