Las vacunaciones fuera de protocolo de algún político, directivos sanitarios y personas ajenas a los grupos prioritarios en la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Euskadi están ensombreciendo el plan de inmunización contra la COVID-19. En estas comunidades autónomas se ha extendido la administración a colectivos distintos a los grupos designados en la primera fase de la Estrategia de vacunación (personas vulnerables como los mayores en residencias o dependientes y sanitarios de primera línea). El Ministerio de Sanidad ha insistido tras conocerse estos casos en que “hay que seguir la estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas y que fija los grupos prioritarios en esta primera etapa”. España ha administrado hasta ahora un millón de dosis (el 76% de lo recibido). El 2,17% de la población ha recibido el suero. Es el segundo país de la Unión Europea y séptimo del mundo en despliegue de vacunas.
La situación más ruidosa se ha producido en la Región de Murcia. El consejero autonómico de Salud, Manuel Villegas, parte de su equipo directivo y cientos de trabajadores de los servicios centrales de la Consejería han recibido una primera dosis del suero. Entre los agraciados se encuentra, además, María Teresa Martínez de Ros, esposa de Villegas y directora general de Planificación, Investigación y Farmacia en el Ejecutivo murciano.
Después de conocerse el caso a través del diario La Verdad, Manuel Villegas comparecía para dar explicaciones. En un principio adujo que había recibido la dosis “como sanitario”. Después ha dicho que se tomó la decisión de vacunar “después de que lo hiciera el personal sanitario que está en primera línea, según establece el protocolo nacional. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio”. Tras resistirse a dejar su puesto como pedía Ciudadanos, socio en el gobierno regional del PP, Villegas ha terminado por dimitir, según anunciaba horas más tarde el presidente murciano, Fernando López Miras. Murcia ha admitido que se han distribuido así unas 400 dosis. Sanidad ha repetido que esta acción no contaba con “ningún consentimiento” por parte del Ministerio.
También este miércoles, dos directores de hospitales vascos, el de Basurto y Santa Marina en Bilbao, han dimitido de sus puestos al conocerse que se habían puesto la vacuna. El Gobierno vasco ha explicado que Eduardo Maiz y José Luis Sabas (ambos exconcejales del PNV) se habían saltado el protocolo diseñado por el Servicio de Salud Vasco y, por eso, abandonaban su funciones, aunque no han detallado las razones por las que estos profesionales habían decidido inocularse el suero contra la COVID-19 de manera adelantada.
En la Comunidad de Madrid el problema ha surgido en el Hospital Clínico San Carlos. Allí, decenas de personas, antiguos trabajadores del centro ya jubilados, recibieron dosis de la vacuna durante el pasado fin de semana, según adelantó la Cadena SER. La dirección del hospital se escudó en que eran voluntarios que desarrollaban algunas actividades allí. Después tuvo que admitir que se había dispensado el fármaco a personas que no realizaban ningún voluntariado. En su versión, la asociación que convocó a los antiguos trabajadores se confundió y extendió la llamada a cualquiera. Los gestores del Clínico aseguran que vacunan a los sanitarios de primera línea, pero consideran que tienen que inmunizar a “aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital”. No han podido precisar a cuántos se ha inoculado por error. “Varios” ha sido la respuesta oficial.
En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este miércoles que “hay un protocolo que ha sido acordado con las comunidades autónomas. Todos sabemos a quién hay que vacunar”. Además, entiende que “es obvio que se está controlando el plan y para eso hay un registro de vacunas” unificado. Pero deslindó responsabilidades en el control: “En todo caso, si cabe una sanción por no aplicar el protocolo, corresponde a los gobiernos autonómicos”, señaló.
Las dosis sobrantes
En esta primera fase de vacunación está surgiendo un problema derivado de la propia logística exigida por el producto diseñado por Pfizer/BioNtech. Los viales ultracongelados contienen suero para producir seis dosis, aunque se contabilizan cinco. Es decir, hay un poquito más del suero que necesita ser descongelado, extraído y diluido para ser inyectable. El extremo frío que requiere la conservación impide devolver el preparado a una nevera convencional. Las dosis que sobren tras completar una jornada de vacunación no pueden guardarse. Para que no se pierdan hay que administrarlas, aunque no haya personas del grupo diana.
Eso ha hecho que equipos sanitarios se hayan vacunado al terminar algunas sesiones o que varios alcaldes: el de Riudoms, en Tarragona, y los de El Verger, Els Poblets y La Nucía, en Alicante, o Rafelbunyol en Valencia se pusieran dosis antes de su turno. Al parecer, todos ellos acudieron a ponerse la inyección porque les dijeron que sobraban dosis y que, si no se las ponía alguien, se tendrían que tirar. En el Ministerio de Sanidad han contestado que, aunque el documento de la Estrategia de Vacunación no tiene directrices explícitas ante esta posibilidad, “a nivel técnico” se ha indicado que se aprovechen esas dosis sobrantes aunque sea en sujetos fuera de los colectivos prioritarios entendiendo que son una cantidad muy poco significativa. Cantabria sí ha creado un listado extra al que recurrir para administrar esas vacunas.
“No sobran dosis. Faltan dosis. No hay suficientes para que todos nos vacunemos mañana. Lo que hay que hacer es una planificación adecuada para que no sobren viales”, afirmó Illa este miércoles.
En todo caso, la cuestión de las dosis sobrantes es distinta a la decisión de pasar a vacunar a grupos que no parecen cuadrar con las prioridades diseñadas para esta primera etapa. Como tampoco pudo justificarse que en una residencia de mayores concertada de la Comunidad de Madrid, Casablanca Valdesur, se colara a familiares de los trabajadores para recibir dosis, tal y como destapó elDiario.es. La dirección admitió “anomalías” y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que se trataba de un caso aislado.