La comisiones de la verdad se crean después de conflictos violentos o dictaduras para comprender el alcance de los asesinatos, la represión, para escuchar a las víctimas y establecer qué pasó, como han hecho numerosos países en el mundo, entre ellos Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala, Uruguay o Colombia. España no ha llevado a cabo de momento ningún proceso parecido después de la guerra y el franquismo.
De hecho, el relator especial de la ONU sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación destacó en su informe de 2014 tras su visita a España que no había datos centralizados de víctimas ni iniciativas oficiales que recogieran datos que midieran el alcance de la guerra (con sus víctimas en ambos bandos) y la posterior represión. También se mostraba sorprendido porque “varios temas siguen subexplorados, como por ejemplo los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los derechos humanos”.
El relator Pablo de Greiff instaba a España a “conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo”. Para ello proponía, entre otras opciones, una comisión de la verdad.
Es justamente el mecanismo que ha anunciado Pedro Sánchez este martes desde Bolivia, aunque ha dado muy pocos detalles: que estarían “incorporadas todas las perspectivas históricas”, sería “lo más plural posible” y que permitirá “acordar una versión de país”.
Una comisión de la verdad es un instrumento costoso y muy regulado, que debería observar las pautas publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre los objetivos está cuantificar los daños de la guerra y la dictadura, las víctimas, represaliados, abusos económicos y cualquier violación de los derechos humanos. Su trabajo final es un informe de conclusiones en el que se relata qué pasó y, en algunos casos, se insta a reparar los daños. En otros casos solo relatan lo ocurrido, que parece ser lo que está en la mente de Sánchez, que ha dicho que permitirá “acordar una versión de país”, sin citar la posible reparación de los daños.
Aunque se hacen a medida, la ONU establece las pautas básicas de las comisiones de la verdad, que no son simples grupos de trabajo. Sus expertos deben ser lo más “neutrales” posible, profesionales reconocidos y “respetados” socialmente. Estos expertos escucharán los relatos de víctimas, testigos y actores (incluyendo represores) y trabajarán con “independencia operacional”. “Puede incluir a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como dirigentes religiosos, abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, expertos en violencia contra la mujer o los niños y profesionales de los derechos humanos”. Algunos países han incluido también perfiles internacionales.
Hasta 20.000 relatos de víctimas
La escucha de los testimonios tampoco es algo improvisado o simbólico: “Normalmente, una comisión de la verdad recibe entre 7.000 y 20.000 declaraciones de víctimas”, relatan las instrucciones del Alto Comisionado.
El organismo internacional alerta de que muchas veces estas iniciativas son atacadas, como pasó en la de Perú, donde hubo una poderosa campaña mediática en contra, porque “es probable que algunos sectores de la sociedad muy poderosos (o previamente poderosos) la consideren una amenaza. Por todos esos motivos, es importante que los componentes de una comisión de la verdad sean tan diversos como sea posible”, aconseja. Por el momento, el presidente español ha hablado de incorporar “todas las perspectivas históricas”.
Este grupos de expertos, apoyados en informes y otros expertos si hace falta, cuantifican los daños y las vulneraciones de derechos. En el caso español está casi todo por hacer porque faltan datos concretos incluso de personas enterradas en fosas: a día de hoy no hay un recuento oficial más allá de las 114.000 víctimas que cuantificó Baltasar Garzón en su instrucción del franquismo antes de ser apartado de la magistratura. Tampoco hay recuento de bebés robados, expolios económicos, fusilamientos en ambos bandos durante la guerra, personas en el exilio o datos concretos de represión.
Hasta 10 millones de euros de coste
Según el mandato de Naciones Unidas, cuando se establecen las comisiones se debe fijar el periodo a investigar (según ha avanzado Sánchez sería la guerra y la dictadura hasta 1975), cómo se va a trabajar, cuándo acabará la comisión, qué presupuesto tiene y quién la financia. Este organismo internacional calcula que no cuestan menos de 4 millones de euros, aunque destaca que, según su complejidad, pueden llegar a más de 10 millones. Recomienda que sean las instituciones las que financien toda o la mayor parte para asegurar su viabilidad. Sánchez de momento no ha dado detalles económicos.
En el caso español, el experto en justicia transicional Jordi Palou avisa de varios obstáculos: primero, el hecho de que haya que investigar dos momentos históricos (la guerra y la dictadura), y que hayan pasado más de 80 años del conflicto complica el trabajo: “Normalmente los países se centran en un proceso, no en dos, como en el caso de Chile o Argentina”.
Palou defiende que habría que llamar a víctimas de franquistas y de republicanos durante la guerra en esta comisión, ya que los fusilamientos o vulneraciones de ambos bandos durante el conflicto deben investigarse. En cuanto a la dictadura, habría que llamar a víctimas y represores. Palou, exdirector del Memorial Democràtic de Catalunya, advierte de que hacer mal una comisión de la verdad es peor que no hacerla: “Yo creo que esto es un brindis al sol, no me parece que haya nada ni pensado ni serio, y con las resistencias que hay en cada tema de memoria, lo veo difícil”, apunta. De hecho la ONU habla de “voluntad política” clara antes de poner este mecanismo en marcha.
Además de los abusos de derechos humanos por asesinatos, encarcelamientos o enterramientos sin dignidad, las comisiones tienen la posibilidad de investigar la corrupción y los abusos económicos de la dictadura. Según Palou, en el caso español este factor es fundamental: “La corrupción es una de las patas más importantes de la dictadura, y una de las lacras que se perpetúan. Habría que estudiar el alcance de la apropiación y la corrupción del franquismo”.
Para que funcione bien la comisión anunciada, además de cumplir con los requisitos básicos establecidos por la ONU y tener financiación, debe tener en cuenta que el paso del tiempo juega en contra si este anuncio se alarga o no encuentra el consenso. Como alertó hace cuatro años el relator de este organismo en su visita a España, “la compilación de testimonios orales de las víctimas y testigos directos es particularmente importante y urgente debido a la edad avanzada de estas personas y el riesgo de que sus voces y la invaluable información que puedan proporcionar se pierdan definitivamente”. De momento, el Gobierno no ha dado ninguna información sobre plazos.