Raquel, alumna con diversidad funcional de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, la más grande de España, puede acceder a clase desde que empezó la carrera hace tres años gracias a que compañeros, bedeles o docentes la sostienen escaleras arriba porque no hay ni ascensor ni grúa para que llegue con su silla de ruedas.
La estudiante ha estado en estas condiciones hasta que una conserje se hizo daño en una de esas maniobras habituales hace unos meses, pese a que Raquel se cambia cada día a una silla más ligera para facilitar los movimientos. Solo entonces la universidad se ha sentido obligada a dar soluciones que de momento no han solventado el problema de accesibilidad del edificio. Únicamente lo han parcheado cambiando de aula a todo el grupo para la clase de Modelización 3D que imparten en la sala de informática, ubicada en la primera planta.
Ese aula, según la queja por escrito de los estudiantes, no tiene la dotación que requiere la asignatura: ordenadores para que los alumnos manejen un programa informático con el que aprenden y hacen las prácticas.
El departamento de Diseño, del que depende la materia, les ha prometido que trasladará los equipos pero aún no lo han hecho y ya han dado dos clases sin ellos. El vicedecano de estudiantes defiende que la materia “es más que un programa”. “Un profesor tiene la capacidad para dar esa docencia con o sin ordenadores”, añade para justificar la demora.
Un plazo que se agota en diciembre
El mismo grupo de alumnos también ha exigido soluciones de accesibilidad a la facultad, cuyo edificio anexo no cumple con la “supresión de barreras” en “espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación” que establece el Real Decreto 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La universidad tiene hasta el 4 de diciembre de 2017 de plazo para hacer el edificio accesible, según los plazos de la norma aplicables a infraestructuras que ya existen.
Raquel dice que ha avisado a la universidad hasta en tres ocasiones de forma verbal de que no puede acceder a las aulas del edificio, en cuya planta baja no hay clases. Pero esta vez la situación, cuenta, le está superando. “Estoy fatal, con dolor de cabeza todos los días de la tensión. Esto no es solamente para mí y no tengo la culpa”, expresa.
El curso que viene ya sabe que le toca una asignatura de Audiovisuales que se imparte en una altura todavía superior y, en previsión, ya lo ha comunicado. “Hace unos meses lo avisé y me dicen que han pedido que pongan un ascensor, pero temo bastante que no lo solucionen”.
Grúa inutilizada
El vicedecano de estudiantes asegura a este medio que la facultad ha hecho la petición aunque “es un edificio que sería más fácil demolerlo que hacerlo accesible”. Admite que no saben si llegarán a tiempo para el inicio del curso que viene. “Está en proyecto. Hemos pedido a la universidad que se facilite de cara al año que viene. Los presupuestos de la universidad están temblando, pero si no hay ascensor habremos tenido un problema de planificación porque esto sí que no es sobrevenido”, reconoce Tomás Bañuelos.
Justo después de la caída de la bedela, la universidad compró una grúa salvaescaleras para el edificio. La alumna requiere de la ayuda de al menos otra persona para manejar el aparato, lo que intentó subsanarse desde el Vicedecanato y la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad echando mano de voluntarios y del docente de la asignatura.
Una persona de riesgos laborales concluyó unos días después que esta organización comporta “peligro” tras presentar el profesor un escrito en el que contaba la situación. La universidad, con esta valoración en la mano, ha terminado prohibiendo la utilización de la grúa, como confirma el Vicedecanato y le han hecho saber a Raquel.