Francisco Franco murió y fue enterrado con honores hace 46 años, pero los reconocimientos con los que distinguió a quienes habían cometido crímenes de guerra y jugaron un papel clave en la dictadura le han sobrevivido como otras tantas reminiscencias franquistas. El objetivo con el que Franco llegó a otorgar unos cuarenta títulos nobilliarios, con carácter perpetuo y hereditario, era doble: por un lado, para “mantener vivo” el recuerdo de “las grandes glorias de la nación”; por otro, agradecerles los “servicios prestados” durante “nuestra Cruzada”, cargada de “acciones heroicas”, reza la ley de 1948 en la que el dictador restablece la legalidad vigente anterior a 1931 en lo que respecta a “Grandezas y Títulos del Reino”.
Algunos de estos ducados, condados y marquesados han decaído, pero la mayoría continúan vigentes y recaen ahora sobre sus herederos. Casi todos se han renovado durante la democracia, con Gobiernos de todos los colores políticos que se han atenido a la ley vigente. Ahora, la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, que tras la segunda vuelta en el Consejo de Ministros prosigue su trayecto en las Cortes, encamina a la aristocracia franquista a sus últimos días: aunque aún puede sufrir cambios, el texto prevé la supresión de los títulos nobiliarios concedidos hasta 1978 “que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, para lo que conmina al Gobierno a elaborar un catálogo de afectados.
A día de hoy Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador, ostenta el ducado de Franco, creado por Juan Carlos I seis días después de la muerte del dictador y que hasta 2017 estaba en manos de su madre, la única hija del golpista; un sobrino segundo del fundador de Falange Española es duque de Primo Rivera mientras que un nieto de Emilio Mola, general conocido por ser uno de los artífices del golpe de Estado de 1936 y que escribía cosas como que “todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, es desde 2009 el tercer duque de Mola. Además, un nieto del general Moscardó ostenta el condado del Alcázar de Toledo.
Estos tres últimos, junto al político José Calvo Sotelo, fueron los primeros en recibir del dictador un título nobiliario un día tan simbólico para el régimen como el 18 de julio, pero de 1948. Los motivos no eran otros que su “heroísmo” durante la guerra: “Bien merecen, tanto ellos como los servicios y hazañas que realizaron, quedar grabados para siempre en el libro de la Historia y recompensados en prueba de gratitud nacional con dignidades nobiliarias que sirvan para perpetuo ejemplo de su alcurnia y grandeza”, reza el decreto con el que se hicieron efectivas las cuatro distinciones.
No son, sin embargo, una excepción. Hasta una treintena recayeron en golpistas y militares que se sublevaron contra el Gobierno de la Segunda República, según cifra el periodista especializado en memoria histórica Carlos Hernández. En 1950 Franco otorgó al militar golpista Gonzalo Queipo de Llano el marquesado con su nombre, que hoy recae en manos de un nieto, mientras que una hija de Onésimo Redondo, fundador de las JONS, es condesa de Labajos. El dictador concedió a Pilar Primo de Rivera, que dirigió la Sección Femenina, el condado del Castillo de la Mota y homenajeó al conocido como 'carnicero de Bajadoz', Juan Yagüe, con un marquesado por su “ejemplo constante de las más preciadas virtudes militares y civiles de valor, lealtad y amor a España”, escribió el dictador en el decreto de 1952 que le condecoró.
Dejada a un lado la oportunidad de suprimir estas distinciones aún vigentes con la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Gobierno ha considerado ahora que son incompatibles con la democracia, tal y como reclamaban desde hace años organizaciones memorialistas. “Que se mantengan es uno de los elementos que nos siguen convirtiendo en una anomalía del mundo democrático. Somos el único país que mantiene homenajes a líderes fascistas y genocidas, responsables de que hubiera 40 años de dictadura; sería impensable en Alemania tener un ducado de Hitler o en Italia un marquesado de Mussolini, así que este paso nos sitúa en un camino de romper lazos con la dictadura que deberían haberse roto entonces”, opina Hernández.
¿Y qué ocurre con los (pocos) de científicos o escritores?
Es previsible que haya un debate con los títulos concedidos por Franco vinculados no a cuestiones militares, sino de índole cultural o científica. Son una minoría, entre ellos el condado de la Cierva, otorgado al inventor Juan de la Cierva en 1954, el marquesado de Ramón y Cajal o el condado de Maeztu, que el dictador otorgó al escritor Ramiro de Maeztu en 1974, el último que concedió antes de su muerte. Según explicó la entonces vicepresidenta y responsable de memoria histórica del Gobierno, Carmen Calvo, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la norma, estarían exentos de la suspensión los “unos pocos” títulos, cinco en total, que “que están vinculados a rangos intelectuales, científicos o académicos”.
Nada dice explícitamente la ley en este sentido y tampoco ha respondido a las preguntas de este medio al respecto el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en manos de Félix Bolaños tras la renovación impuesta por Pedro Sánchez, pero son varias las voces que reclaman que estos títulos también entren en el paquete. “Se trata de decisiones que tomó un dictador, hay que anular el poder de decisión de Franco porque no es solo a qué figuras se concedieron, que también, sino quién lo hizo y en qué contexto. Habrá que ver, además, qué tipo de actuaciones llevaron a cabo, aunque fueran de otra índole no militar y de qué forma participaron en la dictadura”, cree Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
También coincide en no poner apellidos a la suspensión de las distinciones Hernández, autor de Los últimos españoles de Mauthausen y Los Campos de Concentración de Franco: “La dictadura fue un régimen ilegítimo, por lo que el hecho de que Franco diera un título nobiliario en ese escenario ya estaba respondiendo a intereses del franquismo. De la misma manera que se debían haber derogado una por una todas las leyes aprobadas, hay que anular todo este tipo de decisiones”. El periodista apuesta a hacerlo con todos los títulos, y “si hay alguno que en todo caso tenga sentido mantener, que se elimine y se restituya, pero en democracia”.
La II República acabó con la concesión de distinciones aristocráticas a través de un decreto firmado el 1 de junio de 1931 por el presidente Niceto Alcalá Zamora en el que se decía que representaban “una reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases sociales”. Unos meses más tarde, la Constitución oficializó esta medida a través de su artículo 25, en el que se aseveraba: “El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”. Esto cambió durante la Guerra Civil, y aquellas personas que ostentaban algún título lo recuperaron en sus documentos oficiales. En 1948 Franco recuperó la práctica por ley: “El pueblo español, amante siempre de sus tradiciones y su historia, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus titulares con las dignidades que ostentaban, prueba evidente de la fuerza social de la tradición sobre los vaivenes de la política y los tiempos”, justificó.