La UE advierte que España puede sufrir sanciones si el desmantelamiento de Madrid Central afecta a la calidad del aire
El sábado juró el cargo como alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, gracias a su pacto con Ciudadanos y Vox. Y este lunes ya ha comenzado el desmantelamiento de la principal medida para luchar contra la contaminación en el centro de Madrid: Madrid Central.
El consistorio de Martínez-Almeida ha anunciado que dejará de imponer sanciones en Madrid Central, lo que supone su anulación práctica.
Pero la Comisión Europea ya reconoció en diciembre que España se había librado de sanciones por mala calidad del aire por medidas como Madrid Central. Y este martes en Bruselas el vicepresidente Marios Sefcovic y el comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, han presentado las evaluaciones de la Comisión Europea a los planes nacionales para lograr los objetivos contra el cambio climático de París.
¿Cómo afecta el desmantelamiento de Madrid Central? “Analizaremos las políticas cuando se materialicen”, ha reconocido Miguel Arias Cañete: “Nosotros no estudiamos ahora lo que hacen las entidades locales, sino los planes nacionales, pero si las ciudades no respetan, y la Comisión ya puso de manifiesto qué ciudades no cumplían [entre ellas, Madrid antes de poner en marcha Madrid Central], estoy seguro de que el comisario Karmenu Vella tomará medidas”.
Bruselas quiere medidas “urgentes, creíbles y eficaces” para reducir la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y ha abierto procedimientos contra algunos países por no aplicarse en ello, cosa que no ha pasado con España, como recordaba en diciembre el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central, impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.
Vella respondía así a la carta que le remitieron en noviembre los eurodiputados de Podemos, IU, Equo e ICV en relación con los recursos judiciales que planteó el PP a la iniciativa Madrid Central.
En su respuesta, la Comisión Europea daba un apoyo implícito al plan del Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad del aire en la capital, en cumplimiento con las directivas europeas sobre este ámbito y ante la amenaza de una sanción a España por incumplimiento.
En su carta, Vella recordaba que tras el anuncio de medidas concretas como el plan Madrid Central, la Comisión Europea “optó por no llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como sí hizo con otros Estados”. Vella, eso sí, aseguraba que “la Comisión continúa siguiendo de cerca la aplicación y la eficacia en los calendarios previstos del paquete de medidas”.
Con todo, Vella señalaba que en España se siguen superando “los objetivos de calidad del aire, en particular de dióxido de nitrógeno y partículas PM10”. Ante esto, alerta de que la Comisión podrá hacer uso, en su caso, “de su potestad legal para hacer cumplir la legislación europea”.
En relación a los recursos anunciados por el PP, Vella recordaba que “los tribunales nacionales están obligados a aplicar el derecho europeo y velar por que las obligaciones que del mismo emanan, sean cumplidas efectivamente”.
La misiva de Unidos Podemos de noviembre denunciaba ante la Comisión Europea la “ofensiva lanzada” por el PP para “tratar de paralizar la aplicación de las medidas” sobre calidad del aire por parte del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimento de las directivas europeas medioambientales y ante la amenaza de la UE de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
De este modo, añadían los eurodiputados firmantes, “el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido, ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el protocolo frente a episodios de contaminación si el ayuntamiento de Madrid no lo retira en el plazo de un mes” al tiempo que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP, “amenaza con llevar ante los tribunales el acuerdo plenario del 5 de octubre en el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que incluye la regulación del funcionamiento de Madrid Central”.
La carta al comisario Vella recordaba que “la ciudad de Madrid vulnera desde 2010 los valores límite de NO2 establecidos en la normativa europea” y que, de hecho, la Comisión Europea “inició un procedimiento de infracción contra España y en enero de 2018 le planteó un ultimátum para que presentara planes convincentes con el propósito de alcanzar los objetivos de calidad del aire”.
Tras haber presentado España dichos planes, la Comisión decidió en mayo de 2018 no llevar, por el momento, a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarlos adecuados, aunque anunció que se mantendría vigilante sobre su cumplimiento.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid “ha introducido algunas de las medidas de limitación del uso del coche en la ciudad contempladas en los planes presentados ante la Comisión Europea, como el plan Madrid Central y el protocolo de actuación frente a episodios de alta contaminación, un plan de acción a corto plazo, como exige la Directiva 2008/50/CE”.
Sin embargo, alerta la misiva, “en el caso de que prosperaran los contenciosos legales promovidos por el PP, la ciudad quedaría desprovista de instrumentos vigentes para reducir la contaminación atmosférica”.
“De darse el caso”, concluyen los eurodiputados de Unidos Podemos, “la Comisión Europea debería llevar a España ante el TJUE, al igual que hizo en mayo con Alemania, Francia y Reino Unido por no adoptar medidas para reducir la contaminación por NO2, como medio para proteger a los ciudadanos frente a la contaminación atmosférica”.
