Unidos Podemos ha registrado este lunes una proposición de ley para modificar la normativa actual que permite que las administraciones regionales financien centros educativos que segregan por sexos. Según exponen los diputados Joan Mena, Javier Sánchez y Lucía Martín, actualmente hay en nuestro país 67 centros educativos concertados que apuestan por este modelo educativo.
En esa argumentación recuerdan que “en octubre de 2011, la prestigiosa revista Science publicaba el artículo La seudociencia de la educación por sexos donde se aseguraba que las diferencias cerebrales entre sexos no justifican este tipo de educación dual y que, por el contrario, lo único que se consigue es aumentar el sexismo y solidificar los estereotipos de género”.
También aluden a la jurisprudencia actual, reseñan que el Tribunal Supremo anuló dos resoluciones de la Junta de Andalucía por las que denegaba el concierto educativo a dos centros de Sevilla y el Constitucional tiene pendiente resolver un recurso del Gobierno andaluz sobre algunos artículos de la LOMCE.
Esta normativa recoge un apartado específico sobre este asunto precisando que “no constituye discriminación [por razón de sexo] la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto” por la Conferencia General de la UNESCO de 1960.
Sin embargo, desde Unidos Podemos aseguran que “partiendo del principio democrático de que el sistema educativo español debe garantizar la no segregación de alumnos por ningún motivo, una escolarización sexista como la que practican estos centros no debería tener cabida en nuestro sistema”.
Por ello abogan por modificar la ley orgánica de 2/2006 de Educación para que combata “la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y recoja en su artículo 84 que “en ningún caso podrán ser sostenidas con fondos públicos, ni através de conciertos ni a través de subvenciones, las líneas de escolarización que practiquen la segregación educativa por razones de sexo”.
“En coherencia con el mandato constitucional, los recursos públicos deben ir destinados a las escuelas que lleguen al máximo número posible de la población y que promuevan la igualdad de género como eje fundamental en su proyecto educativo”, inciden los diputados que suscriben esta iniciativa.