Las universidades públicas madrileñas exigen a Ayuso al menos 45 millones de euros más para solo “sobrevivir”

Segundo aviso. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid han aprobado este jueves un mensaje conjunto al Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso: o sube las transferencias que el Ejecutivo tiene previstas para el año que viene a los centros o estos verán gravemente comprometida su viabilidad y la calidad del servicio que ofrecen, sostienen los recotres.

En una medida inédita, los Consejos de Gobierno de los seis campus públicos han aprobado simultáneamente un comunicado por el que “expresan su profunda preocupación ante una situación en la que se pone en duda, casi a diario, el compromiso y la calidad de su servicio público”, tal y como había adelantado El País. La nota, que ha podido consultar este diario, va acompañada de una carta abierta a la presidenta en la que en un lenguaje más directo y agresivo le piden más dinero para simplemente sobrevivir o, incluso, para cumplir con la ley.

Los rectores exigen a la presidenta que suba la transferencia nominativa anual a las universidades al menos un 4%, que es la cantidad que sube el presupuesto general para Educación, explican fuentes de la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (Cruma). El Gobierno regional contempla actualmente una subida del 0,47%, según el borrador de los presupuestos que ha publicado la Comunidad de Madrid. “La partida destinada a subvenciones ignora los argumentos que hemos planteado a la Consejería”, lamentan los rectores, que recuerdan que “las universidades públicas madrileñas acumulan 15 años de infrafinanciación y una progresiva reducción de ingresos, sin señales de mejora”.

En cualquier caso, es una cifra para una supervivencia mínima: los rectores creen que necesitan unos 200 millones de euros extra y así se lo han trasladado a la Comunidad de Madrid

Las seis universidades se resignan a pedir para ya mismo un “mínimo” de 45 millones de euros más (ese 4%) frente a los menos de seis extras –para seis centros– que ofrece el Gobierno regional. En cualquier caso, explican las fuentes, es una cifra para una supervivencia mínima: los rectores creen que necesitan unos 200 millones de euros extra y así se lo han trasladado, también, a la Comunidad.

Fuentes universitarias hablan de un “conflicto muy grave” en ciernes y auguran que habrá “acciones legales” contra la “la Comunidad Autónoma que peor financia a sus Universidades Públicas”. Por esta vía judicial se ganaron hace unos años los ingresos extraordinarios que han permitido a las universidades sobrevivir en los últimos ejercicios.

Una subida que no cubre nada

“El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”, arranca la carta que se ha aprobado en los seis campus públicos este jueves. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad en condiciones adecuadas”.

La situación es desesperada en las universidades, trasladan los rectores. La Comunidad, responsable de aproximadamente un 80% de su financiación, les transfiere hoy menos dinero –en euros contantes y sonantes, no comparativamente– que en 2009. Con el agravante de que, desde entonces, el IPC ha subido más de un 30%.

La carta abierta de los rectores habla de “situación crítica”, “alarmante”, “prácticamente insostenible”, “15 años de infrafinanciación”, “déficit estructural” o de “un retroceso en términos reales para la financiación universitaria”, y concluye: “La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”.

En un acto realizado el pasado mes de abril, el primero en el que los seis rectores se juntaron para alzar la voz en un grito desesperado sobre su situación, algunos de los máximos responsables explicaron que “el 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (salarios). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% para todo lo demás”. La financiación de la Comunidad, aseguraban, “no cubre ni los gastos de personal” y las universidades están haciendo frente a gastos estructurales con ingresos extraordinarios. Hasta ahora han podido seguir funcionando porque tenían un dinero derivado de una serie de juicios contra la Comunidad de Madrid que se saldaron a su favor, pero eso se acaba.

La más rica, la que menos invierte

Los rectores están subiendo poco a poco el tono de protesta pública contra la Comunidad de Madrid, constatado quizá que hacerlo en privado, la vía elegida hasta ahora, no ha surtido efecto. Madrid es la región más rica de España, pero también la que menos invierte por estudiante universitario. Es la región con las tasas públicas más altas y también –de largo– la que más favorece la oferta privada: ya hay 13 centros privados y sumando, tengan informes negativos del Consejo General de Política Universitaria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o no. Prácticamente cualquier propuesta se aprueba en Madrid.

La presidenta nunca ha rehuído la confrontación pública con los campus, especialmente la Universidad Complutense. Cuando Israel invadió la franja de Gaza criticó “los movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda, que ahora se están haciendo fuertes en la vida universitaria de todas las ciudades”. Ahondó en esta idea hace unos pocos días, lo que le costó el reproche del rector, Joaquín Goyache, y toda la comunidad complutense.

Los problemas se acumulan en los campus públicos, insisten los rectores. A esta falta de financiación estructural se une un aumento del gasto corriente debido a la entrada en vigor de la nueva ley universitaria, la LOSU, que contempla una reducción de las cargas lectivas –harán falta más profesores para impartir las mismas horas de clase– y un intento de reducir la precariedad docente –un efecto que arrastran las universidades desde la anterior crisis, de 2008–. Los rectores no garantizan que puedan cumplir la ley sin fondos adicionales.

“En cumplimiento de la LOSU se ha tenido que rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción dada la precaria situación económica descrita y la limitación de efectivos a la tasa de reposición”, admiten los responsables públicos en su carta.

Y explican a continuación que la Comunidad no solo no sube la financiación en la cuantía mínima exigible, sino que no ha querido acogerse al plan por el que el Ministerio de Universidades financiará la incorporación de 3.400 profesores extra en toda España. Arguyó en su momento el Gobierno regional que ese plan le obliga a realizar unas ciertas contrataciones (800 entre todas las Comunidades Autónomas) y además a financiar esas plazas una vez acaben los contratos que va a pagar Universidades, dentro de seis años.

“Nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid –ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa–, de forma que se nos autorizase ese necesario crecimiento de efectivos y la futura estabilización de sus correspondientes plazas, así como su dotación económica con total garantía de que no acabará recayendo su coste sobre las actuales mermadas subvenciones nominativas de la Comunidad de Madrid con las que apenas se puede pagar ya el 80% de las nóminas del personal de nuestras universidades públicas”, lamentan los mandatarios.