Varios concejales extremeños de Vox se dan de baja acusando a la formación de ser un partido “antidemocrático, sin principios y anticonstitucional”
Los actuales concejales de Vox en Badajoz, Alejandro Vélez; de Lobón, María Isabel Gragera; de Guadiana, Antonio Pozo y José Andrés Gámez y otros tres concejales más, además del que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan A. Morales -8 candidatos en total-, han anunciado este martes que abandonan la formación de extrema derecha por considerar que es un partido “sin principios y antidemocrático, que somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley”. Todos estos concejales pasaran a ser a partir de ahora a figurar como “no adscritos” en sus respectivos Ayuntamientos.
En un comunicado, los ediles señalan que “la disciplina interna del partido es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General –que dirige Javier Ortega Smith-, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa”. “El objetivo –señalan- es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los Grupos municipales o Asambleas legislativas”, mientras desvelan que algunos de ellos han sido “objeto de técnicas indecentes como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente”.
También relatan las prácticas de Ortega Smith que “expulsa del partido de manera fulminante” a todo el que discrepa. “O estás de parte de la organización y acatas lo que se te diga, o estas fuera”. Además, acusan a la formación de ser un partido “sin principios”. “Engañan a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente”. Los ediles explican en un largo comunicado que han cursado denuncias, “ya admitidas y en trámite, ante la Agencia Española de Protección de Datos, por filtraciones de datos de carácter personal, e incumplimiento del deber de confidencialidad sobre expedientes internos de los afiliados”.
Escribe Carmen Moraga.
