La organización de consumidores FACUA ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la brecha de seguridad que se produjo este miércoles en su portal para obtener el certificado digital COVID. Ese agujero de seguridad, que pudo ser contrastado por elDiario.es y Telemadrid, expuso los datos personales de miles de ciudadanos: cuando se introducía un número de DNI en la url, el sistema devolvía automáticamente el nombre completo, el número de teléfono fijo y móvil y la dirección postal del ciudadano al que correspondía ese DNI.
Mediante ese procedimiento se pudo acceder a los datos que la Sanidad madrileña tiene de personas tan relevantes como el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o José María Aznar. Facua señala que lo ocurrido incurriría en una vulneración del artículo 6 del Reglamento General Protección de Datos de la UE y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que lo califica como una falta “muy grave”.
Se trata de la tercera denuncia de Facua ante la AEPD contra la administración que dirige Isabel Díaz Ayuso por posibles violaciones del derecho de privacidad de los ciudadanos. La segunda también se refirió a una brecha de seguridad en la Consejería de Sanidad destapada por elDiario.es. En esa ocasión, el fallo de programación se produjo en el sistema de autocita para la vacuna del coronavirus. La Comunidad de Madrid cerró la brecha tras ser notificada de su existencia por este medio.
Escribe Carlos del Castillo.
El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves, 8 de julio, cambios en los niveles de alerta sanitaria vigentes en las islas. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha explicado que Gran Canaria subirá al nivel 2 de alerta. El resto de islas permanecen sin cambios: El Hierro, La Palma, La Gomera y Lanzarote permanecen en nivel 1 y Tenerife, en nivel 3.
Trujillo ha comparecido después del Consejo de Gobierno, que se ha prolongado hasta las 21.30 horas, y ha adelantado que el Ejecutivo autonómico solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) restringir la movilidad nocturna entre las 00.30 y las 06.00 horas en las islas en nivel 3 y 4. Además, en estos territorios se limitará la venta de alcohol y se cerrarán las playas a partir de las 20.00 horas, con el propósito de evitar botellones.
Informa Natalia G. Vargas
La compañía farmacéutica Roche, con sede en Suiza, ha anunciado que no hará valer sus derechos de patente sobre el fármaco tocilizumab en los países de ingresos bajos y medios durante la pandemia.
El anuncio se produjo este miércoles, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara este martes administrar bloqueadores de los receptores de la interleucina 6 a los pacientes hospitalizados con COVID-19 grave o crítico, tras publicarse resultados positivos de ensayos con más de 10.000 personas.
Los pacientes grave o críticamente enfermos de COVID-19 a menudo sufren una reacción desproporcionada del sistema inmunológico que puede ser muy perjudicial para la salud del paciente. Los fármacos bloqueadores de la interleucina 6 (una proteína relacionada con el sistema inmune y los procesos inflamatorios) como el tocilizumab actúan contra esta reacción.
Tocilizumab en un anticuerpo monoclonal humanizado, aprobado para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide.
Aunque no está aprobado para el tratamiento de la COVID-19 en ningún país, el medicamento “se ha utilizado ampliamente durante esta pandemia en la práctica médica, y la demanda de este medicamento ha aumentado significativamente a nivel mundial”, dice Roche en un comunicado.
La farmacéutica asegura que ha aumentado su capacidad de producción de manera significativa y ha estado trabajando con “fabricantes externos en la transferencia de nuestras tecnologías para aumentar aún más el suministro mundial”.
A pesar de todos estos “esfuerzos”, prosigue la compañía, “puede que aún no sea suficiente para satisfacer la demanda sin precedentes de Actemra/RoActemra”. “Roche y Chugai (que son titulares de patentes relacionadas con Actemra/RoActemra) han decidido, por tanto, no hacer valer ninguna patente contra el uso de Actemra/RoActemra en COVID-19 en los países de renta baja y media durante la actual pandemia, lo que proporcionará seguridad jurídica a los fabricantes de productos biológicos”.
La OMS ha pedido a los fabricantes que, para aumentar el acceso y la asequibilidad de estos productos, reduzcan los precios y pongan los suministros a disposición de los países de ingresos bajos y medianos, especialmente donde la COVID-19 está aumentando. También ha alentado a las empresas a aceptar acuerdos de licencia voluntarios transparentes y no exclusivos utilizando la plataforma C-TAP, inutilizada hasta ahora, y el Banco de Patentes de Medicamentos, o a renunciar a los derechos de exclusividad.
Médicos Sin Fronteras (MSF) también ha exigido en los últimos días a Roche que compartiera urgentemente conocimientos y tecnología con una amplia gama de fabricantes en países de ingresos bajos y medianos para aumentar la producción y el acceso del tocilizumab.
También ha reclamado que venda el fármaco a un precio mucho más asequible que el que tienen actualmente. “Aunque el tocilizumab se comercializa desde 2009 para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, el acceso sigue siendo un desafío”, ha denunciado MSF. “Roche mantuvo el precio de este fármaco muy alto en la mayoría de los países, con precios que oscilan entre 410 dólares en Australia, 646 dólares en la India y 3.625 dólares en Estados Unidos por dosis de 600 mg de COVID-19”.
Escribe Icíar Gutiérrez
El consejero de Salud del Gobierno murciano, Juan José Pedreño, ha comparecido en la tarde del jueves para anunciar nuevas restricciones en la Región tras el aumento de casos de COVID-19 registrados en las dos últimas semanas y que han hecho volver a cifras del pasado mes de febrero, según ha destacado. La mitad de los contagios -ha señalado Pedreño- se concentra en la población de entre 15 y 29 años (un 50,5%) y en escenarios de ocio, locales nocturnos y celebraciones.
Tras reunirse de manera extraordinaria el Comité COVID en la Región, han acordado suspender el ocio nocturno en interiores. “Se podrá mantener en exteriores en mesas de 10 personas” y se reducirá el aforo en las celebraciones. “Se vuelve a los aforos anteriores, quedarán suspendidas en municipios con riesgo de contagio nivel 4 y en aquellos con un nivel de alerta 1, se permitirá un aforo de 100 personas en interiores y 200 en exteriores”. Estas medidas, ha concretado Pedreño, se harán efectivas a partir de la medianoche del sábado. Y ha anunciado también un refuerzo en la inspección de Salud Pública el fin de semana en este tipo de locales y celebraciones para comprobar que se cumplen las medidas.
Escribe Erena Calvo
El macrobrote de estudiantes navarros que viajaron a Salou tras el fin de curso sigue sumando contagios y afecta ya a 1.335 jóvenes de entre 17 y 25 años. Según los últimos datos facilitados por el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), que todavía son provisionales, en los últimos días se han realizado cerca de 2.000 pruebas diagnósticas en los cribados realizados en Pamplona y Tudela y a través de citas, de las que más de la mitad han sido positivas. Esta positividad es diez veces superior a lo crítico, según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud.
Escribe Rodrigo Saiz.
Madrid sigue a la zaga en cuanto al ritmo de vacunación. De las más de 7.143.000 dosis que ha recibido, ha puesto poco más de 5.950.000. Si nos fijamos en su porcentaje, Madrid ha inyectado el 83,3% de las vacunas que ha recibido, se trata de la comunidad que menos inyecta en términos porcentuales. Por ejemplo, Andalucía ha inoculado más del 93% y Catalunya el 89,7% y eso que esta comunidad ha recibido más vacunas que Madrid, esto es, un total de 8.296.120.
La segunda que menos inyecta es Castilla y León, que ha pinchado el 87,5% de las dosis recibidas; Cantabria ha inyectado el 87,6% y La Rioja, el 87,7%.
Este miércoles se produjeron quejas por parte de los madrileños puesto que el Hospital Zendal dio cita a 30.000 personas para vacunarse contra la COVID-19, 8.000 más de lo habitual. Aún con todo, Madrid tiene más de un millón de dosis en la nevera.
La limpieza de las tierras de Palomares, contaminadas con residuos radioactivos desde que en 1966 cayeran dos bombas nucleares que liberaron una nube de aerosoles cargados de plutonio, seguirá teniendo que esperar. La Audiencia Nacional ha desestimado este jueves el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción en 2017. En un fallo esperado desde hace meses (y pospuesto en varias ocasiones), los magistrados concluyen que no pueden obligar al Consejo de Seguridad Nuclear a clausurar las instalaciones y las áreas contaminadas de Palomares, tal y como pedía la federación ecologista. La sentencia cuenta con dos votos discrepantes (de los cinco magistrados que integran la sala), y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
En su demanda, Ecologistas en Acción pedía que, en aplicación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado de forma preliminar por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en 2010, se trataran 50.000 metros cúbicos de tierra de Palomares afectados por radiación y que los 6.000 metros cúbicos resultantes de la limpieza se almacenaran temporalmente en un lugar adecuado, fijándose un plazo para hacerlo.
Los magistrados rechazan la pretensión de los ecologistas por la falta de competencia del CSN. Este órgano administrativo dictó la resolución denegatoria que Ecologistas en Acción había recurrido. Sin valorar los motivos de la resolución negativa del CSN, la Audiencia Nacional rechaza que el CSN pueda hacer lo que pretende Ecologistas en Acción. Según los jueces, este órgano tiene funciones de inspección, asesoramiento y sancionadoras, pero no ejecutivas. “No se le atribuyen, en forma alguna, labores ejecutivas ni materiales que permitieran a esta Sala dictar sentencia que le obligue a que lleve a cabo lo que pretende la parte recurrente”, señalan los magistrados. Aunque se le condenara, el CSN (con personalidad independiente de la Administración General) no podría ejecutar la eventual sentencia.
Por Néstor Cenizo
La Fiscalía ha solicitado la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas y que le permitió abandonar el pasado 15 de junio el Centro de Inserción Social (CIS) 'Matilde Cantos' de Granada para cumplir en su domicilio con control telemático la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por la sustracción de sus dos hijos menores.
El abogado de esta madre de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ha censurado que la Fiscalía haya hecho esta petición al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pues “en términos sencillos”, lo que se pide es que Juana Rivas “ingrese en prisión”, lo que ha calificado como un “acto más de violencia institucional judicial” contra su clienta.
Aránguez ha defendido así en un comunicado que, tal y como lo estimó la Secretaría de Instituciones Penitenciaras a propuesta de la Junta de Tratamiento del CIS Matilde Cantos, “se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación para conceder el tercer grado penitenciario”.
Con información de Europa Press.
El Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón a la cabeza, ha iniciado esta semana una campaña para desincentivar el consumo de carne roja por sus efectos negativos tanto para la salud como para el medioambiente. El ministro de Unidas Podemos ha tomado como referencia las recomendaciones de la OMS y los datos de contaminación de esta industria cárnica, que supone un 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, la respuesta de diferentes líderes políticos no ha tardado en llegar. El ministro de Agricultura, Luis Planas ha señalado que “la campaña es tan errónea como la del azúcar mata”. Pedro Sánchez ironizaba “A mí, donde me pongan un chuletón al punto… eso es imbatible”. Inés Arrimadas, Miguel Ángel Revilla, Pablo Casado y Alfonso Fernando Fernández Mañueco, también han manifestado su desacuerdo con el mensaje del ministerio.
Escribe Noelia Casado .
Castilla y León prepara cribados masivos para los jóvenes de varias provincias “para tratar de controlar la incidencia” pese a las dudas sobre su eficacia. Según han informado varias delegaciones territoriales, el viernes Burgos ha convocado a los jóvenes de entre 14 y 29 años; y Zamora y Salamanca convocan para el domingo. La semana pasada León realizó un cribado en el que dio positivo el 10% de los jóvenes y El Bierzo ha organizado otro este miércoles y jueves. De los 1.800 jóvenes que participaron el miércoles en el cribado de Ponferrada, 57 han dado positivo.
Las personas que deben acudir a este cribado masivo han de ser jóvenes de 14 a 29 años, usuarios del Sacyl y de cualquier otro tipo de Servicios Sanitarios, aunque no tengan síntomas compatibles con la COVID-19. Sin embargo, no pueden acudir los pacientes en aislamiento por coronavirus y las personas que se encuentran en cuarentena por contacto estrecho de un caso confirmado.
Luís Pérez, conocido como Alvise Pérez en Twitter, tendrá que comparecer ante la Justicia por difundir una falsa PCR positiva del exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, durante la pasada campaña de las elecciones al Parlament. La jueza de Barcelona que investiga al tuitero lo ha citado a declarar como imputado por falsedad documental e injurias para el próximo mes de septiembre, han informado a elDiario.es fuentes del caso.
La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona ha acordado la citación de Pérez como investigado después de la denuncia de la Fiscalía y de Illa contra el tuitero. El jefe de la oposición catalán se personó el pasado mes de junio como acusación contra Pérez con el objetivo es defender su honorabilidad “puesta en cuestión con insultos y mentiras”. Previamente la Fiscalía ya había denunciado a Pérez por los delitos de falsedad en documento privado e injurias al haber difundido una PCR positiva falsa del exministro de Sanidad durante un debate televisivo de las últimas elecciones catalanas.
Escribe Oriol Solé.