La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha celebrado en la misma línea que otros de sus compañeros del Consejo de Ministros la carta de Oriol Junqueras en la que rechaza la vía unilateral y se muestra por primera vez partidario de los indultos. “Hay que salir de esta situación en la que estamos”, ha afirmado.
“A esta situación nos condujo no solo el independentismo sino también la desastrosa actitud que alentó el PP”, ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a los periodistas en las que ha abogado por pasar página tras “una década verdaderamente frustrante y lamentable para la sociedad catalana y española”.
Por Irene Castro.
El Gobierno de Portugal ha considerado hoy que la exigencia por parte de España de un test de diagnóstico, certificado de recuperación o de vacunación para entrar al país por vía terrestre debe ser un “error” y ha amenazado con aplicar medidas idénticas si no se corrige.
El Ejecutivo luso espera aclaraciones de las autoridades españolas “para evitar lo que sería una consecuencia lógica: la adopción de medidas recíprocas teniendo en cuenta que la situación epidemiológica que se vive en España, que es peor”, ha dicho el ministro de Exteriores luso, Augusto Santos Silva, en declaraciones a la radio portuguesa TSF.
España exige desde hoy certificado de vacunación, tener una prueba diagnóstica de coronavirus -incluida la de antígenos- o de recuperación tras haber sufrido la enfermedad para entrar en el país por vía aérea, marítima o terrestre desde países de riesgo, como es el caso de Portugal.
Quedan exentos los niños de hasta 6 años, los trabajadores transfronterizos, los conductores de transporte de mercancías y los residentes en un radio de hasta 30 kilómetros de la frontera.
Santos Silva ha señalado que España le había comunicado que iba a facilitar la circulación ampliando los tipos de certificados válidos, pero no que los iba a exigir también en la frontera terrestre.
“No esperábamos lo que es manifiestamente un error por aplicarse a la frontera terrestre”, ha dicho el ministro, que recuerda que durante toda la pandemia los dos países han articulado en conjunto la gestión de la Raya.
La frontera terrestre entre España y Portugal reabrió el pasado 1 de mayo y desde entonces no había ninguna limitación a la circulación en ambos sentidos.
La única restricción por parte de Portugal a los viajeros procedentes de España se aplica en los vuelos, donde se obliga a presentar una PCR con resultado negativo realizada en las 72 horas previas al embarque.
Informa EFE.
El Ministerio de Sanidad busca nuevas vías de consenso después de que varias comunidades autónomas se hayan negado a aplicar las restricciones que se aprobaron la semana pasada con mayoría pero sin consenso en Consejo Interterritorial. Éstas afectarían sobre todo a las reglas sobre la hostelería y a la reapertura del ocio nocturno, y estarían vigentes hasta que el 70% de la población esté inmunizada frente a la COVID-19. Esas vías podrían incluir que se cambiara parte del documento publicado en el BOE.
Una de las autonomías que se había opuesto al acuerdo con más contundencia, Madrid, recurrió las medidas ante la Audiencia Nacional. El órgano les ha dado la razón este lunes y les ha concedido medidas cautelarísimas por las que suspenden en la región las restricciones de Sanidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado después de conocerse la decisión judicial a varios consejeros de salud de las comunidades, confirman fuentes autonómicas, para estudiar modificaciones. El próximo Consejo Interterritorial se celebra el miércoles.
Por Belén Remacha / Irene Castro.
El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el empresario Javier López Madrid y otras cuatro personas por el amaño de la adjudicación de las obras del tren a la localidad de Navalcarnero.
La constructora OHL, fundada por Juan Miguel Villar Mir, obtuvo dicha adjudicación a través de un concierto criminal de su consejero López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás, con González y el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, por el que estos dos últimos obtuvieron una mordida a repartir de 1,8 millones de euros, según consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Por Pedro Águeda.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recomendado modificar la cita para la segunda dosis de la vacuna a quien le coincida fuera de su comunidad autónoma por las vacaciones, aunque ha dicho que es “factible” poder inocularse en el lugar de destino.
“La segunda dosis de la vacuna tiene un tiempo mínimo de espera pero no pasa nada porque se ponga un poco después”, ha dicho Simón durante una rueda de prensa en la que ha comentado que las comunidades “dan flexibilidad para adaptar la fecha y la cita para la segunda dosis”.
El director del CCAES ha precisado, no obstante, que “sí que existe la opción poner la segunda dosis en una comunidad autónoma de destino”. “Es importante que, para ello, las personas hagan su tarjeta de desplazamiento para vacaciones, para que pueda hacerse el registro de forma adecuada y pueda accederse a los datos de vacunación previa en la comunidad de destino”, ha dicho.
“En todo caso, si no es muy complicado o el tiempo entre sus vacaciones y la segunda dosis es cuestión de días, siempre es mucho más sencillo modificar la cita en su comunidad autónoma”, ha insistido.
