La Universidad Rey Juan Carlos publicó esta semana en la intranet a la que acceden docentes y alumnos un documento de 70 páginas que contiene centenares de entradas en las que se detalla el importe que perciben varios centenares de profesores por las clases que dan en másteres. En este escrito se especifica nombre, apellidos, DNI y cantidad que recibe cada uno de los trabajadores citados.
Los expertos legalistas consultados por esta redacción coinciden en señalar que con esta actuación “se ha vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los profesores afectados”. La URJC reconoce que la difusión de esta información fue “un error humano que se subsanó tan pronto se tuvo constancia”.
La publicación de este documento contrasta con la acusación particular que mantiene esta Universidad en la causa abierta contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefe de la sección de Política Social, Raquel Ejerique, iniciada por Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid presentó una querella por un delito de “revelación de secretos” en su tipo agravado, que contempla penas de hasta cinco años de prisión, después de que estos periodistas sacasen a la luz las irregularidades en torno al caso de su máster.
En el Consejo de Gobierno celebrado el 7 de junio se aprobó la propuesta de pagos al profesorado que impartió másteres y se distribuyó un documento a los asistentes a esta sesión. Fuentes que estuvieron presentes en este órgano de gestión aseguran que en el escrito que recibieron no se incluía información personal, en este caso el documento se limitaba a una treintena de páginas en el que figuraban solo cuatro dígitos del DNI, el nombre del máster, la asignatura, número de horas de docencia y cantidad recibida.
Diferencias en los importes
Sin embargo, cuando este lunes lo publicaron en la intranet junto al resto de información del Consejo de Gobierno el documento era más extenso, 72 páginas en las que figuraban las 30 anonimizadas y otras en la que figuraba la misma información repetida con los datos personales. Este “error humano” que reconocen desde la Universidad ha agitado los ánimos en los departamentos, ya que el documento revela la disparidad de importes que reciben los docentes. No todas las horas que se cobran en los másteres valen lo mismo, hay profesores que reciben 30 euros por cinco horas de docencia y otros en los que por una hora cobran más de 100 euros.
A diferencia del caso Cifuentes o el de los plagios del exrector Fernando Suárez en los que los sindicatos mantuvieron un perfil bajo o no se pronunciaron, la publicación de este documento sí que ha movilizado a estas organizaciones, que han actuado rápidamente. “Creemos que esta publicación vulnera la ley de protección de datos”, reseñan desde el sindicato CSIT en un comunicado emitido este martes. Por su parte, CSIF también ha lamentado esta actuación asegurando que “durante el tiempo que ha estado publicado en la intranet, no sabemos cuántas personas habrán accedido a nuestros datos personales, cuántas copias se habrán hecho del documento ni qué uso se hará de él en el futuro”.
El presidente de la Junta del Personal Docente Funcionario, Dionisio de Haro, señala que están valorando la “necesidad de solicitar la actuación de la Inspección de Servicios” para que se “depuren responsabilidades”. La URJC se limita a plantear que se ha tratado de un “error humano” y que piden “disculpas a quien se pueda ver afectado”.
Entre las cifras que figuran en el desglose de gastos hay profesores que llegan a recibir más de 10.000 euros, también aparecen algunos nombres que tuvieron protagonismo en el caso Cifuentes, como Pablo Chico de la Cámara, el docente que en 2014 dio orden de cambiar las notas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid para que esta pudiera obtener el título, José María Álvarez Monzoncillo, exvicerrector de posgrados y María Pilar Charro, secretaria general.
Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que estos pagos son cantidades recibidas por el primer semestre de este curso y que se cobran como complemento al sueldo que reciben los docentes, más allá de las nóminas por las clases que imparten en grados universitarios.
Información “completamente excesiva”
Para el jurista experto en protección de datos y privacidad, Samuel Parra, la publicación de nombres, apellidos y DNI “es completamente excesivo”. Según explica, “la ley establece que tienes que valorar si efectivamente procede o no procede publicar el dato personal”. En la misma línea se posiciona Natalia Martos, fundadora del despacho Legal Army: “Nos encontramos indudablemente ante una brecha de seguridad en la que se ha vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los profesores afectados”.
Tras la publicación de estos datos, ¿qué pueden hacer los profesores? “Cada docente puede denunciarlo a la Agencia de Protección de Datos, debe tener un reconocimiento de la universidad o una prueba de cómo fue publicado, si no es así la agencia no va a poder iniciar ningún proceso”, sentencia Parra.