Ya no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Al calor del negocio, el número de universidades privadas se ha disparado en los últimos años, y ya están cerca de sobrepasar a las públicas: hay 43 campus particulares frente a los 50 públicos. En el año 2000 la relación era 16 contra 50. Pero desde que se inaugurara la Politécnica de Cartagena en 1998 no se ha construido una sola universidad pública, mientras las privadas se han casi triplicado. Y las que vienen.
El alumnado parece estar acogiendo esta eclosión, porque mientras el número de universitarios cae con carácter general (relacionado, entre otras cosas, con la evolución demográfica), las privadas no están perdiendo estudiantes. En el curso 2021-2022 el número de matriculados en estudios de grado universitario ascendía a 1.333.567, un 0,2% menos que el curso anterior. Pero la situación es desigual entre unos centros y otros: las universidades públicas tienen menos matriculados (-1,8%), las privadas más (7,5%), según recoge el informe CYD 2023, que elabora cada año la fundación del mismo nombre. En los másteres, la pieza más golosa del pastel, la privada ya atrae a la mitad del estudiantado.
En consonancia evoluciona el sector, que al menos por el momento parece tener tarta para todas. La facturación de universidades privadas y escuelas de negocio ha crecido un 11,2% en un año y un 44,7% en poco más de cinco: de 2.255 millones de euros ingresados en 2017 a los 3.265 millones de euros de 2022, según datos del Observatorio Sectorial DBK.
Al calor de estos guarismos han desembarcado en el sector recientemente los fondos de inversión, que ya compran universidades enteras, como sucedió en la Alfonso X el Sabio de Madrid a cambio de una cantidad que se calculó en mil millones de euros. La educación superior es rentable y, en un mercado laboral cada vez más competitivo, tiene clientela asegurada. Un estudio que hizo este periódico de las cuentas de 23 universidades –las que las tenían publicadas– arrojó una rentabilidad media del 9,4%.
En 1995 había siete universidades privadas. En 2004 eran 22; en 2010 pasaron a 28, en 2014 a 33 y 2023 ya son 43. Además, hay al menos otras tres en trámite de admisión –Andalucía se lleva la palma– y varios proyectos anunciados
“Para mí es un disparate”, reflexiona el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralba, respecto al número y crecimiento de centros privados. Sabe de lo que habla: en Andalucía hay en estos últimos años una especie de fiebre por abrir universidades privadas con situaciones que rozan lo rocambolesco, como que las clases de Medicina en la Loyola Andalucía empezaran en noviembre, dos meses después del inicio del curso.
Este ha sido el último campus en abrir en la comunidad, pero le va a durar poco esa condición. La Junta se ha lanzado a aprobar proyectos de universidad en las dos últimas legislaturas contra el criterio de toda la comunidad educativa, que cree que no cumplen la normativa y además son innecesarias. Ya ha aprobado dos, UTAMED –a la que estaba vinculado el anterior consejero del ramo, Javier Imbroda– y el CEU. Pero está tramitando otras dos, la Universidad Europea y Alfonso X El Sabio, que se prevé también reciban el visto bueno aunque los rectores de las públicas hayan votado en contra, mientras hay otras cuatro en la recámara.
Ajena a sus rectores, Andalucía está siguiendo los pasos de Madrid, que en los últimos años ha multiplicado sus centros privados hasta la actual situación, en la que hay más del doble privados (14) que públicos (6). La Consejería de Universidad también evalúa al menos otro centro, de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), situación que duró hasta principios de los 90, cuando comenzaron a multiplicarse. Primero, despacio. En 1995 había siete. A partir de ahí, el crecimiento fue ganando velocidad: eran 22 en 1994, 28 en 2010, 33 en 2014 y 43 en 2023. En los últimos 25 años se han abierto 27 centros. Es uno al año de media, pero la subida ha ido ganando velocidad recientemente. El sorpasso de lo privado a lo público parece cuestión de tiempo.
Y esta proliferación ataca la igualdad de oportunidades, explica el rector Torralba con el ejemplo andaluz. Hasta ahora, si a un estudiante de esa comunidad no le daba la nota para un determinado grado, tenía solo una universidad privada a la que acudir para conseguir pagando lo que no pudo lograr estudiando. Dentro de poco esas opciones crecerán: habrá tres universidades privadas y quizá cinco. Pero no todos pueden pagar estos centros. Tampoco entiende el rector que los nuevos campus no busquen diferenciar de su oferta de estudios de la ya existente y estén ofreciendo más de lo mismo.
Una norma que no se cumple
Consciente de que muchos de los nuevos proyectos de universidad privada que se presentan no tienen unos mínimos de calidad están claramente orientados al negocio, el Ministerio de Universidades endureció en 2021 los requisitos que se pide a los centros, tanto de nueva creación como los ya existentes, para que puedan tener la condición de “Universidad” so pena de que pierdan esa categoría.
Fuentes del ministerio explicaban en su momento que estaban recibiendo propuestas de creación de nuevos centros con un capital inicial de 3.000 euros (no quisieron dar nombres, pero es exactamente la cantidad que aparecía en el proyecto de la andaluza UTAMED). Para una universidad. Eran campus centrados en la captación de alumnado, que es lo que deja dinero en las arcas, y que obviaba la investigación, habitualmente deficitaria, como señalaba el mismo Informe CYD en 2019.
La actualización de la normativa respondía a esta realidad. Así, los centros tendrán que ofrecer un mínimo de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado que abarquen al menos tres de las cinco grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura), según establece el texto. También deberán tener más alumnado en los másteres que en los grados (los postgrados son más caros y por tanto rentables) y dedicar parte de su presupuesto a la investigación.
Pero también da cinco años a las universidades para adaptarse, grieta por la que se están colando nuevos centros que en su planteamiento inicial están lejos de cumplir los nuevos estándares. El Real Decreto que actualizó Universidades contempla el cierre de los campus que no cumplan los mínimos en el plazo establecido.
Amparados por este margen de cinco años, advierte el Informe CYD 2023, “varias de las universidades de más reciente creación no cumplen los requisitos del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio”. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), solo 12 de los 81 centros que existían en 2021 cumplían todos los requisitos, todos ellos públicos.
“Habrá que ver si todas ellas son capaces de subsanar sus deficiencias”, continúa el Informe CYD. “En concreto, los requisitos con mayor nivel de incumplimiento están relacionados con disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres de doctorado; que dichos títulos representen como mínimo tres de las cinco grandes ramas de enseñanza; que el estudiantado de grado y dobles grados sea como mínimo el 50% del total del estudiantado oficial; que los estudiantes matriculados en formación continua no sean más del doble del número de estudiantes matriculados en títulos oficiales y que las universidades dediquen al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propios de investigación”.
Dicho de otra forma y con las palabras del exministro Manuel Castells –que comparten muchos otros responsables de centros públicos–: “Universidades que sean universidades”.