La Fiscalía de Baleares volverá a oponerse a mantener el toque de queda y las limitaciones a las reuniones sociales en la Comunidad, según ha explicado el fiscal superior del archipiélago, Bartolomé Barceló, en declaraciones que recoge Europa Press. El Ministerio Público mantiene las mismas razones que hace dos semanas: asegura que estas restricciones vulneran derechos fundamentales y que no procede adoptarlas sin el paraguas legal del estado de alarma.
Este lunes, el Govern aprobó retrasar el toque de queda hasta la medianoche a partir del 23 de mayo –actualmente es a las 23.00– y ampliar las reuniones sociales a un máximo de ocho personas en exteriores y dejar en seis el de interiores. Las medidas fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para su autorización.
El fiscal ha recordado que esta vez sí cabrá el recurso de casación, que recaería en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Informa elDiario.es / Europa Press
El Gobierno de Cantabria mantendrá hasta el final de la pandemia el 'corredor educativo', un protocolo implantado este curso para una gestión ágil de los casos Covid detectados en las aulas que ha sido “clave” para que la región haya conseguido una “baja” incidencia de coronavirus en el ámbito educativo. Y ello, según ha destacado el Ejecutivo en nota de prensa, pese a ser una de las “pocas comunidades” en las que el alumnado de todas las etapas y enseñanzas ha tenido una formación totalmente presencial durante todo este curso.
Así lo ha informado después de Cantabria haya ratificado este miércoles el documento de 'Propuesta de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud Frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022' elaborado por los ministerios de Educación y Sanidad.
La Fiscalía Anticorrupción solicita doce años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el presunto ocultamiento de su millonario patrimonio para no pagar sus deudas con Hacienda. El Ministerio Fiscal, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar elDiario.es de fuentes de la investigación, pide seis años por un presunto delito de insolvencia punible y frustración de condena, cinco por blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público. Para la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández, Anticorrupción solicita siete años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y blanqueo.
Para el empresario Fernando Roig, presidente del Villareal CF y uno de los empresarios que prestaron dinero a fondo perdido al expolítico del PP, el Ministerio Público pide cuatro años y siete meses de prisión por los supuestos delitos de cooperación necesaria en la insolvencia y cohecho. Anticorrupción solicita la misma pena para su hijo Fernando Roig Nogueroles. El apoderado de una de las empresas de Roig, Miguel Pérez Ferrer, se enfrente a una petición de pena idéntica.
Por Lucas Marco.
La Junta de Andalucía comenzará a vacunar contra el coronavirus con la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos andaluces menores de 60 años de forma voluntaria, decisión que se ha adoptado tras el Pleno del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud reunido en la tarde de este miércoles y en el que ha participado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha puntualizado que “dicha decisión respalda la postura manifestada por Andalucía de forma incesante, ya que consideramos que la mejor vacuna es la puesta”.
“Es una decisión que cuenta con los informes positivos de la Agencia Española del Medicamento y de la Agencia Europea del Medicamento, Sociedades Científicas, así como la experiencia de las pautas completas de dicha vacuna en otros países, caso del Reino Unido”, según el consejero.
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha participado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde se ha consensuado que las personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca reciban una segunda dosis de Pfizer.
No obstante, “la Comunitat Valenciana ofrecerá la posibilidad de que estas personas puedan recibir la segunda dosis de AstraZeneca si así lo desean y para ello deberán firmar un consentimiento informado”, según ha señalado Barceló.
Para la confección de este consentimiento informado, el Ministerio de Sanidad ha pedido un informe al Comité de Bioética.
Según Barceló, “la Comunitat Valenciana ha defendido esta posición en el Consejo Interterritorial con el objetivo de ofrecer las mayores garantías de salud a todos los ciudadanos”.
Habemus plan de inicio de curso, al menos de momento. Gobierno y comunidades autónomas han acordado este miércoles cómo será el próximo año académico, que parece diseñado en base a un escenario en el que el coronavirus contagiará menos, aunque ni la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ni la de Educación, Isabel Celaá, han explicado por qué.
Pero el curso arrancará con la posibilidad de volver a las clases más grandes (hasta 25 en Infantil y Primaria), romper los grupos burbuja en 4º y 5º de Primaria y menos distancia de seguridad, que se permitirá bajar de 1,5 metros a 1,2 por razones que, desde un punto de vista sanitario, no se han justificado. Varias comunidades querían rebajar aún más esta distancia, aunque finalmente no se ha considerado. “No conozco a nadie que quiera 1,5 metros de distancia, algunos querrían bajar a un metro”, ha explicado la ministra Isabel Celaá tras la reunión.
Los bares y restaurantes de Austria han abierto este miércoles sus puertas al público después de un cierre de algo más de medio año a causa de la pandemia, en el que solo pudieron servir comida o bebida para llevar.
Los hoteles han podido volver a recibir turistas -hasta ahora solo admitían a personas que viajaban por trabajo- y se permite la asistencia limitada de público a actividades culturales y deportivas. Además, vuelven a estar permitidos eventos multitudinarios como congresos y conciertos en Austria, pero con la mitad del aforo y con el uso obligatorio de mascarillas.
En bares y restaurantes se permitirá un grupo máximo de diez personas en las terrazas y de cuatro en interiores, sin tener en cuenta los menores que los acompañan. Los clientes que quieran sentarse a tomarse algo en uno de los locales deberán primero mostrar un test negativo, un certificado de vacunación o un documento médico que acredite haber superado el coronavirus.
Durante las últimas 24 horas, Austria ha registrado 899 nuevos casos de COVID-19 y nueve fallecidos, unos datos alejados de los cerca de 2.000 nuevos casos que se registraban diariamente a finales de abril. Alrededor del 40% de la población adulta austríaca ha recibido al menos la primera dosis y cerca del 15% tiene ya la pauta completa, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Informa EFE.
La decisión, en teoría acordada este martes en la Comisión de Salud Pública, de administrar una dosis de la vacuna de Pfizer para completar la pauta de las personas menores de 60 años que hubieran recibido una primera dosis del fármaco de Astrazeneca, ha creado tensión en el Consejo Interterritorial de este miércoles.
Un grupo de comunidades como Catalunya, Castilla y León, Madrid o Euskadi han considerado que debía haberse debatido esa alternativa este miércoles. Y no ha sido así. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido tras la reunión en que la combinación se decidió ya hace 24 horas. “Quedó pendiente la posibilidad de que las personas pudieran decidir no usar Pfizer y ponerse una segunda dosis de AstraZeneca con consentiemiento informado”. Se ha trasladado esa opción al Comité de Bioética para que se pronuncie.
El conflicto ha surgido a cuenta de la estrategia sobre cómo terminar la vacunación de los grupos de población a los que se les inyectó la vacuna de Astrazeneca antes de los episodios de extrañas trombosis detectadas en algunas personas inmunizadas con el suero británico y el informe de la Agencia Europea del Medicamento que calificó los casos como rarísimos “efectos secundarios”. La EMA recomendó seguir usando este fármaco.
Por Raúl Rejón.
La pandemia sigue matando. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este miércoles 29 fallecidos más con COVID-19 en la semana del 10 al 16 de mayo. Sin embargo, matiza que no considera que cuatro de ellos hayan fallecido por el Sars-Cov-2 como causa directa aunque no los excluya de la estadística. En total, la pandemia ha dejado ya 4.302 decesos, el 2,12% de los 202.875 positivos totales. Este porcentaje ha ido cayendo conforme se generalizaba la vacunación entre las personas mayores y, sobre todo, en residencias.
Esta semana han muerto 11 personas de más de 80 años, 13 septuagenarios, 5 sexagenarios y una persona de menos de 59 años. El detalle por edades no coincide con la cifra general que ofrece Osakidetza. 2.983 de los 4.302 fallecidos tenían más de 80 años, el 69% del total. En toda la pandemia, 16 personas de menos de 40 años han muerto a causa de la COVID-19. Osakidetza lleva meses sin dar el dato de letalidad por provincias, aunque sí está disponible el desglose municipal. En Bilbao han muerto 970 personas, en Vitoria 611, en Donostia 379, en Barakaldo 193 y en Getxo 127. Por población, la mayor letalidad se da en Samaniego (1.245 decesos por cada 100.000 habitantes), Forua (885), Munitibar (873), Loiu (822) y Zuia (804).
Por Iker Rioja Andueza y Rubén Pereda.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud de que los adolescentes de 12 a 16 años podrían ser vacunados antes de que empiece el curso escolar.
Darias ha explicado que si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba la solicitud de Pfizer para poder vacunar a los jóvenes, se trasladará la posibilidad de vacunar a los estudiantes al Consejo Interterritorial de Salud. Si este lo aprueba, ha afirmado la ministra, se procederá a vacunar a esta población, idealmente antes de que empiece el curso escolar en septiembre. Quede por ver cómo afectará este hecho, si se produce, a la programación del curso escolar.
Informa Daniel Sánchez Caballero.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó este miércoles en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Gobierno no aceptará el “chantaje” del Partido Popular con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueada dos años y medio. Además, pidió al partido de Pablo Casado que “reconsidere” la que hasta el momento es su última condición para renovar el órgano de gobierno de los jueces: un cambio en el sistema de elección para que doce de sus miembros sean elegidos por los propios jueces y ocho por el Parlamento.
“No cabe el chantaje. No lo aceptaré. Eso no es cumplir el estado de derecho, eso no es ser constitucionalistas y sé que lo son. Les pido una reconsideración de eso. Sé que van a estar y espero que lo hagamos cuanto antes”, dijo el ministro al diputado del PP Miguel Ángel Jerez, que en su intervención acusó al Gobierno de no aceptar “casi nunca o nunca” los “consensos” que propone la oposición y puso de ejemplo precisamente la renovación del CGPJ y el 'plan B' jurídico, la propuesta estrella del PP para hacer frente a la pandemia que el pasado noviembre fue tumbada en el Congreso de los Diputados.
Por Elena Herrera.