El Ministerio de Sanidad va a incorporar a sus datos sobre la pandemia qué casos de los notificados estaban vacunados y cuáles no. “Eso nos pone de relieve el diferente nivel de riesgo entre estas dos poblaciones”, ha explicado la secretaria de Estado, Silvia Calzón, en una rueda de prensa junto a la ministra Carolina Darias. El departamento inicia una nueva estrategia para intentar “convencer” a los cuatro millones de personas que no se han inmunizado “con la propia evidencia científica”.
Las cifras de incidencia acumulada empiezan a desagregarse este mismo martes. El Ministerio ha anticipado, según el análisis de los contagios notificados en las últimas ocho semanas, que el riesgo de morir es 25 veces mayor en las personas mayores (de entre 60 y 79 años) que no están vacunadas. Los inmunizados, además, reducen 18 veces la posibilidad de acabar hospitalizados y ocho el riesgo de infectarse. La caída del riesgo se da en todos los grupos de edad. La tasa de hospitalizados entre 30 y 59 años es un 0,4% por cada 100.000 habitantes en el caso de los vacunados y asciende al 3,9% en pacientes no inmunizados, ha señalado Calzón.
Los datos serán semanales y se harán públicos con algunos días de retraso para que “estén consolidados” con toda la información que las comunidades autónomas envían al ministerio tanto de nuevos contagios como de ingresos hospitalarios y muertes. De acuerdo con las cifras publicadas este martes, correspondientes a la semana del 8 al 14 de noviembre, la incidencia acumulada fue de 88,3 entre los no vacunados y 41,3 en la población vacunada con pauta completa.
Más vacunas y distancia social
Para ejemplificar el peso de la vacunación en los datos epidemiológicos y sanitarios, Darias se remontó a la última vez que España se encontró con una incidencia de 132 casos por 100.000 habitantes, como este martes. Fue el 11 de marzo de este año. En ese momento, ha explicado la responsable de Sanidad, el porcentaje de vacunación era de apenas el 4% –ahora ronda el 90%–. “Se han reducido las hospitalizaciones, la saturación de las UCI y la mortalidad”, resumió la ministra. “Entonces el porcentaje de ocupación hospitalaria era del 22% frente al 5% actual, y los pacientes en cuidados intensivos un 7%, frente al 2% de ayer”.
“La prevención es nuestra mejor aliada para mantener el virus a raya: mascarilla obligatoria en interiores y en exteriores sin distancia de seguridad, lavado de manos, distancia social, ventilación y evitar aglomeraciones. Y sobre todo, la vacunación”. Así ha desgranado la ministra las recomendaciones y la política que impulsa el Gobierno central en su abordaje de esta sexta ola de la pandemia.
El Ministerio asume el aumento de los casos durante el último mes tras 12 semanas de caídas pero evita poner restricciones sobre la mesa, pese a que los expertos recomiendan, en el último borrador de semáforo COVID, una limitación de los horarios de la hostelería (cierre a las 23 ) y del ocio nocturno (hasta la 1) en el nivel medio de alerta, en el que se encontrarían al menos dos comunidades, Aragón y Catalunya.
“No hablamos tanto de medidas disuasorias sino de prevención y vacunación. Planteamos avanzar en aquello que sabemos que ha funcionado. Tenemos una altísima cobertura vacunal y el camino está ahí”, ha insistido Darias, cuyo objetivo, dice, es “seguir vacunando sin parar”. Tanto a los que aún no lo han hecho, como a los colectivos para los que ya se ha aprobado una dosis de refuerzo. La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde esta misma tarde a la tercera dosis para mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario. “Prevención y vacunación es la hoja de ruta que va a seguir el Ministerio con las comunidades autónomas porque sabemos qué ha funcionado”, ha agregado la ministra.
La postura de Sanidad confirma lo que ya avanzó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. La receta del Ejecutivo ante esta nueva ola es la “vacuna y la mascarilla”. Sobre el pasaporte COVID, Moncloa descarta tomar medidas para que las autonomías puedan adoptar esa decisión y recuerda que los gobiernos autonómicos pueden recurrir al alto tribunal.