El Senado ha acordado hoy por unanimidad instar al Gobierno a que evalúe “lo antes posible”, junto con las comunidades autónomas, la ley integral contra la violencia de género diez años después de su aprobación, para mejorar su funcionamiento y adecuarla a la realidad de la sociedad actual.
El texto aprobado, una modificación a una moción presentada por CiU, firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara alta y debatida en el Pleno, pide, asimismo, reformas legislativas “con el objeto de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos” de las víctimas.
La senadora de CiU Coralí Cunyat, que ha defendido la moción de su grupo, ha asegurado a Efe que “lo que se ha conseguido hoy es muy importante” y ha reconocido el esfuerzo del PP por aceptar “prácticamente” las aportaciones al texto de todos los grupos.
Cunyat ha insistido en destacar la capacidad de haber llegado a un acuerdo, que incorpora compromisos que afectan no solo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino también al de Interior, Justicia y Educación.
La parlamentaria se ha mostrado convencida de que “de manera rápida” se van a plantear cambios en la ley y ha confiado también en que antes de que finalice el año el Gobierno dote de las partidas presupuestarias necesarias contempladas en el Convenio de Estambul para hacer frente a la lucha contra la violencia de género.
El texto aprobado pide también asegurar “el pronunciamiento expreso del juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos de las víctimas de violencia machista, procurando una mayor seguridad y atención, así como medidas provisionales concretas”.
Asimismo, los grupos parlamentarios han solicitado al Gobierno que estudie la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, así como el protocolo de valoración del riesgo para mejorar la protección de las víctimas, y un apoyo a la presentación de las denuncias lo más completas posibles y con elementos probatorios que eviten el sobreseimiento y archivo.
Piden también más medidas de prevención y de impulso de las denuncias, entre ellas, procurar recursos a las CCAA y a los ayuntamientos para llevar a cabo campañas de prevención contra la violencia machista y los comportamientos sexistas.
Además, el Senado insta al Ejecutivo a tomar medidas específicas contra el aumento de las conductas sexistas y el ciberacoso en internet, como contemplar a las adolescentes como víctimas directas, otorgándoles una especial protección, y fomentar entre los más jóvenes conductas que promuevan la igualdad.
Todos los portavoces de los grupos han coincidido en considerar que la violencia contra las mujeres es un tema “complejo” que requiere la implicación de toda la sociedad y se han felicitado por haber logrado llegar a un acuerdo.
La senadora del PP María de los Ángeles Armisén ha asegurado que el Ejecutivo no está pasivo al igual que no lo ha estado ningún Gobierno anterior y ha considerado que se trata de “que si lo que estamos haciendo no tiene resultado hay que hacer otra cosa”, para lo cual “hay que evaluar las medidas”.
Por el PSOE, Isabel Flores ha incidido en que “algo falla” cuando este año han muerto ya más de 40 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y ha subrayado que “medidas hay, pero recursos no”.
A este respecto, la senadora de la Entesa Mónica Almiñana se ha preguntado si “estamos poniendo los recursos suficientes para acabar con esa barbarie” y ha lamentado que se gaste lo mismo en violencia de género que en 20 kilómetros de autovía.