Más de un tercio de las universidades privadas de España –al menos 13 de 36, un 36%– incumplen las condiciones mínimas de docencia que va a exigir el Gobierno para mantener la actividad como universidad. Así se desprende de un análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de los centros recogidos en sus páginas web, del ránking CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, del U-Ranking que elaboran la Fundación BBVA y el Ivie valenciano, y del Ministerio de Universidades.
Los señalados tendrán cinco años para adaptarse a las exigencias que establece el nuevo Real Decreto que prepara la cartera que dirige Manuel Castells, y que adelantó en exclusiva este diario. El texto legal endurece los requisitos necesarios para solicitar una licencia de actividad como universidad de nueva creación, tanto a nivel de docencia como de investigación, y tendrá carácter retroactivo: todas, públicas o privadas, deberán cumplir las condiciones que plantea la norma para seguir ostentando la categoría de universidad.
El Ministerio quiere que las universidades ejerzan como tal en el sentido más amplio de la palabra y que garanticen un mínimo de calidad, según ha explicado su representante en repetidas ocasiones. El propósito es que estos centros no se limiten a impartir clases en determinadas áreas y, en especial, que no se focalicen en los estudios de posgrado, más rentables económicamente.
Así, a nivel de docencia, los nuevos requisitos pasan por realizar una oferta académica variada, que incluya un mínimo de diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado de al menos tres de las cinco grandes ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). En el mismo plazo de cinco años desde la aprobación del texto, también deberán contar con un 50% de su alumnado matriculado en grados y dobles grados. Las universidades que fallen en alguno de estos criterios perderán la licencia.
En este momento, al menos 13 centros de titularidad privada incumplen alguno de estos requisitos de un total de 36. Son la UDIMA, Católica Santa Teresa de Jesús, ESIC Universidad, IE Universidad, Internacional Isabel I de Castilla, Internacional Valenciana, Villanueva, Pontificia de Salamanca, San Jorge, Europea del Atlántico, Universidad Nebrija, UNIR y Atlántico Medio.
UDIMA, Católica Santa Teresa de Jesús, ESIC Universidad, IE Universidad, Internacional Isabel I de Castilla, Internacional Valenciana, Pontificia de Salamanca, San Jorge, Europea del Atlántico, Universidad Nebrija, UNIR, Atlántico Medio
El Ministerio ha enviado el texto a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación y deben implementar la normativa. Los Gobierno regionales son responsables de solicitar en primer lugar la creación de una nueva universidad al Gobierno y, después de que este confirme que el proyecto cumple los requisitos legales, de aprobarlas definitivamente en los parlamentos autonómicos. Según las valoraciones que ha podido recabar elDiario.es, el texto ha tenido una buena acogida entre los Ejecutivos, que en conjunto consideran positivo que se suba el listón de la calidad universitaria.
Extremadura, “muy de acuerdo” con el texto, señala que la nueva normativa “deja mucho más claros los requisitos existentes para regular los mínimos de calidad de las nuevas iniciativas”; el director general de Universidades castellanomanchego, Ricardo Cuevas, valora que no se puede “entender” que haya universidades que no destinen “un mínimo” a la investigación: “El modelo de Universidad incluye la generación de conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad”, explicó a este diario; la Comunitat Valenciana destaca que se ofrezca un marco para que las comunidades “puedan planificar y ordenar el desarrollo” de las universidades “asegurando la calidad”; y Navarra señala como positiva la “búsqueda de calidad” y que “eleva el valor común de los títulos”.
El decreto actualmente vigente solo pide ocho títulos, sin especificar ramas, y no pone condiciones a la relación del número de alumnos de cada etapa. Por su parte, el texto legal instaurado por el PP a manos de José Ignacio Wert resume la cuestión investigadora en una línea: “Además, las universidades deberán promover el desarrollo de actividad investigadora”, y no establece mínimos ni otros requisitos concretos.
Fallan los doctorados
La cláusula en la que fallan más universidades es la del doctorado, pues el nuevo Real Decreto exigirá a los centros que ofrezcan al menos tres programas de Educación Superior. Las que más lejos están de ese mínimo son la Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, ESIC Universidad, Villanueva, Internacional Isabel I de Castilla y la Internacional Valenciana, que el pasado curso carecían totalmente de ellos, según sus propios datos ofrecidos a la Fundación CYD para el Ránking CYD de universidades.
En el siguiente escalón están la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), con un solo programa, y la IE Universidad, la Pontificia de Salamanca y la Universidad de San Jorge con dos cada una. No obstante, todas ellas gozarán de un plazo de cinco años para alcanzar los tres doctorados desde el momento en el que se apruebe el Real Decreto. Por su parte, la Alfonso X el Sabio se quedan al límite por ofrecer justo tres programas de la misma rama: la bio-sanitaria.
La relación de estudiantes de grado y de posgrado, que marca dónde pone el foco docente cada universidad, es otro de los puntos en los que algunos centros tendrán que ajustar su oferta. La futura norma establece que “al menos” el 50% de los estudiantes deberán ser alumnos de un grado o un doble grado. Esta es la manera que ha encontrado el Ministerio de Universidades de velar que los centros se preocupen más por formar estudiantes que por el negocio de los másteres, una etapa más lucrativa y en la que han puesto el ojo algunas privadas. De hecho, cada vez más estudiantes optan por una privada para hacer un posgrado antes que por una pública.
Hacia el trozo más goloso del pastel: los másteres
De las 36 universidades privadas españolas (35 más CUNEF, un centro madrileño adscrito a la Complutense con permiso para operar), al menos seis incumplen con esa relación en estos momentos y otras tres están en el filo. Los casos más extremos los acaparan el Atlántico Medio, el ESIC y la Universidad Internacional Valenciana, cuyo alumnado de posgrado representa al 75% o más del total. Le sigue de cerca la UNIR, con 21.338 estudiantes matriculados en alguno de sus másteres en el curso 2019/2020 frente a los 13.271 de los grados.
En la siguiente tabla se observa también que hay tres universidades que están a menos de un 3% de suspender este requisito. No se ha incluido al ESIC en la visualización porque no existen datos actualizados del curso pasado, solo de un balance general ofrecido por la propia escuela de negocios y en el que admite que el 85% de su alumnado total ha cursado un Máster.
La rentabilidad que ofrecen los posgrados y los másteres ha llevado en la última década a las universidades privadas a hacerse con el trozo más goloso del pastel. Las últimas cifras que se disponen, del año 2017/2018, señalan que la privada acaparó un 32% de los alumnos que se decantan por la formación después del grado. Por eso, el Ministerio de Universidades endurece los criterios no solo en número de estudiantes, sino también en las ofertas de estudios. Las universidades deberán brindar al menos seis másteres oficiales o universitarios (no propios, una práctica cada vez más extendidas) y de al menos tres áreas de conocimiento distintas.
De las universidades analizadas, incumpliría esta última condición la IE Universidad, que a pesar de contar con una amplia oferta de másteres universitarios, los 18 que gestiona hoy en día pertenecen únicamente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Este artículo ha sido elaborado con información de Rodrigo Saiz, Jennifer Jiménez, Daniel Salgado, Erena Calvo, Francisca Bravo, Rubén Alonso, Alba Camazón, Santiago Machado, Laura Martínez y Pau Rodríguez. Gráfico, por Victòria Oliveres.
El artículo se ha editado a las 9.35 para eliminar la Universidad de Vic, incluida por error entre las que no cumplían con los requisitos de doctorado.