Ecuador ha iniciado este lunes un retorno “progresivo” a las clases presenciales en 1.301 centros educativos. Se trata de un plan piloto después de quince meses de educación virtual, aunque por el momento reabren sobre todo los del régimen Costa, pues la Sierra y la Amazonía están a punto de concluir el año lectivo.
La ministra de Educación, María Brown, ha indicado a Efe que la reapertura incluye a 120.000 estudiantes que forman parte de los establecimientos educativos incluidos en el plan de retorno “paulatino, progresivo y controlado a la presencialidad”, anunciado la semana pasada por el nuevo Gobierno de Guillermo Lasso.
De los que se han sumado al plan, apenas un 8% de todos los centros escolares en el país andino, 1.102 se encuentran en zonas rurales, y 199 en las urbanas, donde la reactivación es más compleja por la necesidad del transporte y los mayores índices de contagio.
La educación en Ecuador se ha desarrollado desde marzo de 2020 de forma virtual, si bien hubo tímidos intentos por ir reabriendo en septiembre de ese año, y en marzo de este, pero sucumbieron a los picos de contagios esos meses.
Informa EFE.
Francia ha registrado este lunes una nueva bajada en el número de hospitalizados y de pacientes graves por COVID-19, con un descenso neto de 202 personas ingresadas en las últimas 24 horas y de 55 en las unidades de cuidados intensivos.
En las últimas 24 horas, según el balance diario de las autoridades sanitarias, se han notificado 1.164 contagios y 64 muertes en hospitales, hasta un total de 5,7 millones positivos y de 110.062 fallecimientos desde el inicio de la epidemia.
Desde el inicio de la vacunación, el pasado diciembre, en Francia 28,2 millones de personas han recibido al menos una inyección, el 42,2% de la población total, y 12,5 millones tienen ya dos dosis, el 18,7%.
Este 9 de junio comienza una nueva etapa de la desescalada con un retraso de dos horas del inicio del toque de queda, a las 23.00, o la reapertura del interior de cafés y restaurantes, con la mitad del aforo.
Informa EFE.
No habrá cambios de calado en los Mossos d'Esquadra con la llegada de Joan Ignasi Elena a Interior. El nuevo titular de la conselleria, independiente aunque cercano a ERC, mantiene en el cargo al director general de la policía nombrado la pasada legislatura por Junts, Pere Ferrer. La continuidad de Josep Lluís Trapero como major se daba por descontada y Elena no se ha planteado en ningún momento un relevo, confirman fuentes de la conselleria que por primera vez asume ERC.
El puesto de director general de la policía es uno de los más sensibles de la conselleria. Es el director político del cuerpo y por encima solo tiene al conseller, lo que le convierte en su escudo o en un cortafuegos cuando se avecina o se vive una crisis. El propio Ferrer puede dar cuenta de ello: asumió el cargo dos semanas antes de los disturbios de la sentencia del procés después de que su antecesor, Andreu Martínez, se hartara de las críticas del entonces president Quim Torra a las actuaciones de los Mossos.
Por Oriol Solé Altimira.
Diez días después de la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Canarias de Ley autonómica de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género ha viajado a Las Palmas de Gran Canaria para “conocer y entender” como se consiguió sacar adelante la norma y “ver como se puede trasladar” al conjunto del Estado sobre la Ley Trans.
Noelia Vera (Cádiz, 1985) tiene en mente conseguir aprobar antes del Día del Orgullo (30 de junio) la Ley LGTBI y la Ley Trans. Dice que el acuerdo con el PSOE “está cerca”, pero aún se muestra moderadamente optimista. “Hasta que no vea la firma, no lo celebraré”. Por ello, ha destacado “el referente” que ha sido Canarias al consensuar una revisión de la norma existente de 2014, como reclamaban las asociaciones LGTBi.
En el marco de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno para llegar a la simbólica fecha del Orgullo con la ley trans aprobada, el Ministerio de Igualdad ha movido recientemente ficha en el principal escollo, el cambio de sexo legal.
El departamento dirigido por Irene Montero ha planteado que las personas trans declaren dos veces ante el Registro Civil su voluntad de rectificar sus documentos oficiales, con un lapso de tiempo entre ambas de tres meses y sin que haya requisitos ni terceras personas que deban validarlo. Según fuentes del ministerio, es la última propuesta que ha trasladado a Justicia y que está “en la misma línea” que la sugerencia hecha por los colectivos LGTBI este lunes para desbloquear la norma.
Por Marta Borraz.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha escrito este lunes a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para pedirle que “analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria”, según ha avanzado la cadena Ser y confirman fuentes del ministerio.
La iniciativa de Ribera llega en un momento de precios récord en el mercado mayorista de electricidad para un mes de junio y unos días después de la entrada en vigor, el 1 de junio, de un polémico nuevo modelo de factura de la luz que penaliza el consumo en las horas más caras del día.
En enero, durante la escalada del recibo durante la borrasca Filomena, fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el que se dirigió a la CNMC para que se investigase si había habido irregularidades.
Por Antonio M. Vélez.