La Universidad de Oviedo ignoró una sentencia que le obligaba a destituir a una profesora a la que dio plaza con opacidad

Esta es una historia repetida en algunas universidades españolas. Un concurso por una plaza, dos candidatas. Una tiene un perfil a priori más ajustado a la plaza, la otra saca la plaza con unos criterios desconocidos. La primera recurre, la universidad lo ignora. Hasta que un juez le dice que el proceso “no se ajusta a derecho” y debe repetir la prueba.

Pero la Universidad de Oviedo obvió la sentencia judicial durante un año, estuvo pagando un salario público a la profesora a la que el juez había anulado la plaza. Repitió el proceso de selección que la Justicia había invalidado y volvió a otorgársela a la misma profesora que la había ganado en primera instancia. La otra profesora ha vuelto a recurrir.

La Universidad de Oviedo intenta justificar que el juez “no anuló la plaza”, aunque la sentencia lo dice textualmente, y explican que mantener a una persona en su cargo de manera provisional contra lo que dice un juez “es el procedimiento habitual en las universidades y otras administraciones públicas” por “razones evidentes de interés público, pues no se puede dejar al estudiantado sin docencia”. Fuentes conocedoras del caso explican que la profesora dejó el cargo cuando se publicó en el BOE la anulación de su nombramiento y recuerdan que actualmente no puede trabajar hasta que se solucione la situación.

De Literatura y Género

La Universidad de Oviedo convocó una plaza de profesor titular con perfil de Literaturas de Estados Unidos en 2016. Se presentaron dos candidatas, Susana Vega y Marta Fernández. Fernández sacó la plaza. Obtuvo 89 puntos frente a los 70 de Vega bajo unos criterios que nadie conocía.

La primera es doctora en la materia, ha investigado y escrito artículos sobre la materia. La segunda es doctora en Estudios de la Mujer, campo en el que ha investigado y publicado, con incursiones en el mundo televisivo o el teatro estadounidense, pero siempre bajo la perspectiva de género.

Fuentes cercanas al caso recuerdan que Fernández ha sido responsable de toda la docencia de literatura de EE UU en la Universidad de las Islas Baleares desde 2004 y que su aproximación a la materia a través del género, un enfoque transversal y no cerrado, no invalida sus aportaciones a ese campo.

Susana Vega no quedó conforme con el resultado. No lo estaba durante el proceso porque la Universidad no había publicado el baremo que fija los criterios a la hora de evaluar los méritos de los candidatos, tal y como estable la ley, y ni siquiera fueron explicados a posteriori. “Yo, como profesora de universidad, tengo la obligación de hacer revisiones y explicar a los alumnos cada décima de su nota. Tengo menos derechos que mis alumnos”, explica. Tampoco lo estuvo cuando se culminó. Consideraba que tenía más méritos, un perfil más ajustado a la plaza que se ofertaba.

Y recurrió. Lo hizo ante la Universidad, que rechazó la reclamación. Así que se plantó ante el juez. El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo le dio la razón en lo sustancial. Rechazó el cambio que pedía Vega de Comisión de Selección que había adjudicado la plaza, pero validó que la convocatoria no se había ajustado a derecho.

“El sistema de valoración determina (...) la adjudicación, por lo que si los criterios son inadecuados, la adjudicación no estaría correctamente fundada”, escribe el magistrado. Tras dar una serie de ejemplos concretos de puntuaciones en los que “no se sabe a cuántos puntos podría llegarse ni por qué”, argumenta que “al no existir esa especificación, tampoco puede saberse en qué medida los distintos méritos o la experiencia son valorados, ya que queda al aire, por ejemplo, si tres puntos son el máximo, el mínimo, si pueden ser adecuados o resultar insuficientes”.

Por ello, el juez estimó la demanda de Vega y anuló “por no ser conformes a derecho” las resoluciones 12 y 16 de enero de 2017 de la Universidad de Oviedo y ordenó que se repitiera el proceso. La resolución 12 era por la que la Universidad rechazaba el recurso de Vega y la 16 era la que nombraba a Fernández como profesora titular. Era marzo de 2018.

Acatar a medias

Pero la Universidad decidió actuar a medias. Organizó la repetición de la prueba, pero González ya había sido nombrada y desde el rectorado optaron por ignorar la exigencia judicial de anulación. Un email de la Jefa de Servicio de Profesorado del centro, de junio, explica a Vega, cuando esta pidió explicaciones, que “conservaremos el nombramiento hasta que se resuelva definitivamente el proceso”.

Le pagaban el salario (público) y actuaba de facto como poseedora de esa plaza. A este respecto, la Universidad ha explicado a este diario vía email que “el juez no anuló ningún nombramiento, sino que ordenó una retroacción de actuaciones por un defecto formal (...). Mientras se produjo la repetición del procedimiento, se mantuvo el nombramiento de la candidata propuesta, con carácter provisional, como se hace siempre en estos casos”.

La primera sentencia emitida por el juez dice literalmente: “Estimo el recurso (...) contra las Resoluciones de 12 y 16 de enero de 2017 de la Universidad de Oviedo, que se anulan por no ser conformes a Derecho”. Unos párrafos más arriba especificaba que por la Resolución de 16 de enero “se nombra a la codemandada Profesora Titular de la Universidad en el Área de conocimiento de Filología Inglesa”.

Hay más. Cuando Vega vio que la Universidad no tenía intención de ejecutar la sentencia, volvió al juzgado a pedir la ejecución forzosa. El juez le dio la razón y requirió a la Universidad de Oviedo para que “en el plazo de cinco días proceda a (...) comunicar la anulación del nombramiento de Dª Marta Fernández como Profesora Titular de Universidad”.

Y, sin embargo, la Universidad afirma que no se ha producido ninguna anulación. No ha querido explica en qué se basa.

Nueva prueba, mismo resultado

Finalmente, dos años después de que se realizara el primer examen y un año después de la sentencia, se repitió la prueba. Según Vega, de nuevo sin baremos, que se publicaron el 19 de diciembre, después de haber examinado a los candidatos. La Universidad sostiene en el comunicado enviado a este diario que sí los publicó.

El resultado de la repetición de la prueba fue aún peor para los intereses de Vega: las puntuaciones fueron 103,8 para Fernández frente a los 55,1 de Vega. En 2016 fueron 89-70, también a favor de Fernández. En ambos casos contabilizaban exactamente los mismos méritos, los que tuviera cada candidata en 2016, cuando se realizó la prueba por primera vez, no se podían añadir nuevos.

Fernández había sacado la plaza de nuevo. Con la misma Comisión. La plaza le fue adjudicada el 19 de diciembre de 2018. Justo ese mismo día, el rector envió por fin al BOE el escrito por el que anulaba el nombramiento original .

Pero el nombramiento no se ha podido completar. Vega ha vuelto a poner la rueda en marcha. Ha reclamado ante la Universidad, que tiene tres meses para resolver y mientras dure este proceso no puede nombrar definitivamente a Fernández. Si fallan en su contra, Vega asegura que acudirá de nuevo a los tribunales porque, según ella, la Universidad se ha limitado a repetir el proceso con los mismos errores que la primera vez.

Vega explica que está entre “ojiplática” y a la vez no tan sorprendida. “Estoy acostumbrada a ver cómo funcionan estos amaños, las irregularidades. Estoy aquí por vocación, llevo años intentado llegar a los más alto y no voy a desistir. Me da igual los años que me lleve y que tenga que poner demanda tras demanda. Sé que es un fraude y voy a ir hasta el final”, asegura.