La Comisión Europea (CE) instó hoy a mejorar la aplicación de su política medioambiental en los países de la Unión Europea (UE), y pidió concretamente a España más esfuerzos en gestión de aguas y residuos, en la calidad del aire y en adaptar su fiscalidad al medio ambiente.
“España destaca en la UE por su capital natural, lo cual ofrece oportunidades, pero también implica una responsabilidad especial. España se enfrenta a importantes retos en los ámbitos de la gestión del agua y de los residuos, así como de la calidad del aire”, señaló el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en la presentación de un informe al respecto.
Bruselas, que iniciará ahora una ronda de contactos con los 28 Estados miembros para tratar de que las normas europeas se apliquen de manera eficiente, agregó que la “coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas” españolas debería reforzarse e integrar aún más el “desarrollo sostenible”.
En su examen, el Ejecutivo comunitario destaca como el primero de los “retos” la gestión del agua. Si bien España alcanza “tasas muy elevadas” en calidad de agua potable y de baño, sigue “enfrentándose al desafío de disociar el crecimiento económico de la gestión del agua”, se añade.
“Sectores como la agricultura, el turismo y la energía dependen enormemente del suministro de agua”, destaca la CE, que propone un sistema distinto de tarificación y que se fomente la reutilización de las aguas residuales, así como “una mayor transparencia de los precios y las subvenciones y la modernización de los sistemas de regadío”.
Señala también que las administraciones españolas tienen margen “para aumentar la eficiencia en el uso de las infraestructuras”, ya que “las inundaciones constituyen un problema recurrente, aunque en ocasiones no se tienen en cuenta las medidas de prevención”.
Respecto al entorno marino, la CE detecta amenazas a la biodiversidad en la costa Atlántica derivadas de la sobreexplotación pesquera, la pesca con redes de fondo o la contaminación por accidentes como los petroleros.
En el Mediterráneo, las amenazas provienen de la contaminación terrestre, “la basura marina, la sobreexplotación pesquera y la degradación de hábitats esenciales”.
España también debería aplicarse más, agrega la Comisión Europea, en la calidad del aire, que sigue siendo “preocupante”, en particular en relación con el dióxido de nitrógeno y las partículas“, así como en la congestión del tráfico en las principales áreas metropolitanas del país.
La CE también critica la fiscalidad medioambiental en este país, donde los ingresos derivados de ese concepto en la última década “siguieron siendo de los más bajos de la UE”, con un 1,85 % del producto interior bruto (PIB) en 2014, frente a la media del 2,46 % en la UE.
“Aunque se han adoptado algunas medidas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía, los avances en materia de fiscalidad medioambiental son muy limitados”, dice la CE, que añade que “España todavía debe afrontar el desafío de desplazar la fiscalidad que grava el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento”.
Tampoco en gestión de residuos municipales destaca positivamente el país, donde “el 55 % de los residuos municipales todavía se deposita en vertederos”, muy lejos del 28 % de media de la UE.
“Al ritmo actual de un 33 % (16 % de reciclaje y 17 % de compostaje), España debe intensificar notablemente sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de reciclaje de la UE del 50 % de los residuos municipales antes de 2020”, agrega el informe.
Pero Bruselas se fija también en “enfoques innovadores” de la gestión medioambiental en España, que podrían compartirse “más ampliamente con otros países”.
En ese sentido destacan, entre otros, el uso de etiquetas ecológicas, el modelo de sostenibilidad urbana adoptado en ciudades como Vitoria o las evaluaciones de impacto ambiental y estratégicas para consultar proyectos y planes autorizados por la Administración General del Estado, resume la CE.