La Iglesia no se opone a la salida de Franco del Valle de los Caídos, pero tampoco moverá ficha para evitar que el dictador sea enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena. Esta es la tesis que viene defendiendo desde el principio el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, y la que asumirá el Vaticano ante el Gobierno español si éste, finalmente, pregunta por la cuestión durante el encuentro que mantendrán el próximo lunes 29 en Roma la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
La reunión, que se celebra a petición del Ejecutivo español, está prevista para hablar de cuestiones bilaterales y es común después de un cambio de Gobierno, señalan fuentes eclesiales a este diario. No obstante, añaden, si Calvo aborda el tema, desde la Santa Sede se le escuchará como es preceptivo, y se le recordará la postura que en su día ya dejó clara el cardenal Osoro.
En primer lugar, el cumplimiento de la ley porque el Gobierno dio a la familia la opción de elegir el enterramiento del dictador. En segundo término, el deseo de que familia y Gobierno alcancen un acuerdo que de momento parece difícil. Y, en último lugar, que la Iglesia no va impedir que Franco reciba sepultura en un cementerio (la cripta cumple esta misión) donde la familia ya cuenta con una tumba que compró en 1987 por 150.000 euros. En ella ya están enterrados dos de sus familiares, su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde, y la Iglesia, aunque preferiría que el cadáver de Franco no estuviera allí, ha mostrado en varias ocasiones que su postura es que no puede hacer nada siendo un bautizado, aunque el cuerpo sea del dictador: “Los muertos no tienen carné político”, zanjan.
Los interlocutores son Osoro y Blázquez
Fuentes vaticanas ven bastante improbable que la vicepresidenta saque el tema a colación -otros temas, como las inmatriculaciones, la clase de Religión, los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos o los 40 años del Concordato de 1979 son más urgentes-, puesto que entienden que la Santa Sede, como Estado soberano, no puede interferir en problemas de otro Estado. La propia Calvo rebajó las expectativas hace unos días.
En todo caso, los interlocutores con el Gobierno para este tema son el cardenal Osoro o, en su defecto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, con quienes el Ejecutivo ya negoció, con éxito, la salida de Franco del Valle de los Caídos. Ahora parece que no hay mucho que negociar.
El prior no ha hecho alegaciones
Este lunes han concluido las alegaciones al decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el Congreso y la Iglesia no ha sido parte en las mismas, pese a que algunas fuentes daban por hecho que el prior del Valle, Santiago Cantera, presentaría oposición. Lo intentó al inicio del proceso, pero el arzobispado de Madrid y su propia congregación le convencieron para que no pusiera trabas a la salida de Franco. Lo que sí ha hecho la abadía ha sido denunciar y quejarse de la visita llevada a cabo, a comienzos de mes, por responsables de Justicia, Presidencia y Patrimonio “sin ningún tipo de conocimiento , advertencia previa ni preceptiva autorización por parte de su Rector, contrariamente a lo que ha venido sucediendo a lo largo de sus sesenta años de historia”.
La Iglesia ya ha asentado su postura, que no contempla ninguna medida excepcional que suponga contravenir los deseos y derechos de la familia, pero la inhumación de Franco en La Almudena preocupa, porque temen que el templo se convierta en un mausoleo del dictador y lugar de peregrinación franquista. También preocupa que la imagen de la iglesia siga asociada al régimen, con el que colaboró estrechamente durante la dictadura.
Según fuentes eclesiales, el arzobispado de Madrid transmitió al Ejecutivo su temor y su deseo de no albergar a Franco antes de que se convalidara el decreto que permite la exhumación del Valle de los Caídos. Según las mismas fuentes, la Iglesia advirtió de que la familia tenía una tumba en la cripta (la hija de Franco fue enterrada allí en diciembre pasado) y recomendaron al Gobierno llegar a un acuerdo con la familia para conseguir que el dictador fuera enterrado, junto a su esposa, en Mingorrubio (El Pardo) y no en la catedral de Madrid. Fuentes del Gobierno han negado que fueran alertados por la Iglesia de la existencia de esas tumbas en la catedral donde, parece casi inevitable, va a acabar el cuerpo del dictador.