La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía una serie de irregularidades detectadas en el Centro Integral de Formación Permanente perteneciente a dicha institución académica. Las irregularidades, según ha adelantado la Cadena SER citando fuentes universitarias, están relacionadas con el “incumplimiento de la normativa y control reiterado que pueden causar perjuicio económico a la Rey Juan Carlos”.
La decisión de enviar las conclusiones de la auditoría a la Fiscalía ha sido tomada por el rector, Javier Ramos. La auditoría sobre el Centro Integral de Formación Permanente fue encargada porque dicho organismo compartía plantilla con el desaparecido Instituto de Derecho Público, el cual organizó la máster cursado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien obtuvo el título con notas falsificadas, tal y como adelantó en exclusiva eldiario.es en marzo de 2018.
En el Instituto de Derecho Público también realizaron cursos controvertidos el actual presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra socialista de Sanidad, Carmen Montón.
Al frente del Centro Integral de Formación Permanente estaba Jorge Urosa, miembro de un influyente clan familiar (formado por el propio Jorge y sus hermanos Rubén y David). Los Urosa entraron en la nómina de la URJC en 1999, pese a las denuncias de “nepotismo, amiguismo y contrataciones masivas” vertidas por UGT y recogidas por El País en aquellas fechas.
Antes de ser contratados por la URJC, los Urosa trabajaban para una de las universidades, la Ramón Carande, que sirvieron de germen de la actual Rey Juan Carlos. “Esas contrataciones se realizaron sin información pública, aprovechando la autonomía de la Carande”, denunció entonces la diputada regional socialista Carmen Ferrero.