Ley Trans

La última propuesta de Igualdad para el cambio de sexo legal: dos solicitudes en tres meses pero sin requisitos

En el marco de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno para llegar a la simbólica fecha del Orgullo con la ley trans aprobada, el Ministerio de Igualdad ha movido recientemente ficha en el principal escollo, el cambio de sexo legal. El departamento dirigido por Irene Montero ha planteado que las personas trans declaren dos veces ante el Registro Civil su voluntad de rectificar sus documentos oficiales, con un lapso de tiempo entre ambas de tres meses y sin que haya requisitos ni terceras personas que deban validarlo. Según fuentes del ministerio, es la última propuesta que ha trasladado a Justicia y que está “en la misma línea” que la sugerencia hecha por los colectivos LGTBI este lunes para desbloquear la norma.

Igualdad hizo este planteamiento el pasado 2 de junio, coincidiendo con una reunión entre ambos equipos que se alargó durante todo el día en la sede del departamento que dirige Juan Carlos Campo y en medio de la intensificación de las negociaciones de las últimas semanas. La propuesta consistía en mantener el cambio de sexo legal sin requisitos de ningún tipo, ni médicos ni los propuestos por el PSOE, que pasan por la inclusión de testigos o algún tipo de medio de prueba similar, pero aceptar un sistema de doble declaración: “realizar una solicitud a través de una primera comparecencia ante el encargado del registro para volver a comparecer tres meses después”, señalan las mismas fuentes.

Según Igualdad, Justicia “estaba analizando y estudiando” la propuesta, mientras fuentes de la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo se mantienen en la necesidad de dar “garantías jurídicas” al texto mediante la inclusión de testigos y defienden sintonía en la posición de ambos departamentos, informa Irene Castro. Se han expresado así tras la rueda de prensa convocada por los colectivos LGTBI Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, que este lunes han presentado una nueva propuesta “de consenso” a los socios de Gobierno que pasa también por establecer un plazo de tres meses entre que se solicita el cambio de sexo legal y la persona recoge sus documentos.

La propuesta de los colectivos

Las organizaciones lo han explicado poco después de una reunión mantenida en Moncloa con equipos de la vicepresidencia primera y Justicia en la que, aseguran, han insistido en este planteamiento que ya les trasladaron a Igualdad y Justicia hace dos semanas. Al encuentro fueron convocados ayer, dos días después de que anunciaran su intención de realizar la rueda de prensa para explicar su propuesta de este lunes.

La sugerencia mantiene invariable la línea roja que han puesto desde el principio y que también defiende Igualdad: la libre autodeterminación de género, es decir, que el cambio de sexo legal se haga sin requisitos. Pero incorporan dos novedades que reconocen que son “cesiones”, aunque “necesarias para alcanzar el consenso”. El plazo administrativo de tres meses (aunque no han hablado de volver a solicitarlo) vendría a “garantizar la seguridad jurídica” que reclama el ala socialista del Gobierno. El otro cambio es que la rectificación del sexo legal pueda realizarse desde que el menor cumple 12 años, pero no antes. La idea es que estos niños y niñas sí puedan cambiarse el nombre y que “su identidad de género sea respetada en todos los entornos de su vida”, como contempla la reciente ley de infancia aprobada en el Congreso.

Ahora las personas trans deben presentar obligatoriamente un informe psicológico que les diagnostique disforia de género y estar dos años hormonándose para cambiar su sexo legal. En eliminar estos requisitos están ahora de acuerdo ambas partes, pero Igualdad y los colectivos reclaman que se base solo en la declaración expresa de la persona en consonancia con la autodeterminación de género que reclaman organismos como la Comisión Europea y reconocen más de una decena de leyes autonómicas, la última la canaria, aprobada por unanimidad a finales de mayo. También la autodeterminación estaba en la propuesta impulsada por los socialistas en en el Congreso en 2017, pero el partido ha cambiado de posición desde entonces y considera que es necesario introducir algún requisito en el trámite administrativo, que compara con las bodas en las que es necesario la firma de testigos.

Las partes se emplazan a seguir hablando

En el encuentro “no se ha cerrado nada”, ha explicado Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, pero las organizaciones se muestran optimistas y ven “un avance significativo en las posturas y en las propuestas que solicitamos a vicepresidencia” y han percibido “voluntad” de llegar a un acuerdo antes del Orgullo, que culmina con una manifestación el 3 de julio. “Creemos que es posible, nos queda seguir negociando y avanzando”, ha esgrimido Sangil. Para lograrlo, las organizaciones han pedido una reunión “lo antes posible” con Justicia, Igualdad y Vicepresidencia.

La vía para modificar el sexo legal sigue siendo el principal escollo: el borrador de Igualdad incorporaba la posibilidad del cambio sin requisitos, solo basado en la libre manifestación de la voluntad, pero desde el principio la vicepresidencia primera del Gobierno se descolgó del texto y ha defendido la inclusión de algún tipo de método de acreditación. Los testigos son su última propuesta. Para los colectivos es, sin embargo, inaceptable. “No podemos asumir tener que presentar pruebas de nuestra identidad y mucho menos que sea una tercera persona quien decida si somos o no personas trans [...] No tenemos que demostrar o probar que lo somos”, ha defendido la presidenta de la FELGTB.

Las organizaciones han explicado que su propuesta ya fue planteada a Justicia e Igualdad hace un par de semanas, que ambos “veían viable”, y por eso han insistido en ella este lunes en Moncloa. Sin embargo, desde la vicepresidencia primera llaman a seguir negociando y desmienten que el ministerio de Juan Carlos Campo diera un 'sí' al texto, sino que se comprometió a estudiarlo.

Todas las partes reconocen que las negociaciones han avanzado en las últimas semanas y ven más cerca el pacto, pero aún no hay consenso. El pasado viernes Moncloa aseguró que había “un principio de acuerdo” y que la norma estaba lista, pero desde Igualdad aseguraron que no estaba cerrado. Las conversaciones continúan con la vista puesta en el Orgullo, una fecha a la que todos quieren llegar con la norma aprobada, para lo que tanto el Ministerio de Igualdad como Vicepresidencia primera y los colectivos LGTBI se emplazan a seguir hablando.

“Por nuestra parte mantenemos el compromiso de seguir negociando como hasta ahora para que haya una Ley Trans antes del orgullo que garantice la despatologización y la libre determinación de género”, señalan fuentes de Igualdad. Por su parte, la vicepresidencia primera apunta a futuras conversaciones y confía en verse “próximamente” con Igualdad, Justicia y los colectivos en la reunión convocada por estos y que esperan que se produzca “mañana o pasado”. “Llevamos mucho avanzado. Se merecen una ley con todas las garantías”, insisten fuentes del departamento que pilota Carmen Calvo.