Las universidades peor financiadas y un presupuesto “estancado”: claves para entender la huelga en Madrid

El anuncio de los presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue la puntilla. La subida del 6,5% de la partida destinada a financiar a las seis universidades públicas, que en la práctica supone que las cuentas estén “estancadas” y por tanto sean “insuficientes”, según las plataformas en defensa de las universidades públicas de la región (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares), que exigen que el presupuesto universitario alcance el 1% del PIB en 2030. Todo lo que no se acerque a ese objetivo –consagrado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario– no lo contemplan como una mejora.

Las organizaciones en defensa de la educación pública madrileña han convocado dos días de huelga en protesta por la “asfixia” a la que las somete la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Nuestro objetivo es por supuesto parar esa ley, pero también que la movilización se haga lo más masiva posible, tanto con la comunidad universitaria como con el gran conjunto de la sociedad madrileña, que cree en lo público”, explican en un comunicado conjunto publicado este martes.

Los grupos de protesta piden para acabar con la huelga convocada una mayor financiación, cambios en el proyecto de ley de universidades que prepara la Comunidad de Madrid en aspectos como la disciplina, la precariedad laboral o la investigación y que se trate a la Universidad como el servicio público que es con carácter general, lo cual implica poner coto a la privatización de los campus. Todo ello rematado por la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Lo que falla

Una financiación “adecuada” para las universidades se ha convertido en el eje principal de las denuncias ante la evidencia de que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es el que peor financia a sus campus de toda España y el único que aún no ha revertido los recortes de la pasada década y financia a los centros públicos peor que en 2008. La situación es tan precaria en centros como la Complutense que el rector ha salido al paso de los rumores que dudaban del pago de las nóminas y el Gobierno de Ayuso ha tenido que salir al rescate de esa universidad y prepara el de la Rey Juan Carlos.

Las plataformas inciden en la necesidad de que los recursos sean destinados al desarrollo de la docencia, la investigación, el mantenimiento de infraestructuras y el patrimonio común de las universidades. “La educación no es un gasto, es una inversión”, recuerdan las organizaciones de profesorado, personal de investigación, estudiantes y personal administrativo.

En la nota las plataformas subrayan la deriva de la universidad pública hacia un modelo empresarial, y la tendencia a la privatización de la educación superior en Madrid, que está produciendo “un adelgazamiento de públicas para trasvasar estudiantes y recursos a privadas”, explican. 

Las condiciones laborales del personal universitario y la precariedad es otro de los motivos que han puesto en pie a las comunidades educativas de los seis centros públicos madrileños, que denuncian la congelación salarial. Además, manifiestan los convocantes de los paros su explícito rechazo a la redefinición y cierre de grados universitarios por criterios de mercado y número de estudiantes, que provoca, según explican, “la mercantilización de la educación”. 

Las propuestas

Las seis plataformas que encabezan los paros convocados para los días 26 y 27 de noviembre anuncian un paquete de diez propuestas para debatir y afrontar la situación que atraviesa la educación pública madrileña. Con carácter general, las plataformas exigen una gestión de la universidad como el servicio público que es y que ponga “fin a los criterios del capital para valorar la calidad educativa e investigadora”, según resaltan en su comunicado conjunto. También reclaman el fin de la injerencia del gobierno de Díaz Ayuso y el capital privado.

En cuanto a las medidas concretas, la primera e innegociable es elevar la inversión en las universidades públicas hasta el 1% del PIB para el año 2030, tal y como mandata la ley y tal y como la Comunidad ha asegurado que no va a hacer, en palabras del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Para combatir la inestabilidad laboral del profesorado universitario madrileño, las plataformas proponen terminar con los contratos precarios y aumentar el salario y las condiciones de promoción profesional, a la vez que insisten en la necesidad de alcanzar la estabilidad en el empleo. Además, resaltan la importancia de “incentivos que promocionen el reconocimiento y el bien común, y no el castigo”.

Otro de los ejes fundamentales de las reivindicaciones se sitúa en la libertad académica para la producción del conocimiento, que permita la promoción de líneas de investigación y planes de estudio basados en criterios como el conocimiento científico, el pensamiento crítico y las necesidades sociales, que pongan fin a la “potencial rentabilidad como criterio de calidad”, afirman las plataformas convocantes.

Esta reivindicación alude al anteproyecto de ley del espacio superior de educación de la Comunidad de Madrid (Lesuc), que estipula que entre los fines de la Comunidad de Madrid está “promover la libertad de investigación”, para añadir justo después que “velará por la autonomía de las instituciones científicas, así como la no ideologización y la no politización de la ciencia”, lo cual según algunas asociaciones de científicos significa que el Ejecutivo regional podrá dictaminar qué se puede investigar y qué no.

Las seis organizaciones también reclaman que Ayuso cambie la parte del proyecto de ley que se refiere a la disciplina en los campus y reivindican la libertad efectiva de organización y protesta ante las elevadas sanciones que propone la Lesuc, que se permita el ejercicio pleno del derecho de reunión y manifestación y, a su vez, que se posibilite la presencia de espacios para la organización estudiantil y sindical.

Finalmente, las plataformas que cesen las relaciones universitarias –y de todo tipo– con el Estado de Israel y por extensión con las empresas cómplices del genocidio.