Aunque la pandemia vaya amainando, más de 50.000 personas se han contagiado de COVID-19 los últimos 14 días. La mayoría de ellas, hayan pasado la dolencia de manera leve o grave, se quedan sin vacuna hasta final de año. Esto es porque las personas menores de 65 años que se hayan infectado de la COVID-19 se tienen que esperar, al menos, 6 meses desde que la contrajeron. Es decir, esa norma, sacada de la estrategia nacional de vacunación, afecta a todos los ciudadanos de esa edad que han dado positivo desde navidades. Y a las que lo tuvieron antes de navidades, también les salpica, aunque de otra manera. A continuación, unas claves sobre la vacunación de las personas que han sido positivo para SARS-CoV-2 en algún momento de la pandemia.
¿Quiénes y qué?
La decisión es para las personas de 65 años y menos. Si han pasado la enfermedad, tendrán que esperar “preferentemente” seis meses tras el inicio de síntomas o el diagnóstico de infección para pincharse. Cuando hayan pasado esos seis meses, o si ya los han pasado y les toca, recibirán solo una dosis de las vacunas que requieren dos (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford), en ningún momento la segunda. Esto último es independientemente de cuándo hayan sufrido el virus: será así ya fuese en febrero de 2020 o en noviembre de 2020. Si por algún fallo en el sistema, que varios ciudadanos reportan que están sucediendo, esa dosis se administra antes de los 6 meses, se considera válida de todos modos y no se le ponen más.
Sin embargo, no aplica a las personas mayores de 65 años. Ellas recibirán (la inmensa mayoría, han recibido ya) su dosis cuando les toque por grupo de edad o condición, hayan pasado o no 6 meses, y recibirán dos dosis. La única condición es que estén ya recuperadas de la infección. Tampoco se ha aplicado a mayores de residencias, grandes dependientes, ni a las 365.000 personas con condiciones de muy alto riesgo tenidas en cuenta en el plan. Y puede ocurrir que a la persona le sea adjudicada Janssen/Johnson&Johnson, y por tanto su vacunación sea de por sí monodosis y no haya diferencias.
En el caso de dar positivo con una dosis puesta (puede pasar porque las vacunas previenen la infección grave, pero no en todos los casos el contagio), se administrará una segunda pasados 6 meses del diagnóstico a los menores de 65 años; y cuando se hayan recuperado, a los mayores de 65 años.
¿Por qué?
En la sexta actualización de la estrategia de vacunación nacional, la penúltima, se daban dos motivos principales para posponer la vacunación de los menores de 65: “La gran mayoría de personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes además de estimular la inducción de respuesta de células T” y “el número de casos con reinfección documentada es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección”. Por otro lado, esa protección se reduce del 80% al 47% en mayores de 65 años. Por la mezcla de esos motivos, se decide el límite temporal de seis meses para poner la primera dosis desde el diagnóstico.
Sin embargo, no “caduca” el tiempo que ha pasado desde el diagnóstico para decidir poner solo una dosis en vez de dos. “La única barrera es la edad, los 65 años, para decidir si se esperan esos 6 meses o si se pone solo una dosis. Por lo conocido como inmunosenescencia, que significa que cuando uno es más mayor, la respuesta inmunitaria es menor”, confirma Inmaculada Cuesta, secretaria de la Asociación Enfermería y Vacunas y una de las firmantes en la estrategia nacional. “En las personas con antecedente de infección antes de la vacunación, la segunda dosis no mejora la respuesta celular, lo que puede indicar que la segunda dosis no es necesaria. Esto también se observa en personas que tuvieron infección pero que no presentan anticuerpos detectables antes de la vacunación con la primera dosis”, dice la sexta actualización de la estrategia, que se explaya en este tema.
Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, forma parte del grupo responsable del estudio en el que se basa principalmente esta regla y que está citado en la estrategia nacional. Ella explica el proceso: “Vimos la respuesta vacunal de personas que habían pasado la infección y personas que no. En personas que habían pasado la infección, la segunda dosis ya no aumentaba los anticuerpos ni la respuesta celular. Incluso personas que lo habían pasado de forma asintomática hacía un año, por ejemplo en marzo de 2020. Darles la segunda dosis era tirar dosis a la basura”.
No es nada nuevo ni poco esperable: “Es inmunológicamente muy normal. La segunda dosis de una inmunización siempre se le llama boosting, de recuerdo”. Es decir, la segunda dosis solo supone un refuerzo de la primera inyección, que es la que otorga verdaderamente protección; y en las personas que han pasado la COVID, es como si la infección hubiese sido primera dosis. De hecho, “la primera vez que lo pasaron, su cuerpo no solo vio la proteína S, como los vacunados, sino el virus completo. Seguramente tienen un repertorio más amplio y rico y con haber pasado la infección y una sola dosis están más protegidos frente a variantes que las personas que no lo han pasado y tienen dos dosis”. También habla de esto la estrategia nacional, refiriéndose a que pueden tener más protección frente a la variante Alfa (anteriormente conocida como británica).
¿Hay más motivos?
Aunque el motivo principal de esta estrategia es la respuesta inmunológica que ya se ha activado en los que han superado la COVID-19, algunos estudios, como este publicado en The Lancet, han demostrado que los efectos secundarios sistémicos y locales que provocan las vacunas de Pfizer y la de AstraZeneca eran mayores entre los vacunados que habían pasado previamente la enfermedad. Pero la norma “es por la generación de anticuerpos, no por la reacción postvacunal”, reafirma Inmaculada Cuesta. “Se está viendo que sí que puede ser que haya más reacción a las vacunas local y general entre personas que han pasado la enfermedad, pero son reacciones, no efectos adversos graves, así que no es por esto”, añade esta enfermera, participante en la toma de decisiones del Ministerio de Sanidad.
Carmen Cámara indica que esta mayor “reactogenicidad” tiene sentido, “es esperable que las personas que han pasado la enfermedad tengan más febrícula y ese tipo de reacciones, y parece que así está siendo. Más potente, pero no más grave. Y es porque el sistema inmunológico está trabajando. El cuerpo recuerda la enfermedad, le pasa como a nosotros cuando nos enseñan una foto de un lugar en el que hemos estado, que lo recordamos más intensamente”. En resumen, poner una dosis antes de que pasen 6 meses de la infección no es del todo útil, pero tampoco peligroso. Lo mismo con poner dos pasados esos 6 meses.
¿Cómo se está controlando?
Depende de la comunidad autónoma. Lo único que deja claro la estrategia es que “no se recomienda la realización de pruebas serológicas o virológicas antes o después de la vacunación”. Es decir, que se pide a los ciudadanos que no se hagan test de sangre antes de ser vacunados. Esto es porque la recomendación es independiente de que se mantengan o no anticuerpos de tipo IgG o tipo IgM, que son los humorales, y los que detectan las pruebas que se pueden hacer en muchos tipos de clínicas. Si se ha pasado la enfermedad hace menos de 6 meses y se tienen menos de 65 años, no se vacuna por ahora; si hace más de 6 meses, solo se pone una dosis. Y eso es independiente de que se hayan desarrollado ese tipo de anticuerpos, se hayan perdido, o no, así que no hace falta ese diagnóstico serológico. Porque, como explicaba Cuesta, se cuenta con que sí se tiene inmunidad de tipo celular.
En algunas comunidades autónomas, si se está registrado como positivo PCR en los últimos 6 meses, el sistema de salud, siempre que funcione correctamente, directamente no cita al ciudadano. Si hace más de 6 meses, solo cita para esa primera dosis. Los sanitarios, en ocasiones, suelen preguntar antes de la inoculación de la dosis. Se puede dar la situación, relata Cuesta, de que la persona tuviese en su momento el positivo por PCR, antígenos o serológico por algún sistema privado, y no lo notificase a su médico de cabecera y por tanto no lo tenga reflejado en el historial. También que tuviese síntomas compatibles entre febrero y mayo de 2020, cuando no se hacían pruebas a personas que estaban leves por falta de material. En esas circunstancias, Cuesta aconseja detallar la situación al sanitario que le vaya a vacunar, y que se le valore.
¿En algún momento puede cambiar?
Esto se hace, recuerda Cámara, “en el contexto de una pandemia global. Si tuviésemos dosis y capacidades infinitas, como si alguien se quiere poner doce dosis”. Entonces, ¿si en septiembre aumentan aun más que ahora el suministro, podría levantarse esta norma? “Inmunológicamente seguiría sin tener mucho sentido. Creo que antes de eso, si de verdad nos sobran dosis –y no las usamos para donarlas a otros países, algo que sería por ahora necesario–, igual es más necesario reforzar con una tercera dosis a personas del grupo 7 inmunodeprimidas, las que tienen mucho riesgo [en el plan estaban priorizadas unas 365.000]. Quizá en septiembre es pronto, pero sí es posible que eso haga falta con relativa rapidez y será más urgente que poner una segunda dosis a una persona que ya ha pasado la enfermedad, o una primera antes de los 6 meses”.
Sobre la posibilidad contraria, que se amplíe el margen de 6 meses que hay para poner la dosis desde que se ha pasado la enfermedad, esta inmunóloga abunda que está establecido así “porque cuando se hicieron las publicaciones sobre duración de anticuerpos solo habían llegado hasta los 6 meses, por motivos de tiempo. Cada vez vemos que duran más, pero también vemos a gente con niveles bajos de anticuerpos. Así que, dejarlo en 6 meses, es ser precavidos”